La Unión Industrial Argentina (UIA) se opuso a la creación de comisión bicameral para investigar la complicidad de los grupos económicos durante la última dictadura cívico militar, al señalar que el Poder Judicial «es el único poder con facultades constitucionales para administrar Justicia». El proyecto de ley que permitiría conformar ese cuerpo fue aprobado en la Cámara de Diputados y ahora deberá trabarlo el Senado.

Mediante un comunicado de prensa, la UIA manifestó su rechazo al proyecto de ley para crear una Comisión Bicameral de la Verdad, la Memoria, la Justicia, la Reparación y el Fortalecimiento de las instituciones de la Democracia, mediante la cual el Congreso se dispone a investigar las complicidades económicas durante la última dictadura cívico militar, y que recibió la aprobación en Diputados.

Al respecto, la central industrial expresó que «cualquier investigación sobre el particular, que se realice a ciudadanos u organizaciones de la sociedad, debe llevarse a cabo por las vías institucionales que corresponden».

En este sentido, la UIA consideró que «el derecho de defensa y la independencia de quienes deben juzgar los eventuales ilícitos solamente pueden ser garantizados mediante procesos realizados por el Poder Judicial, ya que éste es el único Poder con facultades constitucionales para administrar Justicia».

La posición de la UIA que se conoció ayer, es la respuesta a la aprobación del proyecto presentado por el titular de la comisión de Legislación del Trabajo, Héctor Recalde, que recibió el apoyo mayoritario de la cámara, con 170 votos a favor (disidencias parciales de la UCR, el Frente Renovador, el Frente de Izquierda y el interbloque FAP), y sólo 14 abstenciones del PRO y sus aliados de Salta y Mendoza, sin votos negativos.

Entre quienes votaron a favor de la formación de la bicameral, estuvo el ex titular de la central empresaria y actual vocal de la misma, José Ignacio de Mendiguren, quien en su carácter de diputado nacional por el Frente Renovador, acompañó la iniciativa.

El objetivo de la comisión, cuya conformación deberá ser aprobada por el Senado, es determinar quiénes fueron los «actores económicos y técnicos que contribuyeron o se beneficiaron» con la dictadura militar entre 1976 y 1983 y le dieron «apoyo económico, técnico, político, logístico o de otra naturaleza».