El Tribunal Oral Penal Federal 1, integrado por los jueces Roberto Atilio Falcone, Néstor Rubén Parra y Eduardo Pablo Jiménez, condenó a siete años de prisión a Jorge Sánchez, líder de la red, por el delito de “trata de personas doblemente agravado por haberse cometido entre tres o más personas en forma organizada y por la pluralidad de las víctimas, en concurso con el delito de explotación económica en el ejercicio de la prostitución”.

Por el mismo delito fueron condenados su hijo Fernando Manuel Sánchez y su esposa Orfelina Valdez Montero, encargados del prostíbulo de nombre “Dulcinea”, a cinco años.

En tanto un policía, identificado como Claudio Marcelo Campos, fue condenado a cuatro años y seis meses de prisión e inhabilitado por el doble de tiempo en su función pública por haber sido “cómplice necesario en el delito trata de personas doblemente agravado por haberse cometido entre tres o más personas en forma organizada y por la pluralidad de las víctimas, en concurso con el delito de explotación económica en el ejercicio de la prostitución” y por “incumplimiento a los deberes de funcionario público”.

Mientras Ángel Hernández Cabral, a cargo de la seguridad del local; y Carmela Concepción Colas, quien también trabajaba en el local; fueron condenados a tres años de prisión en suspenso por haber sido partícipes secundarios del delito de “trata de personas doblemente agravado por haberse cometido entre tres o más personas en forma organizada y por la pluralidad de las víctimas, en concurso con el delito de explotación económica en el ejercicio de la prostitución”.

Por su parte Reinaldo Eugenio Iacovone fue condenado a un año de prisión en suspenso por haber sido “cómplice necesario en la petición fraudulenta del proceso migratorio”.

El abogado Roberto Montecchia, acusado del mismo delito que Iacovone, no fue juzgado por problemas de salud; mientras que Rosa Angelina. Además Cruceta fue absuelta al considerar el tribunal que fue objeto del delito de trata de personas.

Asimismo se dispuso el decomiso del prostíbulo ubicado en calle San Salvador 7274, en el barrio “Mundialista”, a unos cinco kilómetros al sudoeste del centro de la ciudad balnearia y que era propiedad de Valdez Montero, además de un automóvil Mitsubishi de Jorge Sánchez, 89.816 pesos y 1.520 dólares.

La causa comenzó en marzo de 2010 cuando Dalaida Mayellin logró fugarse del prostíbulo situado en calle San Salvador 7274, y denunció engaño, servidumbre y amenazas.

Tiempo después, la declaración de otra víctima de identidad reservada acompañada a la justicia federal por la Fundación Alameda logró impulsar la causa y una serie de allanamientos derivaron en los procesamientos de las nueve personas involucradas.

Las autoridades recordaron que la línea 145 es nacional y gratuita  contra la trata de personas y allí cualquier denuncia es anónima.