La Cámara Federal de Comodoro Rivadavia dispuso ayer la reapertura de las “Casitas” de tolerancia de Río Gallegos, que fueron allanadas y clausuradas el 6 de junio de 2009.

Según denunció la Alameda, más de 80 amparos presentaron los proxenetas respaldados por buena parte del arco político local que a su vez estudian variantes reglamentarias para disimular la infamia de la trata y el proxenetismo bajo el inocente disfraz de wiskería o cabaret clase “c”.

Hace dos años la jueza Federal Ana Álvarez allanó y clausuró a los 29 prostíbulos de Río Gallegos, ubicados en el llamado barrio de las “Casitas de tolerancia”.

Allí estaban sometidas a la servidumbre sexual más de 200 mujeres provenientes del norte del país, de países limítrofes e incluso de República Dominicana que eran captadas mediante promesas y engaños aprovechando su situación de extrema vulnerabilidad.

Las llamadas “casitas” eran consideradas por la totalidad de las ONGs que luchan contra la trata como uno de los lugares más pesados de tratantes y proxenetas, casi una estación terminal adónde iban a parar las víctimas antes de ser vendidas al exterior o desaparecer sin dejar rastros. Mucho antes de su clausura, fueron rescatadas victimas de trata en diversos operativos judiciales sobre prostíbulos de esa zona.

Una investigación con cámaras ocultas de la Alameda en abril del 2009 puso al descubierto todo lo que ya se sospechaba. Trata, tráfico, servidumbre y complicidad política y policial. Esa investigación y denuncia fue la que precipitó la clausura. Otra investigación en el mismo año con cámaras ocultas de un programa de Facundo Pastor por América TV mostraba cómo actuaban los reclutadores de Río Gallegos en la Villa 31 y dejaba al descubierto las conexiones de estos con la policía y los servicios de inteligencia locales. Cuando se realizó el allanamiento, fue escandaloso y evidente como dentro de las mismas fuerzas de seguridad que participaban del operativo judicial se les anticipó muchas horas antes a los proxenetas a fin de que pudieran huir con las victimas y las evidencias del lugar. No obstante, la jueza Álvarez clausuró las “casitas”, persiguió a los proxenetas y tratantes, realizó allanamientos en otros domicilios y siguió rescatando victimas en Río Gallegos y en otras localidades de Santa Cruz.

Ajustada a derecho, la jueza Álvarez mantuvo la clausura de las casitas, porque si bien los proxenetas y la policía “cómplice” habían hecho desaparecer gran parte de las evidencias, estaba probado el proxenetismo y la explotación sexual por cuenta ajena, algo prohibido por nuestras leyes y las convenciones internacionales a las que la Argentina adhirió.

En este sentido alertan que “desde entonces la presión de los proxenetas sobre la justicia y los políticos locales fue incesante, al punto que varias veces en el concejo deliberante estudiaron fórmulas para reabrir esos antros con el cuento de que serían inocentes wiskerías. Mientras tanto, los líderes de las bandas proxenetas como los Flores, Blanca Moyano, Oscar Mazzochi, el “araña” Guerrero y otros personajes claves en estas redes mafiosas caminan libres por las calles con absoluta impunidad”.