Sociedad

Mano de obra esclava traída del Norte argentino

Tras el caso de la empresa Nidera, se estima que las agrupaciones criminales operan en Santiago del Estero y Tucumán, donde consiguen mano de obra barata para las faenas agrícolas. También señalan probables contactos de los contrabandistas con empresarios del sector, radicados en Buenos Aires y Mendoza.

Desde el norte se traen personas para trabajar en Buenos Aires.

A fines del mes anterior, averiguaciones judiciales permitieron liberar a más de 100 individuos, reducidos a servidumbre en un campamento operado por la empresa Nidera en la zona agrícola de San Pedro, provincia de Buenos Aires.

De esta manera el fiscal actuante, Rubén Darío Giagnorio, cree que «hay por lo menos una organización criminal dedicada a reclutar personas con destino a trabajo esclavo, no sólo para Nidera, sino para otros establecimientos rurales».

En este sentido de estima que las agrupaciones criminales operan en los territorios norteños de Santiago del Estero y Tucumán, de menor desarrollo socioeconómico, donde consiguen mano de obra barata para las faenas agrícolas.

También señalan probables contactos de los contrabandistas con empresarios del sector, radicados en las provincias de Buenos Aires y Mendoza.

El fiscal Giagnorio confirmó que «las 120 personas, que vivían en condiciones infrahumanas en el establecimiento rural de la firma Nidera, ya regresaron a sus domicilios en Santiago del Estero».

Dentro de ese territorio, consideró, «hay todo un sistema de reclutamiento, lo cual permite hablar de una organización criminal». «Se trata de organizaciones dedicadas a reclutar y reducir a servidumbre para distintas empresas», precisó.

Por su parte, el ministro de Trabajo bonaerense, Oscar Cuartango, admitió: «Periódicamente detectamos casos como éste».

Cuartango,  subrayó “el expreso reconocimiento de que nuestra participación en el operativo fue a partir de la investigación efectuada por el fiscal Giagnorio” y agregó: “Nuestra provincia tiene extensiones inmensas donde estos hechos pueden pasar desapercibidos. Sí hemos alcanzado un nivel satisfactorio de control en la cosecha de cebolla, que se efectúa en febrero: se concentra en una zona no muy extensa, la de Villarino, en el sur de la provincia, y hubo gran colaboración de las cámaras empresarias y las autoridades municipales”.

En tanto, la titular de la Oficina de Trata del Ministerio de Justicia, Zaida Gatti, explicó que «reclutan gente que no tiene para darles de comer a sus hijos». En el caso del establecimiento de Nidera, lo que encontramos «fue peor que lo imaginable», estimó la funcionaria.

La funcionaria recordó “casos similares, como el de Baradero, el año pasado: las personas habían sido llevadas desde Santiago del Estero para la cosecha de papas. Son organizaciones que traen a la gente en grupos grandes, cuadrillas. También pueden venir de Tucumán o de Bolivia”.

El primer contacto lo hace alguien de su misma localidad. Ya en el lugar de trabajo, una herramienta disciplinaria es “el puntaje a la cuadrilla”: para cobrar según convenio el grupo debe obtener diez puntos, el máximo, y para esto hay que trabajar hasta 14 horas, no tomarse días de descanso o aceptar condiciones de hacinamiento: la “indisciplina” de uno de los miembros hace caer el puntaje de todos.

A partir de la investigación del fiscal, el 30 de diciembre, el Ministerio de Trabajo bonaerense , se detectaron alimentos procedentes de los planes sociales de la provincia, que habrían sido indebidamente comercializados.

“Hasta el momento, los responsables son dos ingenieros que trabajan para esa empresa” (Nicolás Martínez Allende y Diego Carballo, a cargo del predio de San Pedro y de la supervisión del trabajo). Ambos fueron indagados y luego excarcelados.

“La investigación continúa”, advirtió el fiscal Giagnorio, y contó que, “según el testimonio de los trabajadores, habían sido contactados por Nidera a través de contratistas”.

A su vez,  Giagnorio anticipó para esta semana “nuevas medidas probatorias”, que podrían efectuarse en Santiago del Estero.

Asimismo, Ángel Strapazzón, del Movimiento Campesino de Santiago del Estero (Mocase), aseguró que “los contratistas son locales: operan bajo la vista gorda de la Justicia santiagueña, que tampoco actúa contra la trata sexual, y tienen protección política. Reclutan gente para la desflorada del maíz, en la provincia de Buenos Aires, como para la zafra del poroto en Salta. Actúan de acuerdo con grandes empresas, multinacionales como Nidera, pero también nacionales”.

Finalmente, Diego Montón –de la Unión de Trabajadores Rurales Sin Tierra de Mendoza– agregó que “también en la cosecha de la vid hay muchos trabajadores traídos de Tucumán, Santiago o Bolivia: viven en carpas, sin luz, sin agua. Esto se denunció muchas veces pero, cuando el Ministerio de Trabajo manda la inspección, nunca se detecta nada: como si alguien le avisara al empresario que está por llegar la inspección, de la que suelen estar enterados los representantes de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales” (Uatre, dirigida por Gerónimo “Momo” Venegas).