La comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado continuó ayer, durante una extensa sesión, con el análisis a la reforma de la actual ley de Trata de Personas. Los numerosos invitados coincidieron en cuanto a la necesidad de condenar severa y ampliamente ese delito. Pero hubo divergencias en torno a si la prostitución es o no un trabajo.
La comisión presidIida la senadora salteña Sonia Escudero convocó a expertos en derecho penal, trabajadoras del sexo y diputadas que se ocupan del tema en la Cámara baja, a un amplio debate desarrollado hoy en el Salón Arturo Illia.
La senadora Escudero recordó que el análisis del proyecto (que reúne sendas iniciativas de los legisladores Beatriz de Alperovich y Sergio Mansilla; Adriana Bortolozzi; Liliana Negre de Alonso y Roy Kikish) lleva ya unos dos meses de trabajo. “El motivo de la reforma es que la ley actual ha demostrado tener serias falencias, por lo cual la trata de personas se sigue cometiendo con una amplia impunidad”.
“El proyecto que queremos aprobar tiene que ser muy claro en cuanto a que no estamos queriendo prohibir la prostitución de las personas adultas que se dedican por propia voluntad a esa actividad”, señaló la senadora peronista. Escudero agregó que el fin perseguido es “castigar la trata y la explotación de las mujeres, adultas y sobre todo de las menores, por parte de los secuestradores y proxenetas, a lo que se castigará muy severamente”.
En medio de debate, el titular de la Unidad Fiscal de Asistencia en Secuestros Extorsivos y trata de Personas (UFASE), Marcelo Colombo, advirtió algunas falencias serias del proyecto, como el hecho de que “no contempla ni federaliza –dijo- el castigo para la trata o explotación consumada, lo cual no permitiría –entre varias otras cosas- realizar el decomiso” de los bienes que sean producto de ese delito.
Tras varias consideraciones de diversos representantes –entre ellos Jorgelina Sosa, secretaria Adjunta de la AMMAR (el sindicato de trabajadoras sexuales nucleadas en la CTA)-, la abogada de la Asociación de Mujeres por los Derechos Humanos –fundada por una ex prostituta que inicialmente fue víctima de la trata- criticó sin nombrarla la posición de la representante de AMMAR respecto de que la prostitución pudiera ser un trabajo como cualquier otro legalmente reconocido. Aunque, a la vez, se empeñó en aclarar que no consideraba que pudiera ser un delito.
Fue entonces cuando el secretario de la comisión, el radical rionegrino Mario Cimadevilla le preguntó concretamente: “¿Y si no es un trabajo qué es, un delito, hay que prohibirla?” La abogada respondió, dubitativa y en medio de un murmullo: “Es una actividad…”, pero no aclaró de qué tipo.
Fuente: NCN
