Emitida el 19 de noviembre de 2012, la resolución del tribunal de Naciones Unidas, con sede en La Haya, Holanda, concita el interés regional y su puesta en práctica enfrenta la reticencia de las autoridades de Bogotá. Según el mandatario colombiano, Juan Manuel Santos, en lo dispuesto por la Corte hay inconsistencias, errores y omisiones, en perjuicio de la soberanía y los recursos de su país.

Por su parte  el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, lamentó la postura de su homólogo: “Nos preocupa el mensaje del presidente de Colombia; primero afirmó que el fallo de la CIJ es definitivo e inapelable en lo concerniente a los derechos de su país, para luego exponer lo contrario en el caso de Nicaragua”. Y agregó  que ya controla la zona marítima otorgada por un fallo de la Corte de La Haya, hasta ahora en poder de Colombia, que en su primer reacción oficial consideró «lógico» que Managua decida ejercer su soberanía y ratificó que aspira a abrir un diálogo con ese país.Mediante el veredicto de la CIJ, Nicaragua recobró área marítima al ser reconocido su derecho a las 200 millas náuticas de zona económica exclusiva y las prerrogativas sobre plataforma continental.De acuerdo con cálculos preliminares del Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales, se recuperaron alrededor de 90 mil 350 kilómetros cuadrados de espacio marítimo usurpado durante años.Aunque la nueva frontera extendió la soberanía de Nicaragua hacia el este del meridiano 82, mantiene una franja marítima de jurisdicción colombiana a la altura de las islas de San Andrés y Providencia, así como un radio de 12 millas náuticas alrededor de los cayos Serrana y Quitasueño.Con la sentencia del 19 de noviembre, la Corte puso fin a un pleito de 11 años ante ese organismo de Naciones Unidas, cuyo primer pronunciamiento en 2007 confirmó la soberanía colombiana sobre las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. También consideró entonces que el meridiano 82 no constituía límite fronterizo y se declaró competente para dictaminar sobre el tema.En su juicio final, la CIJ reconoció validez y vigencia al Tratado Bárcenas Meneses-Esguerra (1928), rechazado por Nicaragua en 1980, porque cedió territorios a Colombia, en condiciones anómalas, «con vicios de consentimiento», pues el país estaba ocupado militarmente por Estados Unidos.Al mismo tiempo, el tribunal descartó jurídicamente que el tratado de 1928 establecía una frontera en el meridiano 82, como planteaba Bogotá, y reconoció para Nicaragua mayor espacio territorial en el mar Caribe.REFERENTES Y LECTURAS En artículo sobre la controversia, retomado por la publicación Informe Pastrán, el actual embajador de Nicaragua en España, Augusto Zamora, sustentó la importancia de auxiliarse de la historia para comprender los orígenes del conflicto.»Lo primero que hay que tener en cuenta es que este no es un diferendo limítrofe, geográfico. Colombia no tiene fronteras con Nicaragua. Dista más de dos mil kilómetros de la Costa Atlántica nicaragüense y entre Colombia y Nicaragua se interponen Costa Rica y Panamá», observó.Todo comenzó a fines del siglo XVIII por disposiciones del colonialismo español para hacer valer su autoridad territorial en América frente a las pretensiones igualmente expansionistas de la corona británica.Ramos recordó el carácter inapelable e ineludible de la sentencia de la CIJ, de acuerdo con las normas del derecho internacional: «En este caso concreto, la Corte reafirmó su jurisdicción y Colombia concurrió a la Corte, participó del procedimiento, contestó las memorias, por lo tanto no puede ahora decir que no lo reconocen».El ministro nicaragüense de Energía y Minas, Emilio Rappaccioli, consideró que el veredicto de la CIJ devolvió al país áreas con una gran riqueza marítima, óptimas para la pesca en distintas modalidades. “Además, la zona cuenta con potencial petrolero, en cuyo estudio podrán participar empresas fextranjeras, mediante contratos de exploración y prospección, sujetos a requisitos en materia medioambiental, refirió el funcionario. Investigaciones científicas señalan la existencia de yacimientos, con posibilidades de explotación comercial”, resumió.Similares perspectivas reconoció la titular del Ambiente y los Recursos Naturales (Marena), Juana Argeñal, quien comunicó la decisión de aunar esfuerzos entre Instituto de la Pesca, alcaldías y gobiernos regionales para la protección y el uso de los abundantes recursos pesqueros devueltos al país.La ampliación de la plataforma marítima de Nicaragua significa mejores oportunidades para los pescadores artesanales, en aras de desarrollar faenas amigables con el medio ambiente, sin afectar las especies, aseveró.Respecto al rechazo del fallo por parte del presidente colombiano, Ortega dijo, citado por la agencia noticiosa DPA, que pese a ello Nicaragua está «obligada a vigilar la zona» que desde hace ocho días le pertenece.

«Estamos listos para que se vaya dando ese retiro de las naves de guerra de Colombia que están en labores de vigilancia, tal y como lo ordenó el presidente Santos en su momento», añadió.

Ortega reveló que ha establecido comunicación con la canciller colombiana, María Angela Holguín, para que «decidan de una vez por todas acatar el fallo» y que «se pueda avanzar más rápidamente en el cumplimiento» del mismo.

También dijo que su gobierno le ha comunicado a otros países con costas en el Mar Caribe (como Honduras, Costa Rica y Jamaica), que ya no deberán pedir permiso a Colombia sino a Nicaragua para poder faenar en el área.

No obstante, Ortega aclaró que Nicaragua respetará el derecho de los pueblos originarios del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina y de los cayos adyacentes que pertenecen a Colombia pero quedaron rodeados por mares nicaragüenses.

La CIJ adjudicó a Bogotá la totalidad de los siete cayos en litigio: Serrana, Quitasueño, Albuquerque, Bajo Nuevo, Este-Sudeste, Roncador y Serranilla.Recordemos que Nicaragua demandó a Colombia ante la CIJ en 2001, con el ánimo de recuperar el archipiélago de San Andrés, cedido a Bogotá mediante un tratado en 1928.

Por su parte, el ministro de Interior de Colombia, Fernando Carrillo, afirmó, respecto al anuncio de Ortega, que «es una reacción lógica a un fallo de la CIJ, pero el punto es poder tener un diálogo de aquí en adelante, que es lo que han planteado el gobierno de Colombia y la Cancillería».

La afirmacion de Carrillo a su llegada a una plenaria de la Cámara de Representantes en la isla colombiana de San Andrés, que forma parte del archipiélago objeto del litigio entre los dos países, es la primera reacción oficial a la actitud asumida por Nicaragua tras el fallo de La Haya.

En tanto, la canciller Holguín hizo un llamado a la «tranquilidad» y sostuvo que las fragatas de la Armada colombiana permanecen donde siempre han estado, en aguas continentales.»No creo que se vaya a presentar un incidente porque las fragatas están en mar territorial colombiano», argumentó.

Por otra parte, un equipo de seis abogados colombianos expertos en Derecho Internacional, creado por el presidente Santos, apoyará el estudio de «los cursos de acción jurídicos» relacionados con el fallo de la Corte de La Haya sobre el diferendo de límites marítimos con Nicaragua, y los recursos que se interpondrán para rechazar lo que consideran «las inconsistencias» del dictamen.

El abogado Rafael Nieto, que integra el equipo creado por Santos, dijo hoy, minimizando el fallo, que «ahí (la zona ahora nicaragüense) puede navegar cualquier Estado y puede sobrevolar cualquier Estado», y calificó de una «majadería» (torpeza) la declaración de Ortega sobre control soberano de esa área.

Por su parte, portavoces de la Armada colombiana citados por la agencia noticiosa EFE, aseguraron que esta institución cumple las órdenes del gobierno y mantiene su presencia en la zona hasta que las directrices cambien.Ayer el presidente Santos confirmó que se estudia retirar la firma del Pacto de Bogotá de 1948, que reconoce la soberanía del CIJ, aunque esa decisión no puede tener efectos retroactivos.

Por su parte, el abogado Carlos Argüello, jurista responsable del equipo de Nicaragua ante La Haya, sostuvo, citado por el portal de Managua El 19 Digital, que “Colombia va a pagar un precio muy alto por este incumplimiento, toda la comunidad internacional va a estar en (su) contra, incluso todos los países americanos”.

Agregó que el ex presidente colombiano Alvaro Uribe es el responsable del fracaso de Colombia en la CIJ, al recordar que fue durante su gobierno que se montó la estrategia jurídica de ese país para el juicio en La Haya.»Durante la mayor parte de este juicio, él era el presidente de Colombia; es el que daba las órdenes”, señaló.