La justicia federal de Mendoza investiga denuncias sobre trato inhumano en deplorables condiciones laborales y la posible comisión del delito de «trata de personas», tras distintas inspecciones realizadas días atrás por la Subsecretaría de Trabajo mendocina en fincas agrícolas.
Los operativos de control hechos por inspectores del Ministerio de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos se realizaron la semana pasada en empresas de Guaymallén, Tunuyán y San Carlos, donde se detectaron once menores entre 7 y 14 años realizando trabajo de adultos y también a obreros rurales de países limítrofes y del norte argentino trabajando «en negro» y en deplorables condiciones de trabajo y paga.
Las denuncias que se presentaron ante la justicia federal por el presunto delito de trata de personas estuvieron dirigidas sobre empresas agrícolas que alquilaron terrenos del Ejército en la periferia de las ciudades de Tunuyán y San Carlos, unos 100 kilómetros al sur de la capital provincial.
Las denuncias involucran al contratista Jorge Biscontín que vende las hortalizas cosechadas por los obreros rurales a la empresa «Bachiocchi Hnos. SRL» y a la firma «Gispe», propiedad de José Spitalieri también presidente de la Asociación de Empresarios de Ajo en Mendoza, según constató el fiscal de la justicia provincial en la zona, Fernando Álvarez.
Al pasar las denuncias del área provincial al de la justicia federal, el abogado Pablo Salinas, que integra el grupo de querellantes por delitos de lesa humanidad durante la última dictadura en Mendoza, manifestó que «la justicia federal en Mendoza está investigando también las denuncias presentadas por el Ministerio de Gobierno local y de allí podrían comprobarse delitos penales por trata de personas».
«Esas denuncias no están paralizadas porque el juez federal Walter Bento con los fiscales Dante Vega y Alejandra Obregón avanzan en las investigaciones», aseguró el abogado del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos.
También reseñó que «la primera denuncia sobre este tema en Mendoza lo hizo la Fundación Alameda» con su patrocinio y del abogado Rodolfo Yanzón, «con filmaciones en fincas locales sobre trabajo infantil y posible trata de personas, a las que siguieron las denuncias e inspecciones del gobierno local y del dirigente defensor de Derechos Humanos en Tunuyán, Ricardo Nasiff».
