Con un mismo objetivo, diversas agrupaciones con conciencia ambiental se unieron para exigir a los gobernantes soluciones. Así como la correcta implementación del acuerdo Escazú que a la fecha continúan pendientes.
Cabe recordar que el Acuerdo de Escazú es el primer tratado a nivel ambiental de América Latina y el Caribe y también del mundo. Contiene disposiciones específicas sobre personas defensoras de derechos humanos en asuntos ambientales. Fue adoptado en Escazú, Costa Rica, el 4 de marzo de 2018, pero Argentina lo aprobó en 2020 mediante la Ley 27566.
En diálogo con el Mensajero Diario, la coordinadora de Fundación A4, Cinthia Díaz, manifestó: «Nadie quiere asumir sus obligaciones ambientales, pero si quieren ir de vacaciones donde abunda la naturaleza». Además, realizaron un resumen de la marcha que podés ver en su Instagram.
Las agrupaciones convocantes de la marcha fueron: @eco.house, @fridaysforfuture.arg, @climatesaveargentina, @reduniversitariaxcrisisclima, @sustentabilidad_sin_fronteras, @conscientecolectivoarg.
La misma se llevó adelante el 21 de abril desde la plaza Lavalle, en Tribunales, hasta el Hotel Libertador donde estaban alojados los participantes de dicha conferencia.
La idea de la movilización fue visibilizar que pese a estar firmado y ratificado el acuerdo, aún no hay normas de implementación. Tampoco un presupuesto destinado a tales fines.
Por ello distintas organizaciones políticas y sociales decidieron salir a la calle a una sola voz. Lo hicieron bajo el eslogan «Justicia ambiental es justicia social».
Sobre el acuerdo
En ese marco aprovecharon para recordar que el acuerdo garantiza el derecho a:
*Vivir en un ambiente sano (derecho al acceso al agua potable, a la vivienda, etc.)
*Acceso a la información ambiental, sin costo y en el formato requerido. Además los Estados están obligados a facilitar el acceso a la información a personas o grupos en situación de vulnerabilidad.
*Participación pública en los procesos de toma de decisión ambientales. Los Estados deben establecer condiciones propicias para la participación pública.
*Asegurar el acceso a instancias judiciales y administrativas a la justicia en temas ambientales.
La mirada de Fundación A4
La coordinadora de Fundación A4, Cinthia Díaz, protagonizó esta movilización y señaló que «inicialmente una de las grandes inquietudes de la movilización fue la falta de implementación de medidas y un órgano competente para gestionar los derechos garantizados en Escazú».
«En la COP2 se creó un Comité de Apoyo a la Aplicación y Cumplimiento del Acuerdo, el cual tiene la función de asistir a los países a cumplir el acuerdo, revisar los planes de implementación de los países para hacer recomendaciones y establecer una hoja de ruta. La sociedad puede realizar denuncias al comité y serviría como un espacio de amparo» agregó Díaz.
Sobre el futuro, declaró que «queremos ser optimistas al respecto. Esperamos que se le dé trascendencia e importancia a lo acordado y que realmente se implementen estas medidas adoptadas en la reunión. Consideramos que el compromiso social debe tomar más énfasis que nunca, porque hoy está el espacio en donde efectuar los reclamos y sus responsables».
Por último, la coordinadora y marina mercante señaló que «nuestra parte es traccionar y llevar estas inquietudes, propuestas, y sobre todo exigir que se garantice la protección a activistas ambientales. Y seguiremos trabajando y saliendo a las calles para exigir al gobierno nacional un marco legal que acompañe este acuerdo».
