La reforma de la ley de inteligencia que creará la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y disolverá la Secretaria de Inteligencia (Ex SIDE) será, como es lógico, el tema de mayor voltaje de la sesión extraordinaria convocada para este mediodía en la Cámara de Diputados, y al mismo tiempo el que cerrará el temario de una sesión que se extenderá hasta la madrugada y de la cual participarán– a diferencia de los sucedido durante todo el trámite parlamentario– todas las bancadas opositoras.

Si bien el radicalismo solicitará un cuarto intermedio en la reunión de labor parlamentaria que se llevará a cabo a las 10, para que en la jornada de hoy sólo se debatan los acuerdos con China (ver aparte) y el acuerdo con Chile para la construcción del Ferrocarril Trasandino Central, por ahora el oficialismo pretende debatir todo en una sola sesión y sin interrupciones.

El piso estimado de duración de la sesión es de 15 horas pero, ante un oficialismo ávido de que la oposición debata por primera vez desde que el proyecto fue enviado al Congreso, nadie descarta que pueda extenderse un par de horas más.

El cambio de estrategia de la oposición, más allá de las excusas formales, tiene que ver con el reconocimiento de un error en el que incurrió al intentar vaciar el debate en la Cámara Alta a instancias del radical Gerardo Morales y de la macrista Gabriela Michetti. El primero en advertirlo fue el senador puntano, Adolfo Rodríguez Saá, quien confesó que la opinión pública cuestionó esa actitud.

En ese marco se entiende que los mismos bloques que no participaron de la discusión ni en la Cámara de origen ni en el plenario de Comisiones en Diputados, hayan decidido dar la discusión en el recinto.

El texto que la Cámara Baja convertirá en ley plantea que el nuevo director de la AFI será designado por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado y podrá ser removido por resolución del Poder Ejecutivo. Por otra parte, la iniciativa promueve «criterios de transparencia» para el ingreso del personal a la AFI y busca «fortalecer el control disciplinario de la conducta de los agentes». Todo el personal de inteligencia estará obligado a presentar sus declaraciones juradas patrimoniales.

De acuerdo a un cambio realizado en el Senado, todas las partidas asignadas a los organismos de Inteligencia serán públicas; sólo serán reservadas aquellas que «tengan que ver con el cumplimiento de acciones específicas.»

También el proyecto establece un plazo máximo de 15 años para la desclasificación de cualquier tipo de información y sostiene que toda persona física o jurídica con interés legítimo podrá solicitar a las autoridades la desclasificación de archivos.

En tanto, otro de los puntos que fue modificado señala que la inteligencia criminal quedará bajo la órbita del Ministerio de Seguridad; y que las «escuchas» quedarán bajo el control de la procuración general con la expresa indicación de que sólo se podrán realizar con orden judicial fundada. Así mismo se establece la prohibición para que los espías realicen tareas represivas y para que cumplan «funciones de investigación criminal, salvo ante requerimiento específico y fundado realizado por autoridad judicial».

Pese a las modificaciones realizadas y a los límites que impone la normativa, la oposición cuestionará entre otras cosas las tareas de Inteligencia interna que según su particular visión estarían a cargo del jefe del Ejército, César Milani. Además, se manifestarán en contra de que el sistema de escuchas telefónicas (más conocido como «Ojota»), pase a manos de la Procuración General, hoy a cargo de Alejandra Gils Carbó, y no de la Corte Suprema de Justicia.