El presidente de la comisión de Legislación del Trabajo, Héctor Recalde, presentó un proyecto de ley, que consta de 32 artículos, para que los trabajadores puedan participar del 10 por ciento de la ganancia empresarial. La Iniciativa, que ayer ingresó a la Cámara de Diputados, cuenta con el apoyo de la Confederación General del Trabajo (CGT) pero  recibió críticas de los sectores empresarios.El proyecto de participación de los trabajadores en las ganancias se instrumentará, en principio, en aquellas empresas con más de 300 empleados y un nivel de rentabilidad alta y, a los dos años de su promulgación, abarcará además a las que tengan hasta 100 trabajadores, según el artículo 31 de la norma.La distribución de ganancias se concretará una vez por año fiscal y tendrá carácter no remunerativo, por lo que estará exceptuada del pago de aportes y contribuciones patronales, y no será contemplada sobre la base salarial sobre la que se computa el pago del impuesto a las Ganancias.La iniciativa también prevé que las ganancias que se distribuirán entre el personal sean calculadas sobre la utilidad anual de la empresa, descontando el pago de impuestos y las inversiones.Además, establece que la proporción de ganancia que corresponderá a cada trabajador se determinará en base a la antigüedad, la categoría de convenio y el nivel salarial, quedando excluidos los directivos y gerentes de las empresas.Según el proyecto quedará fijada una parte del monto de ganancias a distribuir para ser destinado a crear un fondo solidario que financiará programas de asistencia o ayuda a trabajadores en negro y desocupados que perciben la asignación universal por hijo.A su vez se propone crear un Consejo Nacional de Participación Laboral en las Ganancias, que será la autoridad de aplicación de la ley y estará conformado por doce miembros, cuatro del estado, cuatro de la CGT y cuatro representantes de asociaciones de empleadores suficientemente representativas.La asociación sindical podrá fiscalizar la información proporcionada por la empresa y en principio quedan exceptuadas las empresas que tengan menos de dos años, a partir de la aprobación de la ley, y las de bienes y servicios de hasta cuatro años de antigüedad.