Política

"Volver mujeres"

Un furcio necesario: Reconstruir la Argentina con perspectiva de género

"Volvimos para ser mujeres" un furcio presidencial o una guía urgente para reconstruir la Patria

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“Volvimos y vamos a ser mujeres” fueron las palabras finales del discurso de Alberto Fernández aquel 10 de diciembre de 2019 en el que asumió la presidencia; si bien la frase que buscaba era “vamos a ser mejores”, todo indica que para serlo, hay que tomar como guía aquel furcio que estalló en aplausos.
La desigualdad de género no compone un dato más entre las tantas cifras críticas de 4 años de políticas neoliberales de ajuste y una crisis sanitaria sin precedentes, las millones de desocupadas, de endeudadas, de precarizadas y marginadas, son las principales víctimas de una economía de la violencia y la naturalización de la crueldad.
Relevamientos internacionales y nacionales, incluyendo los del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, afirman que las mujeres trabajadoras argentinas ganan entre un 20% y un 28% menos que sus pares hombres por el mismo e incluso mayor trabajo.
Además de sueldos más bajos, las trabajadoras enfrentan las peores condiciones laborales; dentro del amplio espectro de trabajo no registrado, difícil de medir pero cada día más extenso, las mujeres, sobre todo las que se encuentran en los extremos de la franja etaria de la población económicamente activa, es decir, las mujeres de entre 16 a 24 años y las de más de 60 años; son mayoría, llegando en el primer caso al 62,1% y en el segundo a 48,3%, según los datos del tercer trimestre del 2020 difundidos por el Boletín de estadísticas laborales según sexo, del Ministerio de Trabajo. El crecimiento del empleo no registrado no solo supone de por sí un avance sobre los derechos laborales de las mujeres y una precarización a gran escala, sino una amenaza para su salud, ya que en contexto de pandemia, los empleos no registrados son los más difíciles de controlar al momento de hablar de protocolos y medidas de cuidado, porque justamente el Estado no media esa relación legalmente.
Si tenemos en cuenta que el 54,6% de las mujeres en actividad son Jefas de hogar; los datos recrudecen, puesto que la desigualdad no solo recae sobre las mujeres trabajadoras, sino directamente sobre millones de familias que dependen de ellas. A este análisis hay que sumarle un dato no difundido oficialmente pero presente en la cotidianidad que es la gran cantidad de mujeres que se hacen cargo de los hijos con una cuota alimentaria mínima o nula por parte de los padres varones. Los abandonos por parte de los padres, han sido naturalizados culturalmente, pero esta desigualdad en las responsabilidades de cuidado no solo hace que las mujeres inviertan mucho mas tiempo en tareas no remuneradas como apoyo escolar, quehaceres domésticos, y cuidado de la salud integral de las y los niños, niñas y adolescentes; sino que como la desigualdad de género es terriblemente profunda en el ámbito laboral, las y los niños también salen perjudicados, ya que como son las mujeres trabajadoras quienes se hacen cargo de ellas y ellos, los números de menores en situación de pobreza están también conectados a esa brecha de derechos entre géneros, lo cual deriva en que según el último informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) 6 de cada 10 niños y niñas argentinas, son pobres; muchos y muchas de ellas porque son mantenidos por mujeres que también lo son.
En relación a la desigualdad de género en tareas de cuidado, es necesario remarcar que son miles los estudios que apuntan a que en todo el mundo más del 90% de las mujeres realizan tareas de cuidado y no solo eso sino que asumen alrededor del 80% de estas; Argentina, por supuesto, no es la excepción, y refleja cifras muy similares. En agosto del año pasado el Ministerio de Economía elaboró una  medición del aporte del Trabajo Doméstico y de Cuidados no Remunerado (TDCNR) al Producto Bruto Interno (PBI), los resultados visibilizan una realidad injusta y naturalizada incluso por el Estado, las tareas domésticas y de cuidado no remuneradas representan el 15,9% del PIB, por tanto es el sector de mayor aporte a la economía del país, muy por arriba incluso de la industria (13,2%) y el comercio (13,0%). El aporte total de esta actividad silenciada que se realiza en todos los hogares, llega a los $4.001.047 millones de pesos.
Aunque el informe no fue difundido con la misma masividad que la mayoría de los documentos realizados por el Ministerio de Economía, a través de éste el Estado no sólo midió el enorme aporte que dan a la economía las tareas de cuidado y trabajo doméstico, sino que también reconoció que estos trabajos no son remunerados y sobre todo, que son terrible e injustamente desiguales.
“ La diferencia en la distribución de tareas no remuneradas es mayor entre quienes son más jóvenes (de 18 a 29 años) y menor entre las personas de 60 años y más. A su vez, la presencia de niños y niñas en el hogar amplía la brecha en la distribución del trabajo no remunerado: las mujeres sin niños/as menores de 6 años a cargo realizan el 72,7% de las TDCNR, mientras que quienes tienen dos o más se hacen cargo del 77,8% de ellas. Las mujeres dedican más horas al trabajo doméstico incluso cuando se compara una que trabaja (fuera del hogar y de manera paga) en una jornada completa con un varón que se encuentra desempleado (5,9 horas y 3,2 horas diarias respectivamente). En todos los casos y en todas sus dimensiones, la distribución del TDCNR es marcadamente desigual en términos de género.” remarca el informe realizado por Mercedes D’Alessandro, Victoria O’Donnell, Sol Prieto, Florencia Tundis y Carolina Zanino.

 

La desigualdad de género, es estructural porque no solo ocurre en el ámbito laboral y del hogar, sino en todos y cada uno de los aspectos de la vida pública y privada de las mujeres; la violencia que ejercen individualmente compañeros de trabajo y de convivencia, patrones y jefes de empresa, novios, hermanos y padres, amigos, desconocidos y transeúntes; es avalada por acción u omisión de las instituciones estatales, desde la Escuela hasta el Juzgado, pasando por la Policía, el Hospital, los Ministerios, las Municipalidades y el Congreso; más allá del gobierno de turno, la desigualdad es sistemática e histórica, por ello desde el feminismo se insiste en nombrarla como patriarcado, para que nadie olvide que los hechos de violencia contra las mujeres y disidencias no son aislados, sino que son parte del mismo problema.
Por todo esto que el Estado reconozca la desigualdad aunque sea en un informe poco difundido, es un avance histórico, y marca un rumbo político, que en el Frente de Todos se cristaliza sobre todo en la creación del Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género, y Diversidad Sexual y en la sanción de las Leyes de Interrupción Voluntaria del Embarazo y el Plan de los 1000 días. No obstante, aunque se amplíen derechos administrativamente y se creen espacios para el planeamiento de políticas públicas orientadas a solucionar algunos de los aspectos de la violencia de género; para poder llevar adelante concretamente una transformación de la realidad de las millones de mujeres y niñas argentinas, es preciso que la perspectiva de género sea también una perspectiva sobre el trabajo y la producción.
Para poder reconstruir la Argentina, tal como pregonan propagandas oficiales y discursos de funcionarios y funcionarias de todos los escalafones del Estado, luego de 4 años de neoliberalismo encabezado por la alianza Cambiemos, que bastaron para romper el récord mundial de deuda externa y dejar en la miseria a la mitad de la población; y una pandemia mundial que ya se ha cobrado 69.853 vidas y millones de puestos de trabajo; es necesario empezar por reconocer la actividad que más aporta al Producto Bruto Interno y que, no casualmente, es realizada por la población más afectada por la pobreza, el desempleo, la precarización y el hambre: las mujeres. Entender que las tareas domésticas y de cuidado son trabajo implica que el siguiente paso necesariamente tiene que ser regularlas, otorgar derechos a quienes las realizan y sobre todo buscar la forma de retribuirlas.
Solamente empezando por reconocer y remunerar el trabajo doméstico y de cuidado, se estaría alcanzando, en números del Ministerio de Economía, a más del 75% de las mujeres del país, sobre todo a aquellas que trabajan informalmente, que son sobre o sub ocupadas y que menos ingresos perciben.
Teniendo garantizado un ingreso por su trabajo hasta ahora no remunerado, las mujeres no solo seguirían aportando al PBI, y harían girar la rueda de consumo; sino que además tener más posibilidades económicas haría que muchas puedan salir de situaciones de violencia de género. Los medios para realizar denuncias o pedir ayuda al Estado, más allá de que esta luego sea efectiva o no, son inaccesibles para muchas mujeres, sobre todo en contexto de pandemia; ya que al ser las más perjudicadas por la pobreza, muchas de ellas no tienen un teléfono, crédito, datos móviles, wifi, o  una computadora para poder realizar denuncias a distancia o solicitar asistencia a distancia, y muchas veces tampoco tienen los medios para poder trasladarse a hacerlo o para directamente escapar de las situaciones que amenazan su integridad, y cada 23 horas en nuestro país, su vida.
Si el Estado comienza a intervenir activamente con políticas de trabajo y producción con perspectiva de género, entendiendo que las mujeres necesitan masiva y urgentemente trabajos dignos, con derechos garantizados y sin desigualdades; la economía entera se reactivará con ellas y teniendo llegada a cada una de las mujeres del país será mucho más fácil planificar políticas públicas de prevención y erradicación de la violencia de género que se adapten a las diversas realidades y recursos de las afectadas. El trabajo es un gran ordenador de la economía, pero sobre todo de la igualdad; para pensar una Argentina con perspectiva de género hace falta pensar en mujeres trabajadoras con sus derechos garantizados. Para reconstruir la Argentina hace falta que el Estado se disponga a “ser mujeres”, a pensar con ellas y desde ellas nuevas formas de distribuir los recursos de nuestra Patria, en pos de la igualdad de género y de la justicia social.