Hace 35 años atrás Raúl Alfonsín pronunciaba una frase que quedó guardada en la memoria colectiva de nuestro país: “La casa está en orden”. Lo dijo para desmovilizar a una porción de pueblo que había llegado hasta la Plaza de Mayo en repudio al alzamiento carapintada que protagonizaba Aldo Rico en el cuartel del ejército en Campo de Mayo.

“La casa está en orden y no hay sangre en la Argentina. Le pido al pueblo que ha ingresado a la Plaza de Mayo que vuelva a sus casas a besar a sus hijos y a celebrar las Pascuas en paz en la Argentina” dijo Raúl Alfonsín aquel 16 de abril de 1987.

El 4 de junio de ese mismo año, se sancionaba la ley de “Obediencia Debida” que se aseguraría la impunidad de miles de torturadores y asesinos que había participado del genocidio de la última dictadura militar. Fue el costo del orden en la filosofía alfonsinista.

La joven democracia se seguía cimentando de la vocación desmovilizadora de las fuerzas populares y, peor aún, consideraba ordenada la casa en la que reinaba la impunidad. Una democracia muchísimo más adulta, sigue teniendo en nuestros días los mismos límites que otrora forjaron un tiempo de profundas tragedias sociales.

Inflación y después

No terminan de rebotar las esquirlas de la explosión que significó registrar el índice de inflación mensual más alto en dos décadas, que el Gobierno Nacional comenzó a transitar el período de descuento hasta la próxima visita del FMI en la que deberá seguir ajustando la economía nacional en decisiones que habrán de seguir abonando la escalada inflacionaria.

Sin ir más lejos, no habían pasado 24 horas de conocida la inflación récord de 6,7% en el mes de marzo que el Banco Central de la República Argentina volvió a aumentar las tasas de interés. En realidad, el aumento de tasas para “proteger a los inversores ante la inflación” es un compromiso que el Gobierno Nacional asumió con el FMI, sin embargo, tendrá consecuencias directas en mayores costos a los sectores productivos.

El ingeniero Enrique Martínez lo traduce en forma sintética “Aumentar la tasa de interés, con la lógica de frenar al dólar en el mercado financiero, fija un piso de inflación porque toda la actividad pyme se financia a esa tasa y aumenta la concentración porque las corporaciones se financian afuera y luego presionan al dólar para cancelar.”

Al mismo tiempo en que se aumentaba la tasa de interés, el ministro de Economía Martín Guzmán acelera los tiempos para convocar a las audiencias públicas que permitan aumentar las tarifas de luz y gas, con el objetivo de presentárselas a los burócratas del FMI que cogobiernan a la distancia la economía argentina y llegarán al país la primera semana de mayo.

Con absoluta claridad, el ex ministro Julio De Vido resaltó que el aumento de tarifas significará «echar nafta al fuego» de la inflación. «Que no nos mientan; si van a aumentar las tarifas y no aumentan los ítems que están subsidiados, lo que están haciendo es aumentar la rentabilidad a las empresas» sostuvo Julio de Vido, quien acertó en señalar que fue el propio Martín Guzmán quien reconoció que «el programa económico del Gobierno es el programa del FMI».

Con mucha menos prensa que un pobre acampando en la 9 de Julio, durante una semana las patronales del transporte de larga distancia llevaron adelante un “lock out” que impidió la libre circulación por numerosas rutas provinciales y nacionales de nuestro país. La protesta patronal pretende encarecer el costo de la logística en el transporte terrestre.

Con mucha más velocidad y amabilidad que con los pobres que acampan en la 9 de Julio, el Gobierno Nacional encontró una pronta respuesta para las patronales transportistas que querían llevarse una parte del excedente en dólares del alza de las materias primas, y terminó convenciendo a las patronales agropecuarias para que aseguren el pago de los mayores costos de fletes en un 20%.

Sin estar sentados en la mesa, serán los sectores populares los que terminen pagando el costo del acuerdo que se verá reflejado en una nueva suba en el costo de los alimentos que se consumen en nuestro país.

Sucede con mucha más frecuencia de lo que resultaría recomendable, pero en la guerra contra la inflación, honestamente, hay funcionarios del gobierno que no parecen tener muy en claro el bando para el que pelean.

Ya lo dijo Julio De Vido, parece que la obsesión por apostar a la alternancia en el orden democrático, hace parecer a algunos funcionarios como jefes de campaña de sus rivales.

¿La casa de quién?

El ministro de la producción Matías Kulfas sigue exhibiendo los ordenados indicadores de crecimiento económico con una sonrisa en la boca. Kulfas parece, en cada anuncio, jactarse de andar con la casa en orden. Lo que no podría precisarse, es la casa de quien.

Hace muy pocos días, en la sede de la financiera digital UALA, anunció la transferencia de 1.000 millones de pesos a la muy publicitada Fintech, con el mito neoliberal de la “integración financiera” de los sectores productivos. El marketing de la medida anunciaba que esa transferencia de dinero se utilizaría para otorgar micro créditos entre 5.000 y 200.000 pesos a sectores de la producción.

Kulfas lo promocionó y defendió luego la medida ante las críticas recibidas. Olvidó Kulfas mencionar que el Estado cuenta con herramientas propias, como la banca pública, para asegurar el acceso al crédito de los sectores productivos.

Olvidó también que existe en nuestro país una Comisión Nacional de MicroCrédito que depende del Ministerio de Desarrollo Social, y la cual tiene asignada un presupuesto de 500 millones de pesos para hacer lo mismo que se pretende que haga Ualá, la mitad de lo entregado con nuestra guita a Pierpaolo Barbieri, hijastro del macrista González Fraga, quien “incluyó financieramente” a Vicentín con la guita del Banco Nación.

“Nuestro gobierno tiene como uno de sus pilares fundamentales el de reducir las desigualdades en el ámbito productivo” explica orgulloso Matías Kulfas, quien se jacta de ser protagonistas del formidable crecimiento económico que verifica la Argentina en dos años en que los precios de las materias primas de productos que genera el país vuelan por los aires.

El problema es que la única casa que pone en orden Kulfas, terminan siendo los balances de los grupos económicos que se llevan las virtudes del alza de las materias primas y somos los que vivimos en éste país los que pagamos el costo de semejante orden.

“Son seis las empresas que dominan el mercado alimenticio en nuestro país y tienen nombre y apellido: Coca-Cola, Danone, Arcor, Molinos Río de la Plata, Ledesma Mondelez (ex Kraft Food) y Bagley Latinoamérica. Lo llamativo es que en las tres compañías analizadas (Molinos, Arcor, Mastellone) se observa que durante la pandemia incrementaron exponencialmente sus ganancias: durante el año 2020, la rentabilidad fue un 152% superior al 2019. Si además contemplamos el año 2021, en el consolidado de ambos períodos las ganancias de las principales alimenticias escalaron un 170%” señaló hace una semana el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPyPP).

El mismo día en que se realizaba dicho informe, Matías Kulfas le brindaba una entrevista a Infobae, en la que señalaba “La concentración económica no es causa de inflación, en todo caso la amplifica. Si fuera la causa, habría inflación en todo el mundo.”

Postales del desorden

El 13 de abril, parlamentarios europeos y latinoamericanos participaron de un encuentro desarrollado en el Centro Cultural Kirchner, donde Cristina Kirchner tuvo un rol destacado y protagónico.

Con su habitual lucidez, Cristina realizó una descripción crítica de los límites que ostenta ésta democracia formal que padecemos las mayorías populares. “Que te pongan la banda y te den el bastón, créanme, no significa que tengas el poder, sólo un poquito de eso. Y lo digo por experiencia. Y ni te cuento si además no se hacen las cosas que hay que hacer, dejémoslo ahí” sostuvo Cristina.

Lejos de la intencionalidad internista que se le otorga, y en tren de profundizar la reflexión, sostuvo que por un lado está el poder que emana de las constituciones modernas, y también está “El otro poder, el que está afuera, mercados, monopolios, oligopolios, poder financiero internacional, nada de eso figura en nuestras constituciones. Cuando las sociedades eligen a sus representantes no juzgan a ninguno de esos poderes, juzgan a ustedes que están sentados en las bancas, y mucho mucho mucho tampoco se puede hacer”, sostuvo.

Cristina desnudó en su intervención los límites de la democracia formal, pero también, en alguna medida, cristalizó la impotencia con la que vive la dirigencia política institucionalizada, la imposibilidad de quebrar el techo de la moderación que se autoimpuso.

Prueba brutal de ello fue el rechazo al acuerdo con el FMI que expresó el kirchnerismo puertas adentro del palacio.

Los límites de la moderación envolvieron en silencio el poder acumulado en el Congreso, acompañaron también en silencio y sin reflejo callejero la oposición al acuerdo y esbozaron críticas por escrito sin chance alguna de frenar la condena que significa la convalidación del cogobierno con el organismo multilateral.

El liderazgo de Cristina es más profundo que el amor que le profesan algunos dirigentes. Pero ese cariño popular, no se asienta tanto en su capacidad para describir la realidad, si no, en la síntesis que expresa de una década cargada de efectivas transformaciones sociales que hoy parecen quedar anclada en, apenas, un grato recuerdo.

En la impotencia de una dirigencia política que quiere, pero no puede, también se explica una parte importante de la distancia que toma nuestro pueblo humilde de los ciclos de la política que no pueden resolver uno sólo de los problemas a los que se enfrenta.

Quizás por eso, empieza a ser tiempo de agendas patrióticas, de gestas populares y de forjar nuevos instrumentos para representar los intereses de nuestro pueblo, que vuelvan a tener potencia para imponer condiciones en la agenda política de nuestro país.