Antes de fin de año podría iniciar el juicio oral contra la banda de personas que se encontrarían involucradas en el secuestro y desaparición de Marita Verón, en 2002. 

Entre hoy y el 7 de noviembre el juez federal, Fernando Poviña, llamará a indagatoria a un total de 23 acusados por lavado de activos y asociación ilícita involucrados en el secuestro y desaparición de María de los Ángeles (Marita) Verón, en 2002.

En declaraciones a Punto Jus, el fiscal a cargo de la PROCELAC, Carlos Gonella, explicó que la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos avanzó con las investigaciones que complicarían más aún la situación ante la Justicia de los hermanos Ángel y Rubén Alé, sospechados de lavado de activos, tráfico de drogas, falsificación, estafa, defraudación patrimonial.

En este contexto, Gonella destacó que a los hermanos Alé y a otras personas se los imputa por los delitos de «asociación ilícita y concretos actos de administración patrimonial de bienes que nosotros imputamos a título de lavados de activos».

El funcionario indicó que «se considera que esos activos fueron obtenidos con dinero proveniente de fuentes ilícitas como, entre otros, explotación sexual de personas, además de cometer distintos delitos contra la administración».

De acuerdo a la investigación, los principales jefes y organizadores de la asociación ilícita serían los hermanos Alé junto con María Jesús Rivero, mientras que estarían implicados también los hermanos José y Gonzalo Gómez, quienes regenteaban un prostíbulo por donde habría pasado Verón.

Sin embargo, “sospechamos que algunos serían testaferros, pues serían titulares de bienes adquiridos con fondos provenientes de estas actividades ilícitas», agregó el fiscal ante Punto Jus.

Según anticipó, se tras la indagatoria a estos 23 sospechosos, “se pasaría al procesamiento y estarían dadas las condiciones para que antes de fin de año se llegue al juicio oral” contra la banda de personas que se encontrarían involucradas en el caso el Verón.

Más pruebas

Vale recordar que esta ruta del delito comienza a seguirse a partir de una denuncia que llega a la Unidad de Información Financiera para que se investigue a los hermanos Alé, sumado a esto el reporte de operaciones sospechosas denunciadas por un banco y una concesionaria.

Así, se dio paso a la intervención a la PROCELAC, dependiente del Ministerio Público Fiscal de la Nación, que avanzó en profundidad con la investigación y llevó adelante cantidad de allanamientos.

Desde la fiscalía explicaron que en los allanamientos a 15 negocios y viviendas relacionados con el empresario, apodado «La Chancha», quien fuera involucrado por testigos en el juicio oral por la desaparición hace una década de la joven tucumana, se recolectó información decisiva para el procedimiento judicial.

En otro de los allanamientos realizados fue a la remisería Cinco Estrellas –que presuntamente se encargaba del traslado de las chicas secuestradas- se encontró un arma y «una carpeta con una carta de una chica que habría sido víctima de explotación sexual que estaba dirigida a su madre». 

En este sentido, se destacó el secuestro de importantes sumas de dinero, rodados, camiones y un arsenal de armas: 60 armas de diversos calibres, pistolas escopetas, armas de guerra pesadas, miles de municiones.

Con esta cantidad de pruebas e información recolectada a partir de los allanamientos, desde la PROCELAC aseguran que se estaría en las puertas del juicio oral para los sospechosos.