En una extensa jornada de debate en el Senado y en Diputados, el kirchnerismo logró darle media sanción anoche a cinco de los seis proyectos que componen la reforma judicial que impulsa el Gobierno nacional.

En la Cámara alta se aprobaron dos de los proyectos más polémicos: los cambios en el Consejo de la Magistratura y la creación de nuevos tribunales de Casación. 

El Frente para la Victoria y sus aliados lograron 39 votos a favor del proyecto, superando por dos los 37 votos que establece el artículo 114 de la Constitución Nacional para modificar la ley del Consejo de la Magistratura.

Luego, se debatió el proyecto para la creación de tres nuevos fueros para los Tribunales de Casación, que también fue aprobado por 39 votos a favor y 26 en contra, y ahora deberá ser debatido por Diputados para que sea convertida en Ley.

En tanto, en Diputados se convalidaron las tres iniciativas menos conflictivas, referidas al ingreso a la carrera judicial, la publicidad del estado de las causas, y de las declaraciones patrimoniales de los funcionarios públicos. 

Ayer en el Senado, el debate comenzó después de las 13 y la sesión fue abierta por el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, el kirchnerista neuquino Marcelo Fuentes, quien criticó la conducta de «temor a la soberanía popular y al voto del pueblo, instrumentado a través de los medios hegemónicos» para rechazar la reforma judicial propuesta por el Gobierno.

Fuentes negó que la iniciativa contenga aspectos inconstitucionales, acusó a la oposición de rechazar las propuestas oficiales «sin conocer el contenido» y afirmó que «garantizan la independencia del Poder Judicial y la soberanía popular».

El eje central del proyecto de reforma del Consejo Magistratura, sostuvo, es la elección de los miembros componentes del mismo «a través del ejercicio de la soberanía popular expresada en el voto», y aseguró que se trata de «demandas de una sociedad que cada día exige más democracia».

En tanto, el representante de Nuevo Encuentro por Tierra del Fuego, Osvaldo López, pidió “no tenerle miedo al voto popular” y que la reforma de la Ley del Consejo de la Magistratura sólo “agrega algunos miembros”.

“Hablar de la politización del Poder Judicial es algo malo y no es pertinente. La Justicia es un órgano de gobierno como elemento del Estado. La justicia es política, los jueces son políticos”, enfatizó López.

El senador fueguino agregó que “es muy difícil diferenciar lo político de lo político partidario” y sentenció que “si asusta el voto popular para el Consejo de la Magistratura, ¿qué se dirá del juicio por jurados?”. “Tampoco nos puede preocupar que no sean abogados los consejeros. Eso no quiere decir que no tengan noción de lo justo o de lo injusto”, manifestó.

Por su parte, el senador radical Ernesto Sanz consideró que la propuesta del oficialismo «es un retroceso aunque se la disfrace de modernización de la Justicia».

El mendocino opinó «de lo que se habla es de cambios permanentes no coyunturales que exceden a los gobiernos de turno». “La existencia de tres poderes del Estado es una cosa permanente y cuando se pretende modificar la esencia se lo hace a través de una reforma constitucional, eso hicimos en 1994″, recordó Sanz.

En este marco, el cordobés del Frente Cívico, Luis Juez, indicó que la reforma servirá para “abrirle la puerta a la partidización de la justicia”.

Finalmente, tras casi nueve horas de debate, la Cámara de Senadores aprobó y giró en revisión a diputados el proyecto de ley impulsado por el Poder Ejecutivo que amplía la composición del Consejo de la Magistratura de 13 a 19 miembros y establece la elección por voto de la ciudadanía de los jueces, académicos, y abogados, y establece un sistema más ágil para cubrir vacantes de los juzgados. 

Por otra parte, en la Cámara baja, el debate también se inició al mediodía con un discurso de la presidenta de la comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara, Diana Conti (Frente para la Victoria), quien afirmó que el Poder Judicial «debe ser democrático, plural y no corporativo». 

Al defender los tres proyectos, la diputada dijo que el objetivo de la iniciativa para democratizar el acceso a la carrera judicial es que «toda la ciudadanía puede acceder dependiendo del mérito». 

Conti sostuvo que el ingreso de ciudadanos no relacionados con la denominada «familia judicial» aportará miradas para que «el Poder Judicial no pueda estar ajeno a los sufrimientos ni a la lucha que la ciudadanía da para paliar esta situación». 

«El acceso no es tan exigente como era antes, que era impensable antes de la democracia, y fue el propio Raúl Alfonsín que propició la realización de concursos para secretarios», recordó. 

Desde el radicalismo, Ricardo Alfonsín cuestionó los proyectos al señalar que como otras veces “suelen usar causas nobles para ocultar segundas intenciones que de nobles tienen muy poco; y este recurso coloca a la oposición en posición incómoda”. “Corremos el riesgo de que se malinterpreten nuestras posturas a partir de que alguien entienda que nos estamos oponiendo a las intenciones explicitadas, a las nobles. Lo que ponemos en evidencia y a lo que nos oponemos es a las segundas intenciones”, agregó.

Alfonsín consideró a continuación: “Hay una necesidad de garantizar la independencia de la Justicia ante cualquier poder, pero no creemos que sea éste el proyecto. Pedimos a los integrantes del oficialismo que reflexionen, porque tal vez puedan aprobar la ley, pero no la contienda electoral del 2013”. 

Por su parte, el kirchnerista Jorge Landau, se refirió a la publicidad de las causas y de las declaraciones patrimoniales del Poder Judicial: «oponerse a que los actos secretos se conviertan en públicos, es oponerse a la transparencia de los actos públicos». 

El diputado por la provincia de Buenos sostuvo que con estas iniciativas se verán beneficiados los ciudadanos comunes, haciendo que «no sean sólo los periodistas y las ONG» las que puedan acceder a la información. 

«Pasamos muchos años observando cómo el Poder Judicial se autorregulaba pero como se encerraba sobre sí mismo. No estamos aquí para comentar la realidad para comentar la realidad sino para modificar lo que creemos que está mal, queremos modificar el status quo», destacó el apoderado del Partido Justicialista. 

Al explicar otro de los dictámenes de minoría, el peronista Jorge Yoma, sostuvo que el tenor de los proyectos tratados «no amerita un tratamiento exprés» y pidió hacer «las mejores leyes posibles», que incluyan la consulta a los actores del Poder Judicial. 

Para Elisa Carrió, de la Coalición Cívica, “hablar hoy de la declaración jurada es hablar de los superfluos. El origen de esta superficialidad es el miedo y el origen del miedo es la corrupción”. 

La integrante del Frente Peronista, Graciela Camaño pidió por «una transparencia en serio» y propuso la realización de una consulta popular en las próximas elecciones para que sean los propios ciudadanos quienes decidan sobre la implementación de las iniciativas que se debaten en el Parlamento. 

Por el Frente Amplio Progresista, el titular del bloque socialista, Juan Carlos Zabalza consideró que «la mejora de la Justicia no puede ser objeto de una simplificación”. “La Justicia necesita incorporar reformas, pero también necesitamos avanzar en eficiencia y transparencia, en respeto por la Constitución Nacional», añadió. 

Desde el PRO, el diputado Pablo Tonelli advirtió que «el paquete de estos seis proyectos no está destinado a democratizar la Justicia, ni mucho menos a mejorar el funcionamiento de la Justicia, que sí necesita ser mejorado, sino que persiguen otro propósito”. 

Finalmente y tras un debate que se extendió por más de diez horas, el oficialismo reunió 133 votos contra 109 opositores para el proyecto de democratización del acceso a la carrera judicial, mientras que en el caso del despacho que fija la publicidad de las resoluciones de la Corte y del estado de las causas en segundo instancia obtuvo 140 votos contra 101 y en la iniciativa de publicación de las declaraciones juradas patrimoniales consiguió 136 a 106. 

En tanto que los proyectos fueron rechazados por un conglomerado heterogéneo de bloques parlamentarios conformado por la UCR, el PRO, el FAP y los ex duhaldistas que conforman el Frente Peronista.