El Gobierno dejó sin efecto el carácter secreto o reservado de los decretos y decisiones administrativas dictados por el Poder Ejecutivo y por el Jefe de Gabinete.

Lo hizo a través del Decreto 2103/2012 publicado hoy en el Boletín Oficial se dejó sin efecto decretos y decisiones administrativas, con excepción de aquellos que ameriten mantener dicha clasificación de seguridad por razones de defensa nacional , seguridad interior o política exterior;  y los relacionados con el conflicto bélico del Atlántico Sur y cualquier otro conflicto de carácter interestatal.

Además encomienda a los Ministerios y Secretarías dependientes de la Presidencia de la Nación a efectuar el relevamiento de los decretos y decisiones administrativas clasificadas como secreto o reservado, a los fines del cumplimiento de lo dispuesto.

En los considerandos expresa que  el libre acceso a la información genera transparencia en la gestión de gobierno que redunda en beneficio de una mejor imagen de las instituciones democráticas frente a la ciudadanía y que se ha avanzado en esa dirección a través del dictado del Decreto Nº 1.172 del 3 de diciembre de 2003 que aprobó, entre otros, el “Reglamento General del Acceso a la Información Pública para el Poder Ejecutivo Nacional”.

Asimismo añade que la Ley Nº 26.134 promulgada por Decreto Nº 1.097 del 24 de agosto de 2006 dejó sin efecto el carácter secreto o reservado de toda ley sancionada con tal condición y ordenó la publicación de las mismas en el Boletín Oficial de la República Argentina y que en esa dirección también se dicto el Decreto Nº 4 del 5 de enero de 2010 que relevó de la clasificación de seguridad establecida conforme a las disposiciones de la Ley Nº 25.520 y su Decreto  Reglamentario Nº 950/02, a toda aquella información y documentación vinculada con el accionar de las Fuerzas Armadas durante el período comprendido entre los años 1976 y 1983, así como a toda otra información o documentación, producida en otro período, relacionada con ese accionar.

Según el decreto deviene necesario avanzar aún más en ese camino, propiciando dejar sin efecto el carácter secreto o reservado de los decretos y decisiones administrativas dictados por el Poder Ejecutivo Nacional y por el jefe de Gabinete de Ministros, respectivamente, ordenando la publicación de los mismos.

En tanto, indica que existen aspectos en los cuales la propia subsistencia del Estado y la necesidad de evitar o disminuir riesgos a que puede estar sujeto imponen la necesidad de restringir su conocimiento en materias relacionadas con defensa nacional, seguridad interior o política exterior.

Finalmente agrega que la Ley de Inteligencia Nacional Nº 25.520 prevé que las actividades de inteligencia, el personal afectado a las mismas, la documentación y los bancos de datos de los organismos de inteligencia llevarán la clasificación de seguridad que corresponda en interés de la seguridad interior, la defensa nacional y las relaciones exteriores de la Nación.

El Decreto lleva la firma de la presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, del jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina y del ministro de Defensa, Arturo Puricelli.