Por Miguel Julio Rodríguez Villafañe
Periodista y Abogado constitucionalista

En la reforma de la Constitución Nacional de 1994 se dio un paso fundamental en la problemática de los pueblos originarios. En ella se estableció el reconocimiento de “la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos”. Y se dispuso, que el Estado se debe comprometer en “garantizar el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural; reconocer la personería jurídica de sus comunidades, y la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan; y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano; ninguna de ellas será enajenable, transmisible ni susceptible de gravámenes o embargos…”, (art. 75, inc. 17).
En nuestra constitución se dejó plasmado firmemente el derecho indígena a su tierra, ya que ello hace a la esencia de su identidad cultural.
Hasta la fecha, no se han definido los territorios indígenas a reconocer de manera, adecuada y integral. La ley 26.160 de 2006, declaró por cuatro años, “la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias del país” y no podían ser desalojados. Después se prorrogó por otros cuatro años la emergencia, que vence en noviembre de este año 2017 y se discute ahora, después de los reclamos indígenas en el sur, la posibilidad de una nueva prórroga.

Pueblo Mapuche
Más lo cierto es que algunos grupos del pueblo mapuche pueden ser echados por el grupo empresario italiano Benetton y otros, que sostienen que no pertenecen a los pueblos originarios las tierras que ocupan.
Los indígenas, que suelen vivir en condiciones miserables y muchas veces son tratados como inferiores, han efectuado reclamos justos para que no se los desaloje y fundamentalmente, para que le definan la situación legal sobre el territorio colectivo que les pertenece.
Un pequeño grupo llamado de «Resistencia Ancestral Mapuche» (RAM) habría llevado adelante hechos de naturaleza delictiva, a los que el ministro de Gobierno de Chubut, Pablo Durán y otros funcionarios nacionales calificaron como «terroristas», otros han llegado a decir que son “guerrilleros”. Luego, se ha usado el término, en general, en contra del pueblo Mapuche, sin diferenciar si los mismos pertenecían o no al RAM, dejando flotando como si todos los indígenas reclamaran sus derechos por métodos delictivos.
Además, se ha sobreactuado la peligrosidad del grupo RAM. El gobierno presentó las armas secuestradas a los Mapuches, que no eran más que piedras, hachas, martillos y serruchos, lo que difícilmente pueda constituir una amenaza profunda a la sociedad y al país.

Genocidio del Pueblo Maya
Sin pretender decir que lo que se vive ahora en Argentina sea igual a lo que sucedió con el pueblo Maya en Guatemala, sin embargo, toda caminata de cien kilómetros empieza por un paso.
La etnia Maya que se caracterizaron en la América precolombina por su escritura glífica, arte, arquitectura y sistemas de matemática, astronomía y ecología, entre 1981 y 1983, el gobierno guatemalteco los consideró, como aliados o posibles aliados de la guerrilla comunista que existía operando en ese momento en Guatemala. En virtud de lo cual, a tenor de la llamada “Doctrina de la Seguridad Nacional”, tuvieron a dicha etnia como objetivo para aniquilar sin miramientos. Las agresiones a centenares de comunidades aborígenes mayas, eran masivas e indiscriminadas.
Así, como lo recuerdo en mi libro “Crimen de Crímenes – Genocidios entre 1904 a 2004”, la “Comisión de la Verdad -la Comisión de Esclarecimiento Histórico de las Violaciones a los Derechos Humanos y los hechos de violencia que han causado sufrimientos a la población guatemalteca (CEH)-”, en 1999, sostuvo que “la percepción, por el Ejército, de las comunidades mayas como aliadas naturales de la guerrilla, contribuyó a incrementar y agravar las violaciones de derechos humanos perpetradas contra el pueblo maya, evidenciando un agresivo componente racista, de extrema crueldad, llegando al exterminio masivo de comunidades mayas inermes a las que se atribuía vinculación con la guerrilla, incluyendo niños, mujeres y ancianos, aplicando métodos cuya crueldad causa horror en la conciencia moral del mundo civilizado. Mediante las masacres y denominadas operaciones de tierra arrasada, planificadas por las fuerzas del Estado, se exterminaron por completo comunidades mayas, así como destruyeron sus viviendas, ganado, cosechas y otros elementos de sobrevivencia”.

El suelo patrio es para todos
Los Mapuches y nuestros pueblos originarios, de ninguna manera pueden ser objeto de discriminación y menos considerarlos enemigos de Argentina, porque así comienza el camino de graves violaciones de derechos humanos.
No se puede generalizar imputaciones como “terroristas” o “subversivos” a toda la etnia como sucedió en Guatemala.
Tampoco cabe tipificar algunas acciones delictivas de grupos aborígenes, dentro de aspectos penales que no se compadecen con la verdadera peligrosidad criminosa de las mismas.
También se les debe garantizar a todos ellos sus derechos y de ninguna manera cabe justificar el uso excesivo o indebido de la fuerza y menos que se den desapariciones forzadas de personas, como la de Santiago Maldonado, que acompañó a los indígenas en los reclamos y de quién queremos saber todo sobre lo que pasó, luego que actuó la Gendarmería Nacional. Además, que se castigue a los responsables.
La patria se mide en la capacidad de cobijar pluralmente a todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino, como lo dice nuestro Preámbulo constitucional, pero también respetando a los que ya lo habitaban.