Luego de una asamblea general, el delegado general del Teatro, José Piazza, uno de los trabajadores cesanteados por la resolución que suscribiera el director artístico del Colón, Pedro García Caffi y refrendada por el coordinador del ente autárquico que controla ese espacio artístico, Marcos Padilla, informó que se resolvió un paro general por 24 horas de los trabajadores nucleados en ATE y una movilización. 

Los principales dirigentes de la Asociación Trabajadores del Estado que participaron en el plenario coincidieron en destacar que 7 de los 8 cesanteados pertenecen a la comisión gremial interna (CGI) del teatro, y el restante es un trabajador electo como “delegado paritario”.  Rodolfo Arrechea, secretario general de ATE Capital, afirmó que “a pesar de que los trabajadores del Colón han realizado los máximos esfuerzos para garantizar la temporada artística, se han encontrado con esta noticia que no se esperaban”. Según explicó el dirigente, la intención del Gobierno de la Ciudad y de sus funcionarios es “borrar y desconocer la representación de la asociación en el Colón”. 

En el mismo sentido opinó Piazza, que calificó las cesantías como “una violación a la Constitución Nacional” y calificó esa maniobra como una discriminación hacia los representantes de ATE y en favor de los delegados de otras tendencias gremiales, a las que calificó de «oficiosas”. 

En el mes de junio pasado, en sede judicial, el gobierno porteño acordó desistir de la demanda por 63 millones de pesos contra 8 trabajadores del Teatro Colón que participaron de una huelga durante la ópera El Gran Macabro. Asimismo, en dicha audiencia de conciliación realizada en la sala I de la Cámara en lo Contencioso, Administrativo y Tributario, entre representantes de los trabajadores y del sector de Recursos Humanos de la administración Macri, se incluyó una cláusula de «armonía laboral mutua y recíproca».

El listado de los afectados de la medida dispuesta por los funcionarios porteños comprende a José Piazza, Susana Benítez, Carlos Flores, Pastor Mora, Ricardo Ochoa, Patricia Pérez, Máximo Parpagnoli y Carlos Fernández, este último el único que no es representante sindical. En su resolución, García Caffi solicitó a la Justicia el desafuero gremial para poder hacer efectivas las sanciones y evitar inconvenientes legales.