Dieciséis establecimientos educacionales de la provincia de Jujuy fueron tomados por parte de la Asociación de Educadores Provinciales (Adep) y la Intersindical de Trabajadores del Estado (ITE), durante las últimas horas.

La medida de fuerza fue adoptada en el marco de un conflicto que el sector sostiene con la provincia por la definición de las paritarias y que ha hecho perder 13 días de clases a los alumnos de escuelas públicas, al igual que sucede en otras jurisdicciones

A raíz de la toma, el Gobierno de la Provincia formuló las correspondientes denuncias formales en la Fiscalía de Investigaciones Nº 3, a cargo de Aldo Lozano, contituyéndose como querellante, según informaron fuentes cercanas al diario El Pregón de Jujuy.

Además, el Estado provincial promovió una acción de amparo y una medida cautelar en contra de ADEP, a los efectos de propiciar una resolución ágil al conflicto que impide el inicio de clases en el nivel primario.

Por otra parte, la Policía de la Provincia diagramó un esquema de recorridos preventivos, con el propósito de evitar que más edificios públicos sean tomados y, al mismo tiempo, normalizar la situación de aquellos que ya fueron afectados por dichas medidas de fuerza.

La presencia policial también se extiende a colegios privados, ya que durante la jornada de ayer, mientras se dictaba clases con normalidad, fueron objeto de amenazas, debiendo estos suspender la actividad hasta el jueves.

Antecedentes

Cabe recordar, que ante situaciones similares se tomaron estas medidas en los años 2010 y 2011. “Si existen situaciones de delito, estas son resorte de la Justicia en lo Penal y, por tanto, los fiscales de la Justicia del Crimen tienen todas las herramientas jurídicas y legales para proceder al efecto”, argumentó el procurador de la Provincia, Gustavo Toro.

 Además, el funcionario garantizó que no se movilizará a la fuerza policial en contra de los trabajadores y puntualizó que será tarea de los Fiscales de la Justicia Penal “dar la respuesta al respecto”.