Los diputados nacionales Maximiliano Ferraro, Mónica Frade y Esteban Paulón presentaron un amparo para que se declare la “inconstitucionalidad” y “nulidad absoluta e insanable” del DNU 941/2025.

Se trata del decreto que establece cambios en la Ley Nacional de Inteligencia y amplia las facultades de la SIDE.

«Además solicitamos una medida cautelar para la suspensión de los efectos y la vigencia del decreto, así como de toda normativa o acto dictado en su cumplimiento», confirmó Ferraro en sus redes sociales.

Para el legislador de la Coalición Cívica «no hubo ni hay necesidad ni urgencia» y el DNU «no cumple los requisitos del art. 99, inc. 3°, de la Constitución Nacional».

Para Ferraro, el decreto «avanza sobre una de las materias vedadas, como la penal, al otorgar atribuciones al personal de inteligencia que son propias de la Policía Judicial y de las fuerzas de seguridad, modificando el Código Procesal Penal de la Nación en su art. 184».

«El Congreso está en condiciones de sesionar y una temática como esta requiere deliberación, equilibrio y control. Eludir este procedimiento debilita la legitimidad democrática de la norma», concluyó Ferraro.

En tanto Myriam Bregman expresó: “Estamos ante un hecho gravísimo. Políticamente, es evidente que la salida de Patricia Bullrich, que se había armado su propio aparato de inteligencia paralelo, está produciendo algunos cambios. No lo digo porque tenga algún dato concreto, sino por experiencia de qué pasa en estos casos. Nosotros denunciamos que ella venía dotando a las fuerzas de seguridad, la Policía Federal, de nuevas funciones y es evidente que su pase al Senado hace que otros puedan ocupar casilleros”.

A su vez, la legisladora de la izquierda alertó que “los Decretos de Necesidad y Urgencia no están para hacer avivadas cuando el Congreso está en receso. No es ésa la función que tienen. ¿Cuál sería la ‘urgencia’ de implementar esto el último día hábil del año? No tiene ningún sentido el DNU en cuanto a la oportunidad de su dictado. Y en cuanto a la legalidad, es totalmente ilegal. No se puede disponer por decreto sobre la vida, la libertad y la información personal de todos los habitantes. Uno no puede decir ‘a mí me gusta que la SIDE detenga personas y tener tal centro de reunión de información’’. No funciona así”.

Por su parte Frade asegura: «Vamos a defender las libertades de las que tanta habla este gobierno @JMilei, pero que pretende emboscar», escribió la diputada Mónica Frade (Coalición Cívica) en su cuenta de «X».