Internacionales

Editorial. Traducción de Ana Vallorani

Guatemala: Justicia interrumpida

Asegurar la justicia para las víctimas de la brutal guerra civil en Guatemala que duró desde 1960 hasta 1996 siempre iba a ser una tarea difícil. Pero el fallo del máximo tribunal del país el lunes que revocó la condena por genocidio al ex dictador, general Efraín Ríos Montt, es un grave retroceso en los esfuerzos para exigir la rendición de cuentas de esos años terribles y llevar al país hacia la reconciliación.

 

El general Ríos Montt, de 86 años, fue encontrado culpable el 10 de mayo de supervisar los homicidios cometidos por las fuerzas armadas de al menos 1.771 miembros de la población indígena Maya Ixil durante su gobierno en 1982 y 1983. El tribunal escuchó relatos desgarradores de los sobrevivientes de la política de quema de tierras del Ejército en las tierras altas mayas. El General Ríos Montt fue condenado a 80 años de prisión. El lunes, la Corte Constitucional ordenó que todos los procedimientos judiciales a llevados a cabo a partir del 19 de abril no sean tenidos en cuenta, porque una decisión procesal de un juez del tribunal de primera instancia fue desatendida generando desorden en el caso.

 

Ahora el futuro de la causa se encuentra en duda. El martes, los abogados de ambas partes dijeron que todo el juicio podría tener que repetirse. El sistema judicial de Guatemala es conocido por las apelaciones excesivas que pueden prolongar el proceso indefinidamente. Los abogados del general Ríos Montt ya han presentado muchas apelaciones. Algunos expertos temen que el Tribunal Constitucional finalice el caso por un tecnicismo en vez de permitir que se llegue a la conclusión justa y decisiva que se merece.

 

 

Incluso si el caso sigue adelante, hay obstáculos. Algunos testigos han sido amenazados y necesitan ser protegidos para que puedan testificar de nuevo. Cualquier nuevo juicio puede ser manejado por otro magistrado que no tenga la reputación de dureza e integridad como la jueza que pronunció la condena. Luego está la influencia del presidente Otto Pérez Molina y la poderosa federación empresarial. Ambos han dejado en claro su oposición al veredicto de genocidio.

 

Durante 30 años, las víctimas trataron de llevar al General Ríos Montt ante la justicia. Su juicio ha sido visto como un punto de inflexión tanto para Guatemala como para la búsqueda internacional de enfrentar los abusos de los derechos humanos. Los Estados Unidos, que apoyaron al general y a su régimen durante la guerra y se disculparon por esto en 1999, proporcionan ayuda al sistema de justicia. Deberían instar a que el caso prosiga mediante un proceso independiente. Sería una farsa si un proceso judicial manipulado incorrectamente le fuera a negar la justicia a las víctimas ahora.

 

Fuente: The New York Times, EE.UU.