Con está sanción, se reabre el conflicto que comenzó en el año 2009 cuando comenzó la gestión de Pedro Pablo García Caffi y cuando el gobierno macrista separó de sus funciones a varios empleados de diferentes sectores del Teatro,  frente a lo cual los trabajadores habían presentado un amparo. Además, la Cámara convalidó la reforma orgánica por la cual 284 artistas y técnicos fueron pasados a disponibilidad.

Fue entonces cuando se conocieron casos muy polémicos como los de la reggiseur (directora de ópera) que pasó a un área administrativa del Ministerio de Salud porteño, o el maestro interno (preparador vocal de los cantantes) que fue reubicado en un hospital para repartir números.

El juez de primera instancia Guillermo Scheibler les dio la razón a los demandantes, pero tras haber sido apelado su fallo, el viernes pasado la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativa y Tributaria falló a favor del gobierno porteño, retrotrayendo la situación a 2009, y habilitó a la cúpula del teatro a realizar esos cambios. Reformas que, de hecho, ya se habían producido.

Según los trabajadores del teatro, “La idea que ronda estas medidas y estos conflictos que se han judicializado es que tanto la política del macrismo en general como la de García Caffi en particular van por el achicamiento de la estructura del teatro y la “tercerización de los servicios”. Menos personal, menos talleres de producción propia. Menos costos: más rentabilidad. Y esto es resistido por quienes abogan por la tradición histórica de uno de los pocos teatros-factoría del mundo, como es el Colón.

Dos de las áreas que involucraba la Resolución  del 2009,  pertenecen a los cuerpos artísticos: cantantes líricos y figurantes de escena. Esto implica que los que se necesiten para cada producción, serán contratados. Las otras áreas son Administración y Mayordomía (hoy tercerizadas, como también el área de limpieza). Y cuerpos técnicos como Fotografía; Audio y Video; Mecánica Escénica; Efectos Especiales; bomba y prevención de incendios; Diseño de Producción y Biblioteca. 

El abogado Sebastián Alanis, a cargo de la defensa de los trabajadores, sostuvo que «resulta llamativo que la decisión judicial sea dictada dos días después de procederse a la cesantía de 8 empleados y luego de transcurrido más de un año y medio en que dicho Tribunal debió haberse expedido». 

Alanis sostuvo que “el dictado de esta sentencia de clara intención política, por parte de la Justicia, permite al Gobierno de la Ciudad hacer efectiva la disolución de las aéreas artísticas y técnicas oportunamente dispuestas por el Director General del Teatro Colón, y de este modo proceder a la eliminación de más de 250 puestos de trabajo”. 

Por su parte, Máximo Parpagnoli afirma que la situación de los 8 delegados cesantes «son sumarios por despidos que están pendientes debido a que tienen un fuero sindical que los ampara. Pero el caso de  Carlos Fernández es diferente ya que no cuenta con inmunidad gremial y el Gobierno de la Ciudad ha efectivizado su cese laboral». 

El clarinetista Fernández consideró que se está viviendo una situación «muy complicada porque el macrismo está desmantelando el Teatro”. “Esta claro que a ellos les molesta la producción propia, porque les impide hacer negocios con las producciones internacionales”, agregó. 

«Hasta que el tribunal supremo no resuelva la situación, el gobierno macrista está habilitado para realizar los traslados de 278 empleados que forman parte de las 11 áreas que están intentando desestructurar», apunta Parpagnoli. 

Ante este conflicto, se realizó una Asamblea de trabajadores en la sede del Teatro Colón, en la Calle Cerrito y Tucumán. Y en  una conferencia de prensa en la Legislatura Porteña, se anunció un paro total.

Fuente: http://habituesdelteatrocolon.wordpress.com