Con carteles que pedían la erradicación de las arroceras ilegales, la demolición del terraplén sobre los esteros, y el fin del proyecto de Ayui, los manifestantes recorrieron ayer varias calles de la ciudad hasta instalarse frente a la casa de gobierno, ubicada en el centro de la ciudad de Corrientes.La protesta, que fue convocada por la organización ecologista, «Salvemos al Iberá», también fue acompañada por otros grupos de ambientalistas y voluntarios, además de vecinos de los pueblos que bordean a los esteros- Saladas, Concepción y Chavarría, entre otros-, que sufren las consecuencias de las constantes fumigaciones sobre campos arroceros de dudosa legalidad.Otro de los reclamos de los manifestantes que entregaron una carta al Ministerio de Producción-, fue el que se cumpla con lo dictado por el Tribunal Superior de Justicia de Corrientes, de demoler el terraplén que ya ocupa 26 kilómetros de longitud sobre los esteros, frente a la localidad de Concepción, y que la empresa Forestal Andina, constructora de la obra, se niega cumplir.Respecto de Ayui Grande, el titular de la Fundación Iberá, Enrique Lacour, dijo a Télam que estaban en contra del proyecto «porque se enmarca en la ilegalidad total».El proyecto incumpliría con el Decreto Ley de Monumentos Naturales Provinciales (ley 4736/93); la Ley provincial de Preservación y Conservación de los Bosques Nativos (ley 5175/97); y la Ley de «Interés Provincial» de la Preservación, Conservación y Mejoramiento del Medio Ambiente (ley 4731/93).»La pretensión de hacer desaparecer un ecosistema importante es algo inconcebible. Que dos o tres privados se apropien de un curso de agua de esa envergadura y que nos pertenece a todos, es inadmisible», agregó.Esa Unión Transitoria de Empresas (UTE), tiene previsto crear un lago artificial de 8.000 hectáreas para el riego de unas 20.000 hectáreas de cultivos de arroz, lo que provocará la pérdida del bosque en galería y la desaparición de especies emblemáticas y protegidas, como el lobito de río, declarado Monumento Natural Provincial.Además, provocaría la remoción total de la cobertura vegetal y buena parte de la fauna silvestre asociada; ayudaría a la pérdida de fertilidad del suelo y su compactación y enviaría importantes volúmenes de agroquímicos al sistema, según dijeron desde la Fundación Iberá.Asimismo, implicaría una intromisión en un arroyo (el Ayui) de importancia hídrica y biológica para el funcionamiento de la cuenca del Miriñay, que a su vez desemboca en el Uruguay, explicaron.Este último dato es el que esgrimió la Jefatura de Gabinete de Ministros, que con el patrocinio de la Procuración del Tesoro de la Nación, requirió ante la Corte Suprema de Justicia para que suspendan las obras, «a fin de garantizar el cumplimiento del Estatuto del Río Uruguay de 1975″.