La represión desatada el 26 de junio de 2002 sobre un pueblo que reclamaba derechos democráticos dejó como resultado la muerte de Darío Kosteki y Maximiliano Santillán, más de 30 heridos de bala y mucha impunidad entre los responsables.
Según un comunicado leído este domingo durante el acto en homenaje a las víctimas “buscaban desencadenar una ofensiva represiva sobre el pueblo, que seis meses después de la rebelión popular del 19 y 20 de diciembre seguía llenando las calles, las plazas, las rutas y los puentes de piquetes, empresas recuperadas y asambleas populares”.“Durante meses maduraron la provocación que pretendía inculpar a las organizaciones en lucha, encarcelar a sus dirigentes y desarticular a las organizaciones para sacar a decenas de miles de trabajadoras y trabajadores ocupados y desocupados de la calle, para frenar las luchas y recomponer la gobernabilidad del Estado, que no significaba otra cosa que garantizar que las empresas siguieran haciendo fabulosos negocios a costa de la miseria del pueblo”, agregaron.
Según ellos “el gobierno nacional de Duhalde y el provincial de Solá no atendían nuestras demandas e incumplían compromisos arrancados en la lucha. Al mismo tiempo, crecían sobre los movimientos y organizaciones sociales las amenazas, secuestros, simulacros de fusilamiento y el accionar de patotas. En ese contexto, asesinan a Javier Barrionuevo en Esteban Echeverría el 6 de febrero y unos meses después balean a Juan Arredondo en Lanús”.
“Duhalde buscaba sacarnos de la calle a cualquier precio. Por eso llevó adelante la decisión política de no permitir que se bloqueen los accesos a la ciudad de Buenos Aires. Los cortes de puentes iban a ser considerados una acción bélica. Los medios de comunicación se encargaron de demonizar al movimiento piquetero encubriendo luego los hechos de la masacre. La provocación se completaba al día siguiente a la masacre del Puente Pueyrredón acusando de sedición a las organizaciones que protagonizaron la jornada de lucha. El repudio popular a la masacre terminó provocando la salida anticipada del gobierno de Duhalde y el fracaso de su estrategia represiva. Las plazas del poder político del país fueron ganadas durante el mismo 26, al día siguiente y durante la gran jornada de unidad y lucha popular del 3 julio que, con una movilización multitudinaria, hizo rugir el repudio en una histórica marcha desde Avellaneda hasta Plaza de Mayo”.
Ante esta situación consideraron que “Duhalde debería estar hoy en la cárcel, por los asesinatos de Kosteki y Santillán, por la maldita policía del narcotráfico, el caso Cabezas, la AMIA y el gatillo fácil, en lugar de estar en campaña electoral disertando sobre gobernabilidad y democracia. Mientras se postula a candidato a presidente afirma que pretende gobernar para los que defienden a Videla. El pueblo argentino tiene en claro su culpabilidad como responsable político principal de los asesinatos de nuestros compañeros Maxi y Dario. Hoy como siempre, nuestra sentencia es clara, ¡Duhalde es candidato, pero a la cárcel!”
“De la misma manera, Aníbal Fernández, quien era secretario de presidencia de Eduardo Duhalde y actualmente es jefe de Gabinete, fue uno de los responsables de la Masacre de Avellaneda. Carlos Soria, actual intendente de Roca, fue designado por Cristina Fernández como candidato a gobernador de la provincia de Rio Negro y apoyado por todas las fracciones del PJ y el Frente para la Victoria. Soria dirigió la SIDE en el momento de la represión y él también debería estar tras las rejas y no haciendo campaña”.
Por ellos reclamaron “juicio y castigo a todos los responsables políticos, ideológicos y materiales de aquellos crímenes, a los Duhalde, a los Solá, JJ Álvarez, Aníbal Fernández, Atanasoff, Soria, Genoud, Oscar Rodríguez, Vanossi y Capitanich. Los que hoy son expresiones de lo más nefasto de la política están firmemente acomodados tanto en el actual esquema político kirchnerista como en la oposición patronal”.
“La complicidad del Gobierno K con Duhalde llegó al punto de no abrir los archivos de la SIDE y permitir que Duhalde no se presente ante la justicia. Política de impunidad que continúa hasta el día de hoy”, destacaron.La causa federal iniciada en el 2002 que investiga las principales responsabilidades políticas de la Masacre se encuentra literalmente cajoneada en el Juzgado Federal Nº 4, a cargo del Juez Ariel Lijo. La causa no se mueve por orden de la Secretaría General de la Presidencia, que todavía no ha respondido por el informe solicitado por la fiscalía en relación a los cruces de llamadas entre los funcionarios duhaldistas y las autoridades policiales y de seguridad antes, durante y posteriormente a la represión del 26 de junio del 2002.
“Hoy levantamos más alto que nunca las banderas de Darío y Maxi. Y vamos por el juicio a todos los responsables políticos. Así como también seguimos denunciando la complicidad civil de los medios de comunicación para incentivar y luego encubrir la masacre. Asimismo denunciamos la complicidad de este gobierno para no enjuiciar a los responsables políticos e intelectuales”, indicaron y para finalizar aseguraron: “Estamos acá para denunciar que bajo el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner sigue la impunidad y la bonaerense corrupta y asesina. Con la mirada cómplice del sistema penitenciario bonaerense, el asesino Fanchiotti ha burlado su condena entrando y saliendo de la cárcel como patrón de estancia, caso que muestra que incluso los represores y genocidas presos tienen toda la impunidad para seguir funcionando con las redes represivas para atacar a los luchadores. Asimismo la impunidad y la persecución a los que luchan cuenta con la ayuda de las patotas de la burocracia sindical, apañadas por la política gubernamental y que ya se han cobrado varias víctimas, amedrentando persiguiendo y asesinando a nuestros compañeros”.
Consideraron que “la sangre derramada no se perdona, no se olvida, no se negocia”, por eso exigen: “ JUSTICIA PARA MAXI Y DARIO; DE DUHALDE A LOS KIRCHNER 9 AÑOS DE IMPUNIDAD; JUICIO Y CASTIGO A LOS RESPONSABLES POLITICOS Y MATERIALES DE LA MASACRE DE AVELLANEDA; CARCEL YA A DUHALDE, SOLA , FERNANDEZ , VANOSSI, JJ ALVAREZ, SORIA; CARCEL A PEDRAZA Y LAS PATOTAS. JUICIO Y CASTIGO A TODOS LOS RESPONSABLES DEL ASESINATO DE MARIANO FERREYRA. BASTA DE BUROCRACIA SINDICAL; CASTIGO A LOS RESPONSABLES DE LOS ASESINATOS DE LOS COMPAÑEROS QOM Y LOS CAIDOS EN EL PARQUE INDOAMERICANOS; JUICIO Y CASTIGO A LOS RESONSABLES DE LOS ASESINATOS Y LA REPRESIÓN POLICIAL EN BARILOCHE; EXIGIMOS LA APARICION CON VIDA DE JULIO LOPEZ Y LUCIANO ARRUGA; LIBERTAD A LOS PRESOS POLITICOS, CARLOS OLIVERA, LA GALLEGA KARINA GERMANO LÓPEZ, JOSE VILLALBA Y MANUEL ARIAS; DESPROCESAMIENTO, CIERRE DE LA CAUSAS Y ANULACION DE LAS CONDENAS DE LOS MAS DE 5.000 LUCHADORES POPULARES; POR EL TRIUNFO DE LOS TRABAJADORES DE SANTA CRUZ. FUERA LA GENDARMERÍA Y LAS PATOTAS CON LAS QUE TERCERIZAN LA REPRESIÓN; BASTA DE PRECARIZACION LABORAL Y PERSECUCION POLÍTICA A LOS LUCHADORES POPULARES.
Luego de concluido el acto en la Avenida Pavón, frente a la Estación «Darío y Maxi», una caravana partió en la emotiva Marcha de Antorchas hasta el Puente Pueyrredón, donde acampó hasta la mañana de ayer, cuando se realizó el acto y las actividades en recuerdo de dos jóvenes luchadores sociales.
En tanto el sábado por la tarde, el escrache a Eduardo Duhalde, organizado por el Frente Popular Darío Santillán, tuvo como respuesta la represión por parte de fuerzas policiales bonaerenses, quienes utilizaron balas de goma contra los manifestantes.
