«Se aportarán las pruebas que comprometen al ex presidente Carlos Menem y al Grupo Clarín, cuando éste le entregó irregularmente el estratégico Canal 13 a ese monopolio mediático, al ocultar ambos, la no inclusión en los pliegos licitatorios la deuda millonaria que la empresa estatal Proartel/Rio de la Plata mantenía con LADEFFA S.A.», detalla el texto. 

Tras anunciar la privatización de la emisora «el ex presidente rechazó las órdenes judiciales» presentadas y se desconocieron «impunemente» los derechos que tenía el titular de la empresa, Reynaldo Defranco Fantín, quien fue víctima del terrorismo de estado «lo cual torna imprescriptible el reclamo». 

Con la documentación que se presentará quedará probado que un Gobierno Civil fue cómplice del terrorismo de Estado al no restituir «derechos cercenados por la dictadura militar a la víctima mencionada, para favorecer impunemente al Grupo Clarín».