La Cámara del Crimen ordenó hoy la detención de ex plana mayor de la Comisaría 49 de la Policía Federal, procesada por «asociación ilícita» dedicada a cobrar por la seguridad de comercios, proteger a ladrones de pequeños objetos en locales, exigir dinero para permitir la venta ambulante y el servicio de estacionamiento. La medida fue dictada por la Sala Cuarta de la Cámara, que procesó a nueve integrantes de la Comisaría del barrio porteño de Saavedra (hoy en disponibilidad) y dispuso la «prisión preventiva» de todos ellos, entre quienes se encuentra el ex comisario.La investigación se originó en la denuncia realizada por dos policías de la propia Comisaría 49, quienes expusieron los hechos que ocurrían en la seccional y con los que estaban en desacuerdo. Las órdenes de detención comprenden al comisario José Antonio Carranza; a los subcomisarios Fernando Echagüe y Horacio Ponce; al sargento Luis Alberto González; al sargento retirado Jorge Andrés Altuna; al subinspector Gabriel Bellusci; al cabo primero Cristian Ochoa; al suboficial escribiente Carlos Alberto Marcos y al subinspector Cristian Pavón.Todos están imputados por los delitos de asociación ilícita, cohecho y defraudación a la administración pública, figuras que contemplan penas máximas de hasta diez años de cárcel. La Cámara, integrada por los jueces Alberto Seijas, Carlos González y Marcelo Lucini, hizo lugar a las apelaciones que había formulado el fiscal José María Campagnoli, tras una prolija investigación basada, entre otras pruebas, en cientos de horas de escuchas telefónicas. Así, pudieron englobarse los distintos hechos bajo la denominación «quintas», la protección policial brindada a comercios a cambio de una paga que no ingresaba a las arcas de la Policía Federal sino a la de los propios policías; «habilitaciones», permisos para instalar puestos callejeros de ventas por fuera de las autorizaciones municipales a cambio de un canon que percibían los uniformados. Entre las «habilitaciones» figuran el cobro de dinero «para autorizar a los taxistas a detenerse en la parada situada  en el acceso al shopping Dot Baires y el pago de dinero por parte de particulares «a cambio de permitirles cobrar estacionamiento a vehículos en un predio cercado en las inmediaciones» del mismo shopping.