El Jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, afirmó esta mañana que “se pretende generar polémica donde no la hay”, al responder a una pregunta sobre la integración de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, tras el fallecimiento del ministro Enrique Petracchi y del anuncio de retiro del juez Eugenio Zaffaroni cuando cumpla los 75 años.

En la habitual conferencia de prensa matutina, en la Casa de Gobierno, recordó la exposición que brindó ayer a los periodistas, en la que señaló la vigencia de la Ley Nro 26183 sancionada en el año 2006, que “establece claramente la integración de miembros de la Corte, en un proceso secuencial, de 7 a 5”.

Además establece los mecanismos para la conformación de mayoría (Art. 3) que con 7 miembros se conforma con 4,  hasta la conformación de 5 miembros, que es la conformación prevista en la sanción original de la Ley 26183, dijo.

Además, agregó, el presidente Néstor Kirchner firmó el Decreto Nro. 222 estableciendo las autolimitaciones conferidas por la Constitución Nacional, que establece las atribuciones del Presidente, quién podía proponer la designación de miembros de la Corte.

Capitanich destacó también que existe una ratificación de la política para garantizar la independencia del Poder Judicial y es la provisión de recursos y, en tal sentido, advirtió que los recursos brindados son los más altos de los últimos 30 años de democracia.

“De $882 millones se pasa a $12019 millones, el mayor nivel de participación monetaria del Presupuesto del Poder Judicial en la historia democrática. Eso es reivindicar la plena autonomía del Poder Judicial”, subrayó.

Capitanich dijo que se advierte que “se pretende generar polémica donde no la hay” y dijo que ayer él explicó la vigencia de la ley, mientras que el secretario de Justicia, Julián Álvarez “hizo una mención adicional” de cómo corresponde el proceso de formación y sanción de leyes. “No hay ninguna polémica”,completó  Capitanich.

Puso de relieve que el Decreto 222 del 2003 «generó las condiciones para que los jueces del máximo tribunal de la República Argentina puedan tener un proceso de integración sobre la base de concursos de antecedentes y oposición, un sistema de publicación de sus respectivos antecedentes, los mecanismos de impugnación, la audiencia pública que se propicia en el ámbito del Senado de la Nación para lograr la aprobación de dos tercios correspondientes en el cuerpo colegiado».

Expresó que es necesario remarcar que dicho Decreto además de la autolimitación, «establece la procedencia, que tiene que ver con una combinación de género, especialidad o materia y también procedencia geográfica. Por eso nos pareció una avanzada extraordinaria para lograr calidad institucional», dijo.

El Jefe de Gabinete también señaló que «nunca se dice o se reivindica como política pública del gobierno, lo que significan las políticas activas precisas y fácticas. Por ejemplo, primero el mayor nivel de presupuesto; segundo, la reducción en el número de miembros de la Corte a 5, que fue elogiado por distintos analistas, periodistas y todo el arco opositor; tercero, los mecanismos de selección. En la República Argentina nadie tuvo la iniciativa de propiciar la autolimitación de inciso 4° del artículo 99, Néstor Kirchner la tuvo, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner  ha continuado con esta política. Por eso creo que todo el tiempo tratan de minimizar procesos de transformación estructural en materia de calidad institucional y todo el tiempo pretenden generar contradicciones donde no las hay».

Asimismo dijo que la Corte «no debe estar a favor ni en contra del gobierno, debe propiciar la sanción correspondiente de sus fallos conforme estrictamente a derecho».

«Por lo tanto -agregó- valoramos la independencia del Poder Judicial, valoramos este procedimiento de selección, valoramos la autonomía en las decisiones, pero también advertimos que los desafíos tienen que ser siempre por más justicia, más acceso a la justicia, más garantías efectivamente para todos los ciudadanos y obviamente que el acceso y la transparencia de los fallos no implique la contaminación de las acciones corporativas que pretenden desdibujar lo que significa la plena independencia de los poderes, que debe garantizar accesibilidad y la aplicación justa del derecho para todos los habitantes, que somos iguales ante la ley tal cual lo prescribe la Constitución Nacional».