El Gobierno Nacional había presentado la denuncia, producto de auditoríaS en el área de asuntos jurídicos de la fuerza federal, en el Juzgado en Primera Instancia en lo Criminal y Correccional Federal N°8 a cargo del Dr. Marcelo Martínez de Giorgi.

El Ministerio de Seguridad imputó a los jefes desplazados de la Fuerza federal los delitos de “administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública”, “tráfico de influencias” y “violación de los deberes de funcionario público”, por promover y beneficiarse con maniobras administrativas irregulares.

En la presentación de la cartera de Seguridad se señaló que los acusados hicieron “aplicación ilegítima de los fallos de la Corte Suprema recaídos en las causas ‘Salas’ y ‘Borejko’”; de forma tal que beneficiaran lo más posible a los peticionantes, “ocasionando un correlativo perjuicio al patrimonio estatal”.

También se los acusó de haber practicado “liquidaciones irregulares aun después de recibir instrucciones del Ministerio en el sentido de ajustarse a las pautas fijadas por la Corte Suprema de Justicia en el fallo “Zanotti”, así como de depositar en diversos casos los montos resultantes sin contar siquiera con la aprobación judicial de la liquidación.