El funcionario del Ministerio Público objetó no solo el contenido del fallo, sino también la decisión de Casanello de declararse «incompetente» para seguir con el expediente y remitirlo a la Justicia en lo Penal Económico, para que se investigue la eventual «omisión maliciosa» de las empresas en el extranjero.

Frente a la decisión del juez, Delgado insistió en la recolección de «información internacional y de completar la local» para determinar si existió o no el delito de «lavado» por parte del actual jefe del Estado, quien apareció vinculado a varias sociedades offshore en la filtración de documentos, conocida como los Panamá Papers.

“Este expediente es uno más para la fiscalía, pero no es uno más para el demos. El capital simbólico de los actores que lo protagonizan lo ubicó desde su nacimiento, el 6 de abril de 2016, en la cima de la agenda pública. Los ‘Panamá Papers’ dejaron la estela por los lugares que recorrieron”, contextualizó en su dictamen.

Según el fiscal, la incompetencia de Casanello es prematura: “Aún no sabemos si quienes detentaban la voluntad social de ‘Fleg Trading’ y ‘Kagemusha’ (las dos empresas en cuyos directorios aparece el presidente) cometieron un ilícito desde aquel remoto mes de septiembre de 1998”.

El dictamen reitera la pregunta sobre “si Mauricio Macri omitió a propósito consignar en su declaración jurada datos que debió colocar” acerca de esas offshore. “Solo sabiendo qué pasó desde aquellos tiempos sabremos si tenía que declarar lo que no declaró. Por eso la separación que hizo el Señor juez constituye un error”, sostuvo Delgado.