La ley fue aprobada por la abrumadora mayoría que tiene el gobernante partido conservador Fidesz del primer ministro, Viktor Orbán (250 votos a favor, 58 en contra y 43 abstenciones).

Ya al anunciar previamente el plan, el Gobierno explicó que destinará parte de la citada suma para reducir el déficit presupuestario y la deuda pública, ante una situación que el ministro de Economía, György Matolcsy, calificó de insostenible.

Lajos Kósa, vicepresidente del Fidesz, aseguró este lunes que sin esta ley “no se podría frenar el endeudamiento de Hungría”.

Los húngaros pagan un 10 por ciento de su salario bruto como contribución a las cajas de pensiones privadas, mientras que los empleadores aportan otro 24 por ciento.

Con la nueva ley, los ciudadanos que decidan quedarse en el sistema privado perderán el aporte estatal de su futura pensión, lo que equivale al 70 por ciento del total, ya que renuncian al 24 por ciento pagado por el empleador.

Todos los ciudadanos afectados tendrán que declarar hasta finales de enero si quieren quedarse en el sistema privado y todos los que no lo hagan pasarán automáticamente al estatal.

Hungría es uno de los países más afectados por la crisis económica, con una deuda externa de casi el 80 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB), si bien el déficit público de este año tan sólo será previsiblemente del 3,8 por ciento.