El ministro de Economía indicó que la intención es esperar al 31 de diciembre porque ese día caerá la cláusula RUFO y desde el 1 de enero se iniciará una nueva negociación.

Kicillof consideró que «a finales de año, cuando desaparezcan los instrumentos que los fondos buitreshan utilizado para la extorsión, habrá mejores posibilidades para dialogar» con ellos.

El titular del Palacio de Hacienda señaló en ese sentido que los acreedores rebeldes optaron por quedar fuera de la reestructuración de la deuda impulsada por el Gobierno kirchnerista en 2005 y 2010. 

«RUFO» es la sigla de «Rights Upon Future Offers» o, en castellano, la cláusula incluida en los contratos de reestructuración de la deuda soberana que le otorga derechos a reclamar a quienes aceptaron los canjes si el país efectúa una oferta mejor a otros acreedores con papeles en default.

Esa cláusula se incluyó en los canjes de deuda de 2005 y 2010 para captar mayor adhesión y, en los hechos, prohíbe pagarles más a los de nominados fondos buitre o holdouts, por lo que crea una igualdad de condiciones para aquellos que entraron o no a los canjes. 

Por lo tanto, si se negocia con los fondos buitre antes del 31 de diciembre, fecha en que vence esa cláusula, y se les ofrece un monto mayor que a los bonistas reestructurados, estos últimos podrían demandar y exigir un pago igualitario. 

«El default más grande de nuestra historia fue causado por el neoliberalismo. Y lo arreglamos muy bien. Pero ahí apareció el pequeño grupo de abogados, más que de financistas, y un juez que se hizo eco de esto», se quejó Kicillof. 

Asimismo destacó que «muchos gobiernos, entre ellos México, acompañaron la posición argentina y mostraron buena disposición frente a un problema que no quisieran ver reflejado en el espejo de su porvenir».

En este marco, Kicillof confirmó así que el Gobierno intentará desde enero volver a la mesa de negociaciones con los fondos especulativos NML Capital y Aurelius Capital Magnament, que ganaron un juicio en los tribunales de Nueva York y reclaman el pago al contado de unos 1.600 millones de dólares.