Las razones para impedir su construcción en esas condiciones son varias y graves:
1) Es ilegal: se contrata en forma directa sin licitación y de espaldas a todo control incumpliendo la ley 670 y su modificatoria (ley 2710) y la ley Nº 13064.
2) Implica el desguace de SBASE (estatal) pues se contrata por el sistema “llave en mano” a un único Contratista: es como cuando una persona compra un televisor porque no sabe como construirlo, paga y lo usa. La diferencia es que SBASE posee los profesionales que más saben de cómo se construye un subte y, con seguridad, ellos serán los empleados por la empresa para la obra. El único túnel que construyó ese Contratista (Roggio por Metrovías) sin asistencia de SBASE se derrumbó no provocando víctimas pues ocurrió una madrugada de Domingo.
3) La obra carece de proyecto ejecutivo, o sea que se compra un televisor pero no se sabe nada de sus especificaciones: cuál será su definición, sus dimensiones, su sintonizador, su equipo de audio, etc. Nadie lo compraría.
4) La consecuencia de 3) ocasionará, a medida que se defina el proyecto, aumentos de costos por modificaciones (claro, si proyecto no había) por lo que los precios básicos se multiplicarán. Sería interesante que los funcionarios proponentes de tal desatino se obligaran a responder con su patrimonio a cualquier aumento de los precios pactados.
5) Se presentan precios básicos que superan el doble de los que paga hoy SBASE en sus obras.
6) Es doblemente ilegal pues se incumple la Ley 123 que obliga a un Estudio de Impacto Ambiental y a una Audiencia Pública. Entre los impactos más relevantes están los económicos, pues la deuda comprometerá el presupuesto en futuras gestiones. Además, ese Estudio obliga siempre a modificaciones de proyecto que agravan lo indicado en 3) y 4).
7) Por último, cabe señalar que la obra Línea G cuya traza fue realizada por SBASE y cuya necesidad es reclamada por los ciudadanos de la Capital se puede realizar como corresponde, legalmente, con los Fondos de la Ley 23514 y con partidas adicionales anuales (otorgadas por la Legislatura) de montos mucho menores a la cuota de la deuda que se deberá pagar si se construye irracionalmente por el método Macri.
