Una mujer quiso retirar la denuncia presentada por el maltrato y amenazas que recibía de su esposo, pero un fiscal de La Plata se lo impidió por considerar que eso iría en contra de normas constitucionales que sancionan hechos de violencia contra la mujer.

La resolución la adoptó el fiscal platense Alvaro Garganta al expedirse sobre el pedido de una mujer que hace un año y medio había denunciado que su pareja rompió una botella y se la colocó en el cuello mientras amenazaba con matarla.

En esa oportunidad, el hombre fue demorado e indagado pero en los últimos días la mujer se presentó ante el fiscal y quiso retirar la denuncia y pedir que la causa pase a mediación penal, ya que la relación con el agresor había mejorado.

Garganta rechazó el pase a mediación ya que, según afirmó en su resolución, si bien «el caso se encuentra contemplado en el Régimen de resolución alternativa de conflictos penales previsto en la ley 13.433 y por tratarse de un problema de convivencia», derivarlo a mediación vulneraría normas constitucionales.

«La aplicación de un criterio de oportunidad como el propuesto (en alusión al pedido de pase a mediación) colisiona con el compromiso asumido por el Estado Argentino de prevenir, investigar y sancionar hechos de violencia contra la mujer, por lo que existe un impedimento de naturaleza constitucional para aplicar la ley 13.433 al presente caso», sostuvo Garganta.

Para el fiscal, se estaría violando la Convención de Belén Do Pará, que prevé que cada Estado debe adoptar medidas para evitar agresiones contra la mujer, conminar al agresor y garantizarle a la víctima el acceso a un juicio oportuno al acusado.