Sociedad

Procesan con prisión preventiva y multimillonario embargo

La Cámara en lo Penal Económico confirmó el procesamiento con prisión preventiva de un empresario de la construcción por evasión tributaria de los impuestos al valor agregado y a las ganancias, indicaron hoy fuentes judiciales.

La resolución dictada por el tribunal, que incluyó también un embargo de 15.000.000 de pesos sobre los bienes del procesado, recayó sobre Guillermo Hilario Pozzetti, como responsable de la firma Instalaciones y Servicios S.A.La medida había sido dictada en primera instancia por el juez Rafael Caputo, ante la denuncia formulada por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), querellante en la causa.A Pozzetti, quien estuvo varios años prófugo de la justicia, hasta que se presentó en noviembre último y obtuvo el beneficio de la detención domiciliaria, se le atribuyó el delito de «evasión tributaria agravada» por impuestos correspondientes al período 1997.En ese período el monto de la evasión, por omisión de registro en el libro IVA Ventas, habría sido de 2.095.126,60 pesos, de acuerdo a datos del sumario que instruye Caputo.La defensa del empresario apeló el fallo de primera instancia que dictó el procesamiento con las medidas accesorias, cuyos fundamentos calificó de «arbitrarios» e «incomprensibles».La defensa agregó que Pozzetti, cuya detención en un departamento del barrio Caballito de esta capital es vigilada por personal de la Prefectura Naval Argentina, tiene problemas de salud que debe atender.Al ratificar la resolución de primera instancia, los camaristas Nicanor Repetto y Roberto Hornos analizaron elementos de prueba reunidos en el sumario según los cuales el procesado padece de diabetes desde hace más de 15 años, sin haberse realizado ningún control médico en los últimos cinco.Los camaristas recordaron, además, que desde que se dictó la orden de captura, en diciembre de 2006, hubo dificultades para hallar al procesado.Repetto y Hornos destacaron que en el departamento donde vivía la mujer de Pozzetti, el mismo donde ahora el empresario cumple detención domiciliaria, negaban saber sobre el prófugo, quien solo pudo ser detenido luego de tareas de inteligencia.El presunto ilícito por el que se ordenó el procesamiento es el previsto en el inciso a) del artículo 2 de la ley 24.769, que establece pena de hasta nueve años de prisión.