El diario La Razón, junto con Clarín y La Nación, conformaba el capital privado y mayoritario de la empresa, adquirida, según se denunció, por presiones a los anteriores propietarios.En mayo de 2010, en una asamblea de accionistas, se brindaron testimonios, entre ellos el de Pirillo, que, según el juez en lo comercial Eduardo Malde a cargo de la intervención de la empresa, podrían referir la comisión de delitos de acción pública.En agosto de 2010, Rafecas pasó a la justicia federal de La Plata la denuncia por supuestos delitos de lesa humanidad durante la última dictadura militar en la operación de traspaso de las acciones de Papel Prensa por parte de la familia Graiver.Rafecas evaluó que esos ilícitos, que se habrían cometido hace más de 30 años, son imprescriptibles, y remitió al juez federal de La Plata Arnaldo Corraza -quien investiga violaciones a los derechos humanos en el denominado «circuito Camps»- esa parte de la causa iniciada con los testimonios que le enviara Malde.Pero Rafecas retuvo y luego se declaró incompetente, porque consideró que en este segmento no estaban afectados intereses del Estado, la parte de esa denuncia relacionada con un presunto «desapoderamiento» del más tarde quebrado diario La Razón.La medida fue apelada «prematura» por el fiscal federal Carlos Stornelli, quien argumentó que ni siquiera había tenido oportunidad de opinar sobre la apertura de un sumario penal o el archivo de las actuaciones.Stornelli se quejó, además, porque Rafecas dijo que la cuestión no era competencia de la justicia federal cuando aún no había delimitado debida y legalmente el objeto procesal ni se podía descartar un perjuicio a las rentas del Estado Nacional.La Sala I de la Cámara consideró que «son correctos los agravios» del fiscal, porque, como lo resolvió la Corte Suprema, «toda declaración de incompetencia debe estar precedida por una adecuada investigación que permita individualizar los hechos sobre los cuales versa y las calificaciones que puedan ser atribuídas».Los camaristas Eduardo Freiler, Jorge Ballestero y Eduardo Farah revocaron la decisión de Rafecas, declararon la competencia del juez y ordenaron al magistrado «continuar con la presente investigación».