Manejaron el tema en absoluto resguardo, entre el 3 de septiembre de 2008 y el 16 de febrero de este año. Es que el intercambio ocurrió en pleno conflicto diplomático con el Uruguay, por la instalación de la pastera Botnia en Fray Bentos. Y lo que evaluaron los organismos del Estado Nacional era que la construcción del emprendimiento arrocero del vicepresidente del Grupo Clarín, José Aranda, y del multimillonario húngaro George Soros, podía contaminar el Arroyo Ayuí, cuyas aguas desembocan finalmente en el Río Uruguay, el mismo lugar en el que transcurrió el conflicto. Según la publicación, el 18 de enero de 2010, la DACARU exigió información al gobierno correntino para determinar “el efecto negativo que podría tener que en la Argentina se autorice una obra tal, en momentos en que la Corte Internacional de Justicia delibera sobre la demanda por violación del mecanismo de información y consulta previa del Estatuto del Río Uruguay”. Una alta fuente diplomática argentina, que pidió estricta reserva de su identidad, interpretó la situación: “Esto nos jode a los argentinos. Imagínese, sería darles la razón a los uruguayos. Si nosotros les recriminamos judicialmente porque no avisaron con anticipación la instalación de Botnia, esta sería la excusa perfecta para que hagan lo propio con la construcción de la represa. Sería clavarnos un puñal en la espalda nosotros mismos”. La represa que construirá la firma Copra SA, de Aranda, junto con Adecoagro, de Soros, se empezará a concretar el mes que viene. Así lo aseguran directivos locales y funcionarios provinciales . Y esa construcción equivale a privatizar el Arroyo Ayuí para inundar 8000 hectáreas, que regarán otras 18 mil, prácticamente la mitad de la superficie que ocupa la Ciudad de Buenos Aires. ¿El objetivo? Multiplicar la producción de arroz de Aranda y Soros. La oposición de distintos ambientalistas y de los propios vecinos fue notoria de inmediato. Mientras el vicepresidente del Grupo Clarín pretende producir 120 mil toneladas más de arroz, para exportar a Venezuela, el resto de los productores río abajo aseguran que será una tragedia: se quedarán sin agua, lo cual perjudicará al extremo sus posibilidades de producción. En simultáneo, la entonces secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, Romina Picolotti,  realizó un pedido de informes a las autoridades provinciales. Lo hizo en una carta dirigida directamente a Arturo Colombi, quien era gobernador de Corrientes. “Los impactos ambientales involucrados en un emprendimiento como el que nos ocupa, que inciden a nivel ecosistémico y muchas veces se proyectan a otras jurisdicciones, fundamentan mi preocupación y el interés nacional en informarse detalladamente del proyecto presentado”, escribió Picolotti. Aranda y Soros diseñaban la estrategia política del emprendimiento, mientras que en el diario Clarín se informaba que “Un estudio sobre el aire dice que Botnia no lo contamina”. Aseguraban que el trabajo “no encontró pruebas contundentes acerca de que el aire de Gualeguaychú haya sufrido contaminación tras el comienzo de la producción de celulosa”. Según la publicación argentina, la inquietud del cuerpo diplomático se acentuaba. Las notas y memorandos internos daban cuenta de la envergadura del emprendimiento “que abarcaría más de 77.000 hectáreas, provocando la eliminación de bosques en galería a lo largo de 137 kilómetros, razón por la cual resulta preciso determinar si la obra es susceptible de producir cambios en el ecosistema del Río Uruguay y, consecuentemente, si corresponde o no someterlo a la CARU”. Pero Aranda ya tenía lo que necesitaba: el decreto 1439/09 del gobernador Arturo Colombi. Un día antes de dejar el cargo, le allanó el camino al empresario, habilitándolo para la obra. Se volvió, entonces, a pedir información a Corrientes. “Al señor gobernador Horacio Ricardo Colombi (primo del gobernador saliente)”, encabeza el escrito realizado por Cerutti y el Ministro de Gabinete de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Ricardo Larriera. “Resulta preciso determinar si el Proyecto es susceptible de producir efectos en el ecosistema del Río Uruguay –explican– y consecuentemente si corresponde o no someterlo a la CARU (…) disponga que se haga llegar a este Ministerio todos los antecedentes y la información completa del Proyecto”.El gobernador no respondió. Desde Cancillería insistieron. Fue el 16 de febrero de 2010, y con la firma del por el entonces secretario de Relaciones Exteriores de la cancillería, embajador Victorio Taccetti. “Como es de su conocimiento, la República Argentina y la República Oriental del Uruguay se encuentran vinculadas por el Estatuto del Río Uruguay de 1975 que, entre otras obligaciones, establece un mecanismo de información y consulta previa al co-ribereño, por intermedio de la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU)–continúa Taccetti–, órgano binacional creador por el Estatuto, en el caso de que una de las partes planee construir una obra u otro emprendimiento que sea susceptible de producir efectos sensibles al régimen del Río Uruguay o la calidad de sus aguas.” El texto de la carta tenía un claro objetivo: advertir a la máxima autoridad correntina del potencial conflicto diplomático que podría haber en puerta si se seguía adelante con el proyecto de construcción de la represa sobre el Arroyo Ayuí, que es parte de la serie de afluentes del Río Uruguay. Pero Colombi siguió sin responder. La última jugada provincial se concentró en la Legislatura, donde se transformó en ley el decreto de Arturo Colombi. Fue en junio de este año. Y así se posibilitó, por lo menos hasta hoy, que el proyecto de Aranda y Soros empiece a construirse el mes que viene.