El emprendimiento fue impulsado por el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) y por funcionarios del área de medios del gobierno nacional, en respuesta a un reclamo constante de los publicaciones pequeñas y medianas del interior del país, que pagan muy caro e incluso tienen cupos limitados para conseguir de ‘Papel Prensa’ (única productora nacional) un insumo tan básico para las publicaciones impresas como es el papel, lo que hace que muchas veces deban comprar ese material en el extranjero y a precios más elevados.

Esta es la posición de DyPRA expresada por su Presidente Nahúm Mirad, Editor de Justicia y Comercio periódico que edita una cooperativa.

– Señores diputados y señoras diputadas de la Nación.

– Señores colaboradores de los legisladores.

– Autoridades presentes.

– Señores directores de empresas periodísticas.

– Estimados comunicadores.

– Honorable Congreso Nacional.

«Desde los diarios y periódicos regionales reunidos en Dypra sostenemos que la decisión de la Presidenta de la Nación de enviar a este Parlamento un Proyecto de Ley sobre el papel para periódicos abre una oportunidad histórica.

Sostenemos también que estamos parados ante la oportunidad de debatir, comprender y exponer ante el Pueblo una situación por demás de compleja, que no admite lecturas superficiales ni maniqueas.

La visión que queremos transmitir es la de los diarios regionales, los del interior y los del interior del interior. Porque si alguien benefició por la transferencia de acciones de la planta de Papel Prensa en 1977 son tres medios capitalinos, cuya integración vertical les permitió consolidar una posición dominante en el mercado de periódicos durante más de treinta años.

Propietarios de Papel Prensa

Esta posición fue sistemáticamente sostenida y aún profundizada por los sucesivos gobiernos nacionales, aún cuando estos gobiernos tienen el deber de expresar los intereses del Estado -es decir de todos los argentinos- como parte propietaria de la firma en cuestión.

Entendemos por posición dominante el poder de incidir sobre condiciones estructurales que faciliten las dos estrategias centrales de los medios de comunicación comerciales: lucrar e influir.

Ambos aspectos están a su vez mutuamente relacionados. Esta es una de las claves centrales desde donde pensamos debe interpretarse el proyecto de declarar un insumo como el papel para periódicos como de «interés público» y creemos imperioso legislar sobre la materia.

No hace falta ser un experto economista para comprender que una empresa con su principal insumo «garantizado» en cuanto aprovisionamiento, precio, calidad, financiamiento, etcétera, será tanto más próspera y tendrá mayor capacidad para planificar su desarrollo que otra cuyo insumo es procurado de manera absolutamente inestable. Esta situación, ubicada en un escenario donde, en determinadas regiones con mercados seductores para los grandes diarios, se entabla una competencia por la pauta publicitaria tanto privada como estatal, entre quienes controlan el insumo y quienes no lo hacen, no tarda en definir medios en condiciones de crecer y medios condenados a estrategias de supervivencia -en el mejor de los casos-.

La situación generada desde 1977 con el Papel en Argentina definió tanto un modelo de mercado concentrado, donde hubo ganadores y perdedores por razones que no dependieron de sus propias capacidades, pero también un modelo comunicacional centralizado desde Capital Federal, donde los algunos «decires» contaron con mayores posibilidades de amplificación que otros. Una idea cabal de esto la da el discurso de inauguración de la planta de Papel Prensa, el 26 de septiembre de 1978, donde Videla dejó expuesta la estrategia de medios: «A veces es indispensable el callar y la prudencia de un silencio cuando está en juego el bienestar común».

¿Cuáles fueron los beneficios de las condiciones estructurantes para los medios propietarios de Papel Prensa?

Para el caso de Clarín, Jorge Fontevecchia, director del diario Perfil, dirá: Si Clarín no tuviera Papel Prensa gastaría 10 millones de dólares más en papel por año por mayor precio. Además tendría que tener un stock de dos meses más de papel, que hoy no necesita porque siendo el dueño de la fábrica no precisa cubrirse frente a la falta de provisión. Dos meses son 17 mil toneladas, a 500 dólares cada una, son otros 8,5 millones de dólares que debería inmovilizar.

– Clarín, en lugar de pagar el papel entre 90 y 120 días, como hoy se lo cobra Papel Prensa, pasaría a pagar al contado (o a inmovilizar crédito en cartas de crédito). Tres meses y medio de crédito de consumo de papel equivalen a pagar anticipadamente otras 30 mil toneladas, que a 500 dólares cada una suman otros 15 millones de dólares de caja.

– En síntesis, habría una pérdida económica de 10 millones de dólares anuales por mayor precio, más una inmovilización de caja por mayor stock y pago no financiado de otros 18,5 millones de dólares (8,5 y 10 millones, respectivamente). En total, un primer año de Clarín sin que existiera Papel Prensa le quitaría 28,5 millones de dólares.

Mientras tanto, la otra historia indicará que tras 30 años de este esquema, los diarios regionales debieron vender a grupos económicos con capacidad de compra, entre ellos los propietarios de Papel Prensa; debieron endeudarse; se cooperativizaron tras quebrar; sobreviven a duras penas, sin poder agregar páginas ni diversificarse, o directamente cerraron.

Las condiciones estructurales para un periódico regional

La existencia de medios regionales, de alcance local o zonal, muchos de ellos centenarios, permaneció invisibilizada hasta no hace mucho tiempo atrás para incluso para el propio Gobierno Nacional, pero su aporte al desarrollo comunitario y las economía regionales es incuestionable. Sin ir más lejos, el debate sobre la distribución de la pauta publicitaria del Estado, en agenda parlamentaria por estos días, debe necesariamente interpretar esta notoria postergación.

Según sostiene el constitucionalista Julio Miguel Rodríguez Villafañe:

«En el país hay cientos de diarios, periódicos y revistas organizados como pequeñas y medianas empresas comerciales (pymes) o cooperativas.

Estas publicaciones, producto del esfuerzo por superar la concentración, le dan voz a diferentes problemáticas, sectores sociales, barrios, localidades, ciudades y regiones del país. También ayudan a preservar identidades culturales y garantizan que se puedan ejercer derechos humanos básicos, como los de información, comunicación, educación, recreación, la salud, participación democrática, control de gestión gubernamental, formación de opinión pública, entre otros. Asimismo, generan fuentes de trabajo y dinamizan

la economía del lugar. Se debe tener presente, que muchos negocios o empresas locales no tienen la capacidad económica o la necesidad de publicitar en grandes medios nacionales, los bienes o servicios que ofrecen. De no existir medios locales, no podrían hacerse conocer o lo tendrían que efectuar abonando montos innecesarios».

Si bien la mayoría de los pequeños y medianos medios gráficos locales no están auditados en su circulación por ninguna institución o consultora, con un simple relevamiento en los dos o tres quioscos de venta de diarios que tiene cada comunidad, fácilmente se puede determinar que la relación es de un 85 a 90 % del total de las ventas para el medio local, contra el 10 o 15 % restante que se reparten los medios capitalinos.

Así, a partir de la devaluación de 2002 y de un día para otro, el papel para periódicos nacional pasó a costar de $ 500 a $ 2000 la TNL.

Para evitar su quiebra, centenares de publicaciones locales se vieron obligadas a ajustar reduciendo a la mitad el papel que compraban (y por ende la entrega de sus contenidos). Desde entonces a la fecha, Papel Prensa aumentó el papel para diarios un 420 por ciento (pasó de $ 500 a $ 2603 la Tnl), mientras que, los dos únicos ingresos genuinos de la mayoría de los diarios locales (el precio de tapa y el centímetro de publicidad), crecieron apenas un 150 por ciento en dicho período.

Según informaciones periodísticas, el precio de la tonelada del papel nacional varía: Papel Prensa lo vende a 635 dólares, pero a Clarín y La Nación, le cuesta unos 520 dólares. Nos parece adecuado que este dato sea relevado e informado por el Estado Nacional.

El precio del importado oscila, pero siempre es más caro: entre 650 y850 dólares, según datos del mercado. Hace un año y medio, al momento de constituírse Dypra, el costo del importado superaba los 1.000 dólares.

Hoy, el consumo total de papel para diarios en la Argentina es de entre 220 y 260 mil toneladas anuales. El 75 por ciento de ese mercado lo abastece Papel Prensa: son, según los datos de Clarín, 176 mil toneladas. De esa cifra, 120 mil las usan Clarín y La Nación. El resto se importa sin arancel.

Creemos desde Dypra, que es probable a veces, la importación es más «barata» que la producción nacional y es en esos momentos donde la disponibilidad de lo producido en Argentina se flexibiliza. Pero los buenos precios internacionales pueden obtenerse cuando se negocia en grandes cantidades, cuestión que está lejos de periódicos que venden 2.000 o 3.000 diarios en poblaciones de 40.000 habitantes. No obstante, su «pequeñez» ante los ojos de las grande urbes, la sumatoria de estos periódicos conforman una verdadera red informativa con un profundo anclaje en las comunidades del interior. Esta red, lejos está de poderse adaptar a las altas y bajas de los precios internacionales. Lejos está de poder consolidar proveedores internacionales y más lejos aún está de poder negociar precios.

Un ejemplo: El Diario de Villa María, empresa cooperativa, con una tirada de 6.000 ejemplares, es el periódico más importante de la zona de influencia de esta rica cuenca lechera. Los villamarienses leyeron su periódico impreso sobre papel chileno, ruso, estadounidense, canadiense, incluso hasta chino. A diferencia de un diario grande o mediano, de los que son atendidos regularmente por Papel Prensa o que pueden importar hoy a 500 dólares por tn, la definición de sobre que soporte imprimir no es una elección de estrategia de costos, se trata de imprimir sobre «lo que se consiga», pagando en la actualidad cerca de 800 dólares por tonelada a revendedores.

¿Qué tipo de información no pueden agregar o recortan los diarios del interior sin acceso «facilitado» al papel? Generalmente, por su firme inserción comunitaria, la información que se recorta es la nacional.

Es decir, se pierde mirar el país, sus avances y problemáticas, con los «ojos del lugar de pertenencia». Y esa mirada se reemplaza por la de los medios capitalinos, que también son de la región de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Se afecta así, también, la construcción simbólica de un país desde y para cada aldea. Se impacta sobre la posibilidad de construir un verdadero federalismo. Se acentúa el relato construido desde «el puerto»…

Lucrar e influir. Se influye a nivel de contenidos desde la capital hacia el interior. Pero también se lucra en el mismo sentido. Aún vendiendo 9 a 1, la sumatoria de la pauta publicitaria de los medios gráficos del interior está lejos de la sumatoria de los medios gráficos capitalinos.

Un ejemplo -entre tantos- de la influencia de los medios capitalinos en los diarios del conurbano bonaerense: Clarín, a través de sus suplementos zonales, ha dejado en una situación de desventaja a las publicaciones de alcance comunal. José Cáceres, director del diario Info Sur, de Florencio Varela, señala que desde que Clarín sacó hace un año un zonal que abarca este municipio, Quilmes y Berazategui, se hizo imposible para aquella publicación acceder a la publicidad de grandes firmas con interés en anunciar en esa zona.

La alternativa de anunciantes de influencia nacional -oficial y privada-, que hasta hace algunos años representaba un ingreso con el que podían hacer una diferencia, se terminó a partir de un mito interesadamente construido, que los lobbys de algunos diarios editados en la Capital Federal, mal llamados nacionales, le impusieron a los planificadores de medios, en el sentido que: «pautando con ellos, salen en todo el país».

Breve historia del desarrollo de la situación, mirada desde los diarios regionales

El tema del papel para periódicos no es es un emergente de esta coyuntura, más bien aparecen las condiciones políticas para debatirlo.

Para terminar de comprender sobre qué situación estamos parados los medios regionales y sobre la que se debe intervenir, es necesario que retrocedamos algunos años.

En 1969, el gobierno de facto de Onganía impulsó un proyecto de sustitución de importaciones de papel prensa, cuyo consumo provocaba un persistente drenaje de divisas al país y la queja histórica de las editoriales nacionales. Con el fin de financiar la participación del Estado Nacional como impulsor del proyecto, el gobierno estableció por una década un impuesto del 10 % a la importación de papel de diarios.

Todos y cada uno de los diarios argentinos existentes por entonces, pero también los lectores y anunciantes, las comunidades a las que enlaza cada periódico, hicimos ese aporte.

Concebido para el sector privado, se estableció un mecanismo de adjudicación del proyecto industrial por concurso público internacional, declarado desierto en su primera instancia al no cumplir ninguno de los 4 oferentes con el 100% de las exigencias. No obstante, el gobierno del general Lanusse posteriormente adjudicó el proyecto al primero en la calificación de esa compulsa: el Grupo Abril SA.

Pocos años después, durante la tercera presidencia del general Juan D. Perón, el grupo Abril se desligó de su paquete accionario. Quien adquiere estas acciones es el grupo Graiver.

Bajo presiones del gobierno militar (que la Justicia Argentina deberá determinar con precisión en qué consistieron exactamente) el 18 de enero de 1977 la empresa quedó en manos de los diarios capitalinos Clarín, La Nación, La Razón y el Estado Nacional. Un dato a destacar es que por aquel entonces, el gobierno de facto encabezado por Videla pide a los socios privados de Papel Prensa que vendan a diarios del interior un alto porcentaje de las acciones en las mismas condiciones en que las compraron, cuestión que es rotundamente rechazada por los diarios capitalinos.

Los diarios del interior se hicieron eco, por entonces, de la situación: «Es deplorable que un simple juego de intereses haya colocado a tres destacados exponentes del periodismo en una posición antinómica con la mayoría del periodismo nacional», decía en sus páginas el diario cordobés La Voz del Interior, que por aquel entonces era propiedad de la familia Remonda y hoy pertenece al Grupo Clarín.

Publicaba en marzo de 1979, esta nota remitía a un documento de la Asociación de Entidades Periodísticas de la República Argentina (Adepa). El precio del papel «constituye una amenaza a la libertad de prensa en la medida que puede determinar el cierre de periódicos que luchan por sobrevivir», continuaba la nota citando a Carlos Ovidio Lagos -por entonces presidente de Adepa y dueño del diario La Capital de Rosario-. «La industria del papel de diario no debe montarse a expensas del periodismo nacional con un alto costo que lesione la libertad, para beneficio exclusivo de los tres diarios copropietarios asociados al Estado», sentenciaba la entidad que reúne a los periódicos.

También en marzo del ’79, junto a Adira (la asociación de los diarios del interior), Adepa solicitó por entonces «al ministro de Economía, José Alfredo Martínez de Hoz, la anulación del contrato firmado entre el Estado nacional y Papel Prensa, al que atribuyen violaciones a principios jurídicos y constitucionales que importan un ataque a la libertad de expresión».

Cuentan los editores memoriosos, que además de Ovidio Lagos y los representantes de La Voz del Interior, quienes conducían La Arena de La Pampa y Comercio y Justicia de Córdoba -entre otros-, fueron algunas de las voces que se oponían al lugar dominante que adquirirían los diarios capitalinos tras el traspaso de acciones de la productora papelera.

Pero el debate por el control del papel (que no es más que el debate por el control de la palabra impresa y por el mercado publicitario gráfico, cuestión que hace 30 años tenía un peso relativo mucho mayor al actual), ni siquiera nace con la transferencia de acciones de Papel Prensa.

Mucho antes de la existencia de la empresa papelera, en una asamblea de la mencionada Adepa, dos de sus miembros –dueños de diarios provinciales– propusieron crear una fábrica de papel bajo la forma cooperativista. Cuentan editores informados de primera mano sobre el asunto, que los miembros de los diarios porteños «se les rieron en la cara» ante la mínima posibilidad de que todos los diarios, grandes o pequeños, pudieran tener los mismos derechos de acceso al papel.

La posición dominante por parte de las empresas capitalinas no se limitó a la transferencia de acciones que la dictadura hace. Luego de la puesta en marcha de la planta en 1976, «se elevó el arancel de importación de papel a 44-48% para que no hubiera otra escapatoria que comprarle a esa fábrica a precio exorbitante», según lo afirma el periodista Jorge Lanata.

Pasaron 11 años para que durante el Gobierno del presidente radical Raúl Alfonsín se diera término a esa inequitativa situación, al eliminar en 1987 los derechos y aranceles para la importación de papel con fines editoriales. Esta situación mejoró, sin dudas, la capacidad de desarrollo de los medios que no tenían acceso irrestricto al papel nacional. En la hemerotecas de numerosos medios del interior se puede notar un seguimiento sobre esta cuestión de permanente preocupación.

Más tarde, durante los Gobiernos del presidente Carlos Menem, las empresas dueñas de Papel Prensa, se vieron nuevamente beneficiadas por las modificaciones de la Ley de Radiodifusión y, en desmedro de los actores pymes regionales, desarrollaron su integración horizontal, comprando empresas gráficas del interior golpeadas por años de sobreprecios de papel y por el proceso hiperinflacionario. El 2001 significó la estocada final para muchos de estos emprendimientos.

Periódicos familiares con varias décadas de historia, cuyos nombres se identifican con diferentes ciudades o provincias de nuestro país, debieron ser vendidos a empresas más grandes, acentuando el proceso de concentración económica del sector; muchas otras, fueron «aguantadas» -por editores con vocación- con otra actividad económica o a fuerza de endeudarse y reducir páginas; y también, hubo empresas que cerraron y fueron recuperadas por sus trabajadores que apelaron a la solidaridad cooperativa y evitaron de esta manera que sus comunidades perdieran sus medios de comunicación.

La necesidad de legislar para genera un nuevo escenario de condiciones

estructurales para la prensa argentina

El papel es soporte de contenido tanto publicitario como informativo, es decir: es soporte de derechos constitucionalmente reconocidos, incluida la libertad de prensa. Al respecto, la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina ha afirmado que «las empresas periodísticas configuran el ejercicio privado de funciones de interés social y su actividad está dirigida al bien de todos y cada uno de los miembros de la comunidad», (Fallos: 316:2845). A su vez, estableció, reiteradamente, que la función de la prensa ayuda a cuidar la «esencia democrática contra toda posible desviación, al extremo que sin su debido resguardo existiría tan sólo una democracia desmedrada o puramente nominal», (Fallos: 248:291, 325; 310:1715).

Un argumento que hemos escuchado a repetición utilizado en contra de legislar sobre el asunto del papel para periódicos, involucra una interpretación de la cita al inciso 3 del artículo 13 de la Convención Americana de DDHH que dice textualmente: «No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones». En este mismo orden, también se invoca el 32 de la Constitución Nacional donde textualmente se puede leer: «no dictar leyes que restrinjan la libertad de imprenta».

Ambas restricciones, sabias a los fines de favorecer la producción y consumo informativo como fuente insustituible de calidad democrática (muy bien definido por nuestra Corte Suprema, carecen de peso argumental cuando lo que se busca va precisamente en dirección de lo que se busca proteger. El artículo 32 no significa, en modo alguno, que el Congreso no puede legislar nada que tenga que ver con la prensa. Significa que sólo puede ir en el sentido de favorecerla.

En este sentido se debe interpretar el principio Nº 12 de la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de DDHH: «Los monopolios u oligopolios en la propiedad y control de los medios de comunicación deben estar sujetos a leyes antimonopólicas por cuanto conspiran contra la democracia al restringir la pluralidad y diversidad que asegura el pleno ejercicio del derecho a la información de los ciudadanos».

Creemos que si el Estado Nacional permitió consolidar una posición dominante a un grupo de empresas de medios capitalinos en cuanto a la fabricación y provisión de Papel Prensa, conservando para si un paquete accionario que la coloca como el segundo asociado en importancia, no sólo tiene el derecho sino la obligación de definir su rol en esa empresa en representación de todos los argentinos, sino que además está obligada como parte interesada.

Pero por otra parte, ante la integración vertical de dos empresas en una actividad que tanto la Convención Americana de Derechos Humanos como nuestra Constitución Nacional ordenan proteger con especial atención, es deber del Estado -y ya no del Gobierno- morigerar para el resto de los medios los efectos reales y potenciales esas condiciones estructurales.

Es así que entendemos desde Dypra, que con la declaración del papel para periódicos como «bien público» se busca incorporar una ley que mejore las condiciones estructurales a todos los emprendimientos editoriales, con o sin fines de lucro, para que puedan ejercer la Libertad de Imprenta.

¿Qué propone Dypra?

Alternativas que podrían desarrollarse, en alguna de sus variedades, partiendo de comprender y legislar en el sentido de que el insumo se declare de Interés Público:

Definir el rol del Estado en Papel Prensa e institucionalizar su misión

Dada la arquitectura que por acción del Estado posibilitó la integración vertical de una productora local monopólica de papel, con los dos medios periodísticos más importantes del país, es preciso institucionalizar la participación societaria del Estado en Papel Prensa y definir el rol del Estado en esa empresa por una Ley del Congreso. Pensamos que ese rol, como segundo socio de la empresa, debe ser contribuir a igualar las condiciones de acceso al papel para periódicos producido en esa planta.

Realizar un fuerte estímulo al asociativo empresario

Esto impactará sobre todo en los medios más pequeños. Fortaleciendo su rol para «negociar» insumos como pauta publicitaria. Se generarán herramientas y planes de apoyo al asociativismo empresario que se oriente a la búsqueda de nuevas fuentes de aprovisionamiento de papel de periódicos, o el fortalecimiento de su capacidad negociadora tanto en productoras del mercado interno como a la hora de importar. La promoción puede incluir beneficios impositivos a quienes participen en clubes de compra y acuerdos con el sistema bancario para el financiamiento y desarrollo de la operatoria importadora.

Estimulo Fiscal al reciclaje de papel de diario

El papel de diario se recicla en todo el mundo, algo que se está aprovechando cada vez más por razones económicas y -fundamentalmente-ecológicas. Debería profundizarse el análisis de esta alternativa y promoverse su adopción, involucrando a los municipos, al cooperativismo, etc.

Eliminación progresivo del IVA del papel a consumidores de menor escala

A los fines de promover a las publicaciones de menor tirada, se podría eliminar el IVA del precio del papel según escala de Sepyme o en el caso de entidades sin fines de lucro. Debiendo registrarse y auditarse esa condición. También podría volcarse ese IVA a cargas patronales, o a los monotributos en el caso de las cooperativas de trabajo.

Fomentar la reconversión de papeleras existentes en el país

Podría incentivarse a los diarios más pequeños a participar en la capitalización de empresas papeleras en condiciones de ser reconvertidas, y así asegurarse la provisión de papel a largo plazo, y también permitirles participar de la potencial rentabilidad del negocio papelero, equiparando la ventaja de los grandes competidores como y Clarín, que cuentan con integración vertical.

Debe analizarse la posibilidad de conceder exenciones impositivas y/créditos a tasa blanda a empresas papeleras alternativas a Papel Prensa SA, para estimular la producción local de papel de diarios, hasta lograr determinada cuota de mercado.

Crear un organismo integrado de seguimiento de la cadena de valor del papel para periódicos en Argentina.

Si se declara de interés público la actividad, amerita a que un órgano representativo y pluralista verifique la cadena de valor papelera, quedando por imperio de la Constitución afuera de su competencia los contenidos que sobre el papel se impriman.

La cadena de valor abarca desde la materia prima hasta la disposición de los diarios descartados. Entendemos que este concepto permitirá cumplir mejor con el objetivo.

– Entre sus misiones, esta entidad tendría el papel de controlar del impacto ambiental de la producción papelera, con el concurso de organismos como el INTI.

– Debería auditar las negociaciones de asociaciones de compradores de papel para periódico y las papeleras, las asignaciones de cupos, etc.

– Actualmente la administración de la tenencia accionaria del Estado en Papel Prensa, la realiza el Ejecutivo, el organismo propuesto podría ejercer un control de gestión general de la empresa una vez que el Estado Nacional institucionalice su misión en esa empresa.

– También debería verificar, con el concurso de Universidades, la circulación de medios comerciales, a los fines de observar todo el circuito.

– Este órgano haría un estudio pormenorizado y permanente de la Importación de de papel de diarios y sus costos, a fin de analizar la posibilidad de reducir la incidencia de cualquier tipo de gastos. Y se relevará el funcionamiento de la RISE (Registro de Importaciones del Sector Editorial), que identifica al sector promovido con arancel cero.

Creemos que se podría generar un órgano de control equivalente a la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA), donde intervengan los consumidores de papel para periódicos (Estado, medios comerciales y sin fines de lucro), los estados provinciales, representantes del Congreso Nacional, incluso entidades de defensa de consumidores, de forma de garantizar el pluralismo y la independencia en el manejo del mercado de papel para periódicos en el país. Incluso a nivel de representantes del Congreso, se podría hacer hincapié en la representación agravada de la oposición (fortalecimiento del principio control).

En síntesis: Como empresarios pymes y cooperativos de la industria cultural de los medios de comunicación gráficos, pero también como anunciantes y como lectores, solicitamos a los Representantes del Pueblo, a que avancen para que deje de ser patrimonio de un pequeño grupo de medios capitalinos «el control de la palabra impresa», legislando una norma que garantice precio, calidad, cantidad y provisión permanente sobre el insumo para todos los emprendimientos nacionales (comerciales y no comerciales), y de esa manera, se revierta una cuestión postergada por años por el Estado Nacional.

Muchas gracias

Nahúm MIrad

Presidente de Dypra