Emilio Luque es un empresario de Tucumán que en octubre del año 2019 provocó la quiebra de su cadena de supermercados en la provincia, dejando en la calle a 1.200 familias y, además tiene un embargo de la AFIP por una deuda impositiva de 200 millones de pesos. Todo ese proceso fraudulento de cierre y despidos masivos lo llevó a cabo evitando declarar la quiebra durante largos meses mediante los cuales suspendió el pago de los salarios para que, ahogados por las necesidades, los trabajadores aceptaran su oferta de retiros voluntarios e indemnizaciones al 60% del valor que le hubiera correspondido, que encima pagó en 13 (trece) cuotas.
Paralelamente, Emilio Luque adquirió los Ingenios Concepción y Marapa, con sus 3.400 hectáreas de caña, a la empresa Atanor en el año 2016, por 200 millones de dólares. De esta manera se convirtió en el productor azucarero más importante de la provincia. Por lo que no se entiende porque el Fisco, nacional y provincial, no auditan sus cuentas para saber cómo fue que generó esos 200 millones de dólares y como compró para sí, en los cuatro años de la gestión de Macri, 17.802.944 dólares, cuando no paga impuestos por esa suma y tiene deudas con la AFIP y, se infiere que, también tiene deudas con la Dirección General de Renta de la Provincia
De igual manera hay que llamarlo a Marcelo Midlin y decirle como hizo su grupo económico “Pampa Energía” para comprar 903,9 millones de dólares, si no pagó impuestos a las ganancias en ese período en forma proporcional a ese monto.
El BCRA en un trabajo titulado “Mercado de cambios, deuda y formación de activos externos, 2015-2019”, sostiene que fueron casi siete millones de personas físicas y jurídicas las que compraron 86.200 millones de dólares en la gestión de Cambiemos, pero los 100 (cien) primeros lo hicieron por 24.679 millones de dólares, por ende se debe llamar a los titulares de esas cien firmas y decirle señores ustedes no pagaron impuesto a las ganancias por el monto de dólares que compraron, de donde extrajeron esa suma, con lo cual se logra hacer, además, un avance sobre las contabilidades paralelas y la evasión tributaria.
Nunca se comunicó oficialmente quienes eran los que compraron dólares en la gestión de Macri, entre ellos y principalmente, los 100 primeros fugadores, pero el medio digital “El Cohete a la Luna” con fecha 24 de mayo de 2020, en una nota titulada “Los Cien de Macri”, afirma (y nunca fue desmentido ni por las empresas y personas invocada, ni por el BCRA), que entre esos grande fugadores de capital encabezan el lote Telefónica Argentina con 1.248,2 millones de dólares y Pampa Energía SA (del grupo Midlin y Josep Lewis) con 903,9 millones de dólares[1], y cuenta con empresas como Monsanto Argentina SA (donde hizo toda su carrera Gustavo Idígoras, actual Presidente de CIARA-CEC y conspicuo miembro del Consejo Agroindustrial Argentino); Grupo Clarín con Directv Argentina S.A. y Telecom Argentina SA; el grupo Techint con Siderar SA; Hidrovía Paraná SA (que es la empresa que tiene la concesión del dragado del Río Paraná que vence este 30 de abril de 2021); Aceitera General Deheza, una de las grandes beneficiadas con tres puertos propios (uno de ellos socio con la multinacional Bunge) en los 70 kilómetros del nodo portuario del Gran Rosario-Santa Fe; y también están Arcor SA de la familia Pagani; el Grupo Galicia de los Braun, Ayerza y Escasanny[2]; el Banco HSBC; y el Grupo IRSA de Eduardo Elsztain, entre otros.
Nuestro país no tiene un problema de restricción externa clásico, esto es, no es que necesitamos que crezcan las exportaciones para que la economía lo haga en forma sostenida y compatible con la balanza comercial. De hecho, desde el año 2003 hasta el año 2020 el superávit comercial acumulado (las exportaciones superaron a las importaciones) en 156.712 millones de dólares, que es una suma significativa en cualquier lugar del mundo.
El problema real es que esa suma obtenida por un brutal ajuste externo, se fuga casi en su totalidad, es más, no solo se fuga ese superávit comercial, sino que incluso se endeuda al país, pero no para hacer obras de infraestructuras, para construir viviendas, para hacer puentes, caminos represas, tener nuestra propia marina mercante o una suficiente red ferroviaria, no, sino que nos endeudamos para que una minoría fugue capitales al extranjero.
La economía Argentina es un importante exportador de alimentos, según informa la Bolsa de Comercio de Rosario el nodo portuario del Gran Rosario, que abarca al complejo industrial oleaginoso y portuario que en 70 kilómetros de costa sobre el Río Paraná que van desde la localidad de Timbúes (al norte) y hasta Arroyo Seco (ubicada al sur de la ciudad) y donde se encuentran localizadas unas 31 (treinta y uno) terminales portuarias que operan distintos tipos de cargas, de las cuales unas 21 (veintiuno) despachan granos, aceites y subproductos; se convirtió en la zona portuaria de exportación de productos más importante a nivel mundial, le sigue después el distrito aduanero estadounidense de Nueva Orleans, Luisiana, en Estados Unidos y en tercer lugar por volumen exportado se ubica el puerto brasilero de Santos. En 2019, desde el polo rosarino se despacharon 79 millones de toneladas granos, harinas y aceites y en el año 2020 superó los 80 millones de toneladas, mientras que del puerto norteamericano y del brasilero salieron 64,45 y 42,65 millones de toneladas respectivamente.
Pero no solo no hay control sobre la producción y su exportación, sino que se declara una parte, pero es importante la subfacturación de exportaciones y de esa forma se fuga. En la gestión de Cambiemos se fugó todo el superávit comercial (declarado y no declarado) y además el país se endeudó por más de 100.000 millones de dólares.
No es justo que el pueblo argentino, que viene de sufrir las consecuencias del gobierno de Cambiemos y de la pandemia, pague esa deuda. Primero, antes que nada, se debe auditar exhaustivamente como hicieron los Luque y los Midlin para comprar los millones de dólares que compraron. Es más, de ese modo se debe recuperar gran parte de esa fuga para amortizar gran parte de la deuda con el FMI.
[1] En ambas empresas (Telefónica y Pampa Energía) Larry Fink titular del fondo BlackRock, reconoce que tiene participación en su capital.
[2] Larry Fink reconoce participación en el capital accionario del Grupo Banco Galicia, y en el Banco Santander.