La Ciudad adquirió medicamentos provenientes de las droguerías San Javier y Unifarma, que son el núcleo  de la investigación. Cabe recordar que  Unifarma pertenecía al empresario Martín Magallanes y al suicidado Ariel Vilán, ambos socios de Sebastián Forza. “La situación se vuelve compleja para Macri por ser la autoridad máxima y porque, según se investiga, esos medicamentos, muchos de ellos de alta complejidad, llegaron a los pacientes de los hospitales porteños y a algunas farmacias de las obras sociales”, precisó una fuente tribunalicia.“De Macri se puede decir al menos que se equivocó, por poner en marcha un sistema centralizado de adquisición directa de medicamentos”, señaló alguien del PRO. La misma fuente dice que “ esos laboratorios negociaron con el Gobierno de la Ciudad. Lo que quiere saber en un principio Oyarbide es hasta cuándo prestaron servicios como proveedores en los hospitales porteños”. Cabe aclarar que San Javier era un modesto laboratorio que, de buenas a primeras, creció de un modo exponencial de la mano de Néstor Lorenzo, bautizado como “el Yabrán de los remedios” y que estuvo detenido por su presunta relación con la falsificación y adulteración de medicamentos.En la Legislatura porteña, el diputado Gonzalo Ruanova, del bloque Nuevo Encuentro, ya había presentado en 2009 un pedido de informes al Ejecutivo de la Ciudad para que explique puntos relacionados con la adquisición, el almacenamiento y el reparto de medicamentos por un monto total de 400 millones de pesos. “Lo que hay que saber es qué se compró, a qué laboratorios y por qué montos fueron las adquisiciones”, dijo Ruanova, “el tema es “un agujero negro, porque desde la empresa de logística UPS se avisaba que había remedios a punto de vencer en los depósitos. Esos remedios e insumos eran justamente los mismos que faltaban en los hospitales porteños, por lo que no resulta ilógico sospechar que el circuito de compra y venta se manejaba desde otro lugar”.El Ejecutivo porteño también había vetado en su totalidad el proyecto de ley para crear el Laboratorio Estatal de Producción de Medicamentos para la Ciudad. La iniciativa había sido aprobada por la Legislatura porteña por 22 votos a favor y 21 en contra.Un profesional de la salud estima que “las relaciones directas entre las droguerías y la gestión de Macri existen”, incluso, recuerda que, ante su persona, se presentaron empresarios diciendo que “ahora que entran los amigos, va a ser más fácil negociar todo”.A la causa se llega cuando Oyarbide encuentra que en la computadora de Osvaldo Chamorro, expulsado de la Policía Metropolitana luego de que estallara la causa de las escuchas, pedidos de informes financieros sobre el fallecido Sebastián Forza y un grupo de droguerías entre las que figuraba San Javier. Además, se habían buscado datos sobre Julio Cesar Posse, un ex agente de inteligencia que, en su momento, ofició como guardaespaldas de Forza.Posse, sería en realidad el jefe de Forza y no su custodio, y se presentaba como un “empresario dedicado al negocio de los laboratorios”, aunque de acuerdo a los registros de la AFIP, estaba inscripto en el rubro de Servicios Publicitarios. Dentro de las investigaciones también figura Unifarma. La droguería se hizo “famosa” luego del triple crimen de General Rodríguez. Unifarma pertenecía a Ariel Vilán, el empresario que se suicidó luego de que los tres cadáveres de Forza, Damián Ferrón y Leopoldo Vina aparecieran en un descampado de esa localidad bonaerense. Unifarma figuraba como prestadora de servicios del Gobierno porteño en el área de salud. Los datos aparecen  en el Boletín Oficial, al menos, hasta 2010. Un empleado del depósito de Unifarma, que cobraba su sueldo en dólares, en parte para pagar su fidelidad, aclara que “si los ex empleados declaráramos, de esa causa no zafa nadie”.En cuanto “ Fino” Palacios habría sido jefe de seguridad de los laboratorios Abbot, cuyos apoderados legales son los doctores Eamon Mullen y José Barbaccia, ex fiscales de la causa AMIA y amigos de Guillermo Montenegro. Forza, convencido por Posse, le habría ofrecido información a cambio de protección y una licencia de importación a quien en ese momento era el jefe de la Policía Metropolitana, Jorge “el Fino” Palacios, procesado por formar parte de una asociación ilícita que se dedicaba a realizar espionaje de manera ilegal. El vínculo Forza-Palacios consta en la causa judicial que guarda Oyarbide.Las cosas tampoco serían fáciles par un el ex macrista Daniel Amoroso. El legislador porteño, conduce  la Obra Social de Agentes de Lotería y Afines de la República Argentina, que  compró medicamentos a San Javier y los troqueles de esas negociaciones ya formarían parte de la colosal causa. Oyarbide estima que  Macri, como jefe máximo, debe contar lo que sabe, pero evitará citarlo por el momento ya que no quiere que digan que lo persigue jurídicamente. Todo dependerá  de lo que determine Casación: si fallan a favor de Macri, vamos a meternos a full con el tema de los remedios en la Ciudad”, confiaron fuentes cercanas a Oyarbide. “El manejo con las obras sociales era calcado del que se realizaba para la compra de medicamentos a hospitales públicos de la Ciudad. Ralph Kirby (subsecretario de Salud de la CABA) se movía de la misma forma con la Obsba y con las compras que estaban bajo su área”. La sombra de la causa de los medicamentos tocaría a Macri porque: “El Fino hacía lobby para los laboratorios norteamericanos, él contactó al mismísimo Kirby. Cuando se investigue a fondo, Kirby va a aparecer por todos lados y el jefe de Kirby, es Macri. En esta causa hay vidas que se perdieron, alguien debe responder” dicen desde el juzgado.