En la sede del Ministerio Público Fiscal se llevó a cabo la firma de un convenio entre la Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo (CNCT) y la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, con el fin de garantizar el libre acceso a la Justicia del conjunto de cooperativas de trabajo de todo el país en lo que respecta al efectivo ejercicio de los derechos laborales.

“Desde diciembre del año pasado, estamos viviendo una situación muy compleja en el sector y hay mucho miedo de la pérdida del trabajo. Por eso, para nosotros es muy importante la firma de este convenio porque esperamos que nos pueda facilitar algunas herramientas en el marco de acceso a la justicia, en pos de la defensa de los derechos conquistados durante todos éstos años”, señaló el Christian Miño, Presidente de la CNCT.

Por su parte, Gils Carbó destacó la importancia de la firma de este acuerdo y que, desde el Ministerio Público Fiscal (MPF) existe el compromiso de acompañar al sector para fortalecer sus derechos. “Tenemos un rol muy importante ante las asimetrías, el rol de levantar la voz de personas o de sectores que, en determinados momentos, se ven especialmente afectados por situaciones de coyuntura o por cambios que agudizan las batallas cotidianas”, dijo.

El objetivo del acuerdo es resguardar los derechos laborales y sociales de los cooperativistas, además de impulsar la formación y promoción de derechos a través del intercambio mutuo de experiencias y conocimientos técnicos entre la procuración y la Confederación.

En el encuentro estuvieron presentes los representantes de las federaciones de cooperativas de las provincias de Buenos Aires, Mendoza, Corrientes, Entre Rios, Jujuy, San Juan, Misiones, Santa Fe, Catamarca, Córdoba, Chaco, La Rioja y Salta. Cada uno de ellos se expresó ante la procuradora general para describir y contar las diversas dificultades que existen en sus territorios y todos coincidieron en señalar el fuerte impacto sufrido luego del aumento de las tarifas y las trabas administrativas que son impuestas por los bancos, la AFIP y el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES).

Por parte del MPF, acompañaron la firma del convenio, Julián Axat, director general de Acceso a la Justicia; la fiscal Gabriela Boquín, titular de la Fiscalía General ante la Cámara Comercial y del Programa para la Protección de Consumidores y Usuarios y Judith König, directora general de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones con quienes se pautó una agenda de trabajo de cara a solucionar algunos de los planteos del sector.