Una resolución de la ANDIS, que busca endurecer los criterios para acceder a las pensiones, utilizó palabras muy ofensivas para clasificar las distintas discapacidades intelectuales.

En este sentido, ASDRA denunció que lo ocurrido «atenta contra décadas de avances en la construcción de una sociedad más equitativa y libre de discriminación», denunció ASDRA.

“Idiotas”, “débil mental”, “imbécil” y “retardado”, que dejaron de utilizarse desde hace décadas por su connotación negativa y discriminatoria, aparecieron ahora en un documento oficial.

Esos términos discriminatorios aparecieron en el Anexo de la Resolución 187/2025 de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), conducida por Diego Spagnuolo, el exabogado personal de Javier Milei.

Dicha Resolución busca establecer un nuevo parámetro para medir los grados de discapacidad de una persona, a partir de los cuales se le entregará o no una pensión no contributiva (a enero de este año, su valor es de 261 mil pesos). Y se publicó en el marco de las auditorías que viene realizando el Gobierno para justificar la baja por lo menos 200 mil pensiones este año, tal como adelantó este diario.

Así, los términos “Idiota”, “imbécil y “retardado” se utilizaron para clasificar los distintos “grupos” de personas con alguna discapacidad cognitiva o psíquica, todos términos que se abandonaron no sólo porque resultan agraviantes sino porque, además, quedaron obsoletos hace varias décadas.

En la Resolución figuran oraciones como las siguientes:

“Según el CI los grupos son: 0-30 (idiota): no atravesó la etapa glósica, no lee ni escribe, no conoce el dinero…”,
“30-50 (imbécil): no lee ni escribe, atiende sus necesidades elementales, pueden realizar tareas rudimentarias..”
“50-60 (débil mental profundo): solo firma, tiene vocabulario simple, no maneja el dinero, puede realizar tareas rudimentarias”
”RETARDOS MENTALES: Se trata de un déficit en el crecimiento mental y un trastorno cuantitativo caracterizado por escasez del desarrollo intelectual”.

Cabe aclarar que el antecedente de lo ocurrido es del año pasado, cuando Milei y Federico Sturzenegger restablecieron la vigencia de un decreto del menemismo (el 432/97) para clasificar los distintos grados de discapacidad y endurecer las condiciones para acceder a una pensión.

Con esa medida, el Gobierno ya había reincorporado la palabra “invalidez” que también había quedado obsoleta desde 2004, cuando el país adhirió a la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) de la ONU, que a su vez había introducido una concepción social y basada en los derechos humanos del colectivo.

Los términos como “idiota” para referirse a una persona con discapacidad se utilizaban a principios de siglo pasado, y figuraron en algunas de las “Guía de consulta de los Criterios Diagnósticos” (DSM, por sus siglas en inglés) que se toma de referencia para estos casos y que actualiza periódicamente la Asociación Psiquiátrica de Estados Unidos.

Organizaciones como ACIJ, el CELS y la APDH, repudiaron dichos términos y advirtieron que podrían judicializar la norma.

“La Resolución 187/2025 aprobada por la Agencia Nacional de Discapacidad, órgano que debiera ejecutar políticas y acciones tendientes a promover el pleno respeto y ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad, atenta contra derechos fundamentales reconocidos constitucional y convencionalmente, lo que la expone a ser cuestionada e invalidada en sede judicial”, dice el texto de la presentación.

“La normativa contiene expresiones que refuerzan la discriminación que ha existido históricamente y que aún hoy existe hacia las personas con discapacidad. Así, el anexo de la resolución asume que hay personas que nunca podrán trabajar, y recurre a términos como “retraso mental”, “idiota”, “imbécil” y “débil mental”. Resulta innecesario ahondar en el carácter discriminatorio, obsoleto y peyorativo que ostentan estas formas de nombrar”, sostienen.