Luego del anuncio de las primeras medidas económicas del gobierno de Javier Milei y después de que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, pusiera en marcha un “Protocolo de Orden Público”, las organizaciones sociales salieron a cuestionar la medida y endurecieron su postura. “Habrá sanciones severas para todos los involucrados en impedir la libre circulación de los argentinos. Y esto alcanza al que corta el transporte, al que organiza y al que financia”, indicó este jueves Patricia Bullrich.
En ese marco, el líder del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, advirtió: “Lo que es seguro es que no se puede vulnerar el derecho a manifestarse ni con un protocolo, ni con un decreto, es un derecho constitucional”. En esa línea, agregó: “O declaran el estado de sitio, que también debe pasar por el Parlamento o mandan al Congreso una reforma constitucional”.
“Las organizaciones del Frente de Lucha Piquetero solicitamos una reunión en carácter urgente para tratar temas sociales que se han agravado en los últimos días con la disparada de los precios de primera necesidad”, afirmó.
También indicó que la situación “se agrava”, ya que no recibieron “los alimentos en los comedores populares comprometidos por la gestión anterior” y que según el exsecretario Javier García “debía haberse empezado a ejecutar esta semana” de la mano de la gestión actual.
“Además, nos preocupa el anuncio de que se congelaran en su monto actual los programas de Potenciar Trabajo, ya que en unas semanas se pulverizarían y dejarían a más de un millón de personas sin un ingreso fundamental para el alimento diario”, añadió.
El comunicado de ATE
Desde la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), cuyo titular de la sección Capital, Daniel Catalano, mantuvo una reunión con el ministro del Interior, Guillermo Francos, expresaron que “no aceptará por inconstitucional ningún protocolo de movilización”.
“Los conflictos sindicales y sociales no los tiene que resolver ni la Policía, ni la Justicia. Los deben resolver quienes gobiernan, ya que para eso son elegidos. Esta medida está orientada a atacar las consecuencias y no las causas de las protestas. Si no quieren conflictos, que paren con el ajuste y aumenten los sueldos”, dijo este jueves Rodolfo Aguiar, Secretario General del gremio.
ATE no aceptará por inconstitucional ningún protocolo de movilizaciónEl sindicato precisó que el ejercicio del derecho constitucional de huelga está amparado por tratados internacionales de Derechos Humanos de los cuales Argentina es parte. Se trata del artículo 14, artículo 14 bis y el inciso 22 del artículo 75 de la Constitución Nacional.
“Patricia Bullrich viene a decir cómo hay que hacer las cosas, pero para eso antes tiene que haber un principio de legalidad. Tiene que haber una ley que establezca una norma. En el caso del derecho de huelga no hay una norma que establezca cómo es”, agregó Aguiar.
