El Gobierno Nacional anunció este lunes la eliminación de las retenciones a las exportaciones de carne avícola y bovina y a todos los granos, hasta el 31 de octubre.

La decisión fue comunicada por el vocero presidencial, Manuel Adorni , a través de sus redes sociales.

Según explicó el vocero presidencial, Manuel Adorni, la medida busca “ generar mayor oferta de dólares durante este período ” y evitar que la “ vieja política genere incertidumbre y boicotee el programa de gobierno ”.

Dicha quita de retenciones regirá de manera excepcional hasta fines de octubre y alcanza tanto a la carne como a los cereales y oleaginosas, con el objetivo de acelerar la liquidación de divisas y fortalecer las reservas del Banco Central .

El sector agroexportador valoró la decisión, aunque destacó que todavía faltan precisiones sobre los detalles operativos. Gustavo Idigoras , presidente de CIARA-CEC , señaló: ” Apoyamos toda medida que implica eliminar las retenciones aunque sean temporales. Falta ver los detalles de la forma de operar y cuándo se hará operativo “.

El impacto de esta medida es directo: los productores que tenían stock de granos y carne podrán exportar sin pagar los impuestos, generando ingresos inmediatos en dólares . La expectativa oficial es que parte de los US$ 10.000 millones en granos guardados se liquidan rápidamente, contribuyendo a la estabilidad del mercado cambiario.

Con esta decisión, el Gobierno busca dar previsibilidad al sector y reforzar la posición de reservas del país, mientras mantiene la presión sobre los mercados para sostener su programa económico. La medida es temporal, pero marca un giro en la política de retenciones del Ejecutivo , que busca equilibrar incentivos para el campo con la necesidad de dólares frescos.

Como contracara, promulgó la Ley 27.793 de Emergencia Nacional en Discapacidad y, en simultáneo, comunicó que su aplicación queda suspendida hasta que el Congreso incluya créditos presupuestarios y fuentes específicas para cubrir sus erogaciones.

Así lo establece el Decreto 681/2025, que invoca el art. 5° de la Ley 24.629 (toda ley con gasto queda suspendida hasta la inclusión de partidas) y el art. 38 de la Ley 24.156 (obligación de precisar financiamiento).

El Gobierno recordó que el Presupuesto 2026 fue remitido al Parlamento el 15 de septiembre y que ese es el ámbito para definir recursos y partidas que permitan la ejecución de la norma.

Dicha Ley había sido vetada en agosto (Decreto 534/25), pero el Congreso insistió con dos tercios en Diputados (en agosto) y Senado (el 4 de este mes), tras lo cual el 8/9 fue enviada al Ejecutivo para su promulgación.