La jueza federal María José Sarmiento hizo lugar a una acción de amparo iniciada por el diputado nacional Manuel Garrido y dispuso un plazo de diez días hábiles judiciales para entregar la documentación solicitada.

En consecuencia, ordenó a YPF SA que en el plazo de 10 días hábiles judiciales entregue al legislador la información que fuera solicitada con fecha 29 de mayo de este año al presidente y gerente general, Miguel Galuccio, referida al acuerdo firmado para la explotación de Vaca Muerta entre YPF y Chevron, en los términos del decreto 1172/03.

Según la magistrada, la información brindada por la compañía “invocando ‘compromisos de confidencialidad’ y la existencia de ‘secretos industriales, comerciales, financieros, científicos y técnicos’ que no se pueden divulgar, no satisface lo dispuesto en el art. 16 del Decreto, toda vez que ‘…los supuestos legalmente previstos para justificar una negativa a una solicitud de información pública deben ser interpretados en forma restrictiva en virtud del principio de máxima divulgación de la información pública”.