Por Julio Piumato *

Una causa judicial de varios cuerpos y miles de fojas sacude desde hace ya varios meses el mundo político-sindical. En su abordaje mediático subyace un concepto profundamente oligárquico, de clase antagónica a la de los obreros, que se ha vuelto ya francamente insoportable. Algo así como “las obras sociales gerenciadas por organizaciones sindicales de trabajadores son nidos de corrupción”. O “los trabajadores carecen de la mínima noción de conciencia y honradez; tanto que se estafan entre ellos, lucrando con algo tan sensible como la salud de los propios afiliados”. Y a continuación, la intencionalidad obvia, el mensaje explícito: “¿Es bueno darles tanto poder a los sindicatos?”. “Con Menem y Cavallo estábamos mejor”, falta que digan. Viva la medicina prepaga.

Las inspecciones en busca de documentación en las sedes de los gremios son festejadas en los medios hegemónicos como un campeonato. El viernes 26 de noviembre, la simultaneidad de allanamientos en las sedes de 40 obras sociales los habrá sobre excitado. Jaime y los troqueles de Moyano: verdaderos goles de media cancha, aunque con la mano, para intentar empatar, a lo Pirro, como sea, a lo que dé, las muestras populares de acompañamiento al gobierno, a un mes de la muerte de Néstor Kirchner.   

Sin embargo, el tratamiento mediático de la información, si bien previsible tratándose de los opinadores que ya sabemos, deja ver también otro abordaje no menos sugestivo: el judicial.

  Es muy sintomático que en la Justicia federal se dé pronto despacho a los expedientes que involucran a obras sociales de organizaciones sindicales, y en cambio duerman herrumbradas en un cajón las causas que tienen por objeto investigar gruesos desfalcos en, precisamente, la obra social de los magistrados y empleados judiciales. Más de cuatro años tienen las denuncias que dieron origen a más de una causa judicial, por estafas en la obra social de jueces, mas ningún magistrado federal allanó ni una sola vez la coqueta sede de la obra social de la Corte Suprema, sobre la calle Lavalle.

Por cierto, la Obra Social del Poder Judicial de la Nación no es administrada siquiera en porción minoritaria por el gremio de trabajadores, sino por la Corte Suprema de Justicia de la Nación , en absoluta soledad. Si bien los trabajadores judiciales aportan el 3 % , más  un 1% adicional de su salario por Acordada Nº 40, la UEJN –su entidad gremial –  no tiene acceso ni a las cuestiones domésticas de su directorio.

El Poder Judicial es así. Sin dudas constituye un verdadero enclave aristocrático y conservador dentro del Estado, impermeable a cualquier transformación político-coyuntural. Como no sucede en ninguna repartición estatal, los trabajadores judiciales no cuentan ni con un convenio colectivo de trabajo. Las condiciones en que cumplen su tarea diaria les son impuestas discrecionalmente por los jueces. Carecen de un ámbito formal donde discutir con sus patrones – la Corte Suprema , en última instancia– el monto de sus salarios, el régimen de ascensos, y el porcentaje de jubilación, que es diferencial. Mientras los jueces se retiran con el 82 por ciento móvil, sus empleados lo hacen con menos de la mitad de su salario. Cuando los trabajadores estuvieron a las puertas de lograr, durante el ejercicio parlamentario del año 2009, la sanción de tres leyes que les permitieran gozar de esos derechos garantizados para cualquier trabajador registrado del país, la corporación de jueces, camaristas, fiscales y defensores activó su aceitado poder de lobby y frustró su aprobación parlamentaria, una de las cuales había obtenido media sanción en Diputados. 

Bajo este espeso marco de relación laboral, en el que los trabajadores son impedidos hasta de gozar de un día en el año calendario donde se honre la labor de empleado judicial, resulta más que obvio que no puedan al menos inquirir con relativo éxito qué sucede con el patrimonio de su obra social, verdadera caja negra de los jueces.

El informe de la AGN

Quien sí lo ha intentado, obteniendo resultados reveladores a pesar de las múltiples complicaciones que tuvo la elaboración del informe investigativo, ha sido la Auditoría General de la Nación , una entidad estatal y autárquica, cuyas indagaciones son muy difundidas toda vez que encuentran probables casos de corrupción en la estructura del Poder Ejecutivo.

Llamativamente, su informe Nº 73/2009 fue deliberadamente silenciado en los medios que ahora se regocijan con cada receta dudosa que aparece en la obra social de los camioneros.

En esa investigación, fechada en mayo de 2009, se consigna que el informe sobre la Obra Social del Poder Judicial de la Nación se vio limitado por diversas razones, entre ellas la evasiva de que “no pudo ser ubicada” la documentación que la Auditoría reclamaba. 

El informe se centró en el sector odontológico que, tras denuncias realizadas por propios empleados de la Obra Social , motivó que la dirección de la entidad abriera el expediente Nº 60/D, del año 2007, instruido en simultáneo con otro penal, en el Juzgado Federal Nº 1, a cargo de la doctora Servini de Cubría.

La auditoría de la AGN encontró fallas en la organización de la obra social, entre ellas, la multiplicidad de tareas inherentes al traspaso de información de un sector a otro, aumentando el riesgo de control operativo. En cuanto al sistema de facturación, no halló un procedimiento reglado, por escrito, en el que se determine qué controles deben realizarse previo a los pagos. El informe precisa que “la dinámica observada revela un alto grado de imprecisión”. Y parece escandalizarse cuando señala que “toda la fundamental y compleja operatoria de conformidad, sólo queda expresada a través de un sello y dos firmas, con una fecha y un importe”.

Prestaciones farmacéuticas

Quizás el apartado más significativo del informe 73/2009 es el que refiere a las prestaciones farmacéuticas que la Obra social, que se brindan en un despintado local situado en la esquina de Uruguay y Tucumán, frente al inmenso Palacio de Justicia.

Los expertos de la AGN precisaron que el servicio de la farmacia social adolece de “confiabilidad en el control de existencia y registración”. Además, detectaron “el expendio de mercaderías sin registro de altas, la generación permanente de ajuste por diferencias de inventario, con respaldos documentales imprecisos o, según los casos, inexistentes”. Por mucho menos a Hugo Moyano lo condenaron en los diarios y canales de televisión sin mediar la decisión del propio juez que lo investiga.

La Auditoría narra que el control de la farmacia por la propia Corte Suprema ha sido encargado a la entidad privada “New Lici Salud”. Y detalla que “cuando se tomó una muestra para auditar cómo había sido el control por esta entidad, se detectaron falencias de distinta índole en la mayoría de las recetas integrantes de la muestra”.

Entre otras, especifica las siguientes: que existen prestadores de la Obra Social judicial de los que no se cuenta con acto administrativo que certifique esa prestación; falta de certificados de responsabilidad civil y mala praxis; listados de instituciones sin la aclaración de sus profesionales ni sus números de matrícula ni especialidad, y expedientes sin foliar. Demasiadas vaguedades   tratándose de jueces cuya razón de ser es dejarlo todo por escrito, puntillosamente.  

La conclusión es terminante: “Debido a las deficiencias verificadas, la diversidad de bienes involucrados, y la relevancia en cantidad y precio de las operaciones, es dable concluir que –en el sector Farmacia- existe un altísimo riesgo de control, constituyéndose así en un escenario sensiblemente propenso para la ocurrencia de anomalías de significatividad”.

A más de un año de la auditoría, la Corte sólo atinó a contratar nuevas farmacias privadas, de la cadena Pharma Plus, que resuelven los continuos faltantes de stock en los medicamentos al 100 % de la cobertura que debiera entregar la farmacia propia de la OSPJN.

Cuando la Corte fue notificada del informe y se le dio la oportunidad de brindar su descargo, el Máximo Tribunal respondió, lacónico, que no tenía ninguna consideración que formular al respecto. La AGN tendrá razón, pero marche preso.

Se sabe: a los sindicalistas, el escarnio público y la condena mediática; a los jueces, la intangibilidad y la autonomía plena en todos sus actos, también los de sus maniobras más dudosas. Más en estos tiempos sombríos para la Justicia , la del insólito “Fuero Cautelar”.

 * Secretario General de la UEJN / Secretario de DD.HH. de la CGT