La publicación en el Boletín Oficial de la decisión administrativa 281/2021 establece que se deben asignar nuevas partidas al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. Esto señala que resulta necesario atender el programa de compensación y estímulo a los productores de soja, con un presupuesto adicional de 2.010 millones de pesos.
La noticia es sumamente indignante frente a más de un año de incendios que arrasaron con millones de hectáreas de bosque, monte y humedal en nuestro país. Las denuncias no tardaron en salir pero no formaron parte de la agenda pública ni de la justicia, porque hasta el día de hoy, por los incendios intencionales que se extendieron de punta a punta en Argentina, no hay ningún responsable.
Lo que sí hay, son pruebas de la especulación y la impunidad con la que empresarios inmobiliarios y del agro actúan, ya que muchos de los bosques, montes y humedales incendiados o arrasados con topadoras, hoy son tierra devastada que sirve para la soja transgénica, para el pastoreo de ganado y para barrios privados.
Algunos hechos que duelen:
Días atrás, en Santiago del Estero, Greenpeace documentó por tierra, por aire y mediante imágenes satelitales la deforestación que está arrasando con la provincia. La organización detectó la pérdida de más de 9.000 hectáreas de bosques solamente en lo que va de este año.
Comunidades indígenas y campesinas denuncian que continúan los desmontes y el avance sobre sus territorios en manos de empresarios, como Orlando Canido, dueño de la marca de gaseosas Manaos.
El Movimiento Campesino de Santiago del Estero (MOCASE) alertó que topadoras están desmontando en territorio de la Comunidad Indígena Vilela Tako Sinchi, en la zona de Stayle, cerca de Las Tinajas, departamento de Moreno.
No es la primera vez que surgen denuncias contra Orlando Canido. El mismo fue varias veces denunciado por desmontes y desalojos en dicha provincia.
Según datos oficiales, Santiago del Estero es la provincia con más deforestación de las dos últimas décadas: entre 1998 y 2019 perdió 1.908.057 hectáreas de bosques nativos.
Por supuesto, la principal causa de los desmontes es el avance de la frontera agropecuaria para la ganadería y la soja.
Durante 2020, año que será recordado por la pandemia de coronavirus y por los arrasadores incendios intencionales, a pesar de las restricciones, en Santiago del Estero se desmontaron 32.776 hectáreas.
Mientras tanto en Salta, el crimen ambiental que implicó la aprobación del proyecto urbanístico Los Maitines S.A., preocupa e indigna tanto a los vecinos de la zona como al resto del país.
Este proyecto urbanístico de la familia Patrón Costas, históricamente beneficiada por el poder, afectará 125 hectáreas de Selva de Yungas en la localidad de San Lorenzo, en una cuenca hídrica vital para la zona. La finca está clasificada en la Categoría II – Amarillo de la Ley Nacional de Bosques, por lo que su desmonte no está permitido. Aún así, está aprobado por el gobierno provincial.
Además viola la Ley Nacional de Bosques, que en su artículo 4 define como desmonte al desarrollo de áreas urbanizadas sobre bosques nativos, y por ende no pueden autorizarse en esa zona protegida. Por lo que, al autorizar este proyecto, el gobierno de Sáenz es cómplice de la violación de la normativa para cometer un verdadero crimen ambiental.
La Selva de Yungas, concentra la mitad de la biodiversidad de Argentina. Cumple un papel ecológico muy importante por su alta diversidad biológica y la provisión de agua en época seca y ocupa menos del 1% del territorio argentino, pero así mismo concentra casi el 50% de la biodiversidad y solo queda el 10% de su superficie original en el país.
La zona del proyecto urbanístico es hábitat de la corzuela, el zorro gris y el gato montés; de numerosas aves como el carpintero lomo blanco, la bandurria baya, el loro alisero, el zorzal colorado, el picaflor cometa y el tucán; y de árboles como el tala blanca, el ceibo, el nogal, el horco molle y chal chal, entre otros.
La pérdida de bosques nativos en el norte de Argentina durante el año pasado fue de 114.716 hectáreas debido a la deforestación que se dio en la zona pese a las regulaciones actuales y a la emergencia ecológica que se sufrió por los incendios que arrasaron con más de un millón de hectáreas en todo el país.
Esta información lo que saca a la luz, es que las multas no son suficientes para desalentar desmontes e incendios forestales; y que los responsables rara vez son obligados a reforestar.
Además, en muchos casos, es clara la complicidad de funcionarios públicos que debieran proteger y resguardar las leyes, la vida, la salud y la biodiversidad de nuestro territorio.
Las principales causas de la pérdida de bosques nativos son el avance de la frontera agropecuaria, para ganadería y soja transgénica, que hoy no sólo se está viendo beneficiada por la falta de medidas duras para evitar incendios y deforestación, sino que además, el Estado les está otorgando el financiamiento para que puedan extender sus negocios en la tierra quemada y talada.
Mientras que el mismo Gobierno nacional destinará al Fondo de Bosques Nativos para todo 2021, solamente el 0,015% del Presupuesto 2021.
Este desequilibrio presupuestario en favor del monocultivo de soja ya lo marcó la directora de investigación de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), María Marta Di Paola.
El programa de estímulo fue una medida progresiva dentro de un paquete que incluyó nuevas bajas temporarias a las retenciones. El contrapunto marcado por Di Paola pone en evidencia cómo un pequeño incremento presupuestario ya supera todo lo destinado al Fondo de Bosques Nativos para 2021, que es de 1.237 millones de pesos.
El informe de FARN precisa que los fondos totalizan sólo un 4,9% del monto que le corresponde por ley que es originalmente del 0,3% del presupuesto nacional. De acuerdo al informe del Sistema de Alerta Temprana de Deforestación, de las más de 100 mil hectáreas deforestadas de bosques nativos durante 2020, 1.732 fueron sobre bosques de categoría roja (de muy alto valor de conservación), 47.513 en categoría amarilla (de mediano valor de conservación), 24.401 en zonas grises (bosques nativos no incorporados por las provincias en sus ordenamientos territoriales) y 35.910 en categoría verde (de bajo valor de conservación).
Un ecocidio histórico:
Según un informe de la Dirección Nacional de Bosques, entre 1998 y 2018, el avance de la frontera agropecuaria arrasó con 6,5 millones de hectáreas de bosque nativo, el 87% en la región chaqueña. El 43% de bosque se perdió durante la vigencia de la Ley de Bosques, sancionada en 2007. Por lo que, una vez más, la existencia de una ley no garantiza que se haga justicia ni que nuestros derechos nos sean vulnerados.
Este 17 de abril, Día Internacional de la Lucha Campesina
Hoy 17 de abril se conmemora la fecha del asesinato de 19 campesinos sin tierra que reclamaban su acceso al suelo y a la justicia. Un día como hoy, pero del año 1996 en El dorado dos Carajás, en Brasil. Crimen que sigue impune hasta hoy.
La Via Campesina (LVC), un movimiento campesino internacional, continúa al día de hoy denunciando la expropiación de tierras de campesinos y campesinas por parte de Estados y grandes empresas transnacionales, y el comercio de la naturaleza y de los bienes comunes que está provocando el desalojo de comunidades enteras en diferentes regiones del mundo.
A su vez, LVC denuncia un sistema alimentario que está siendo ocupado progresivamente por el capital transnacional, expulsando a la agricultura familiar campesina y afectando así gravemente el derecho a la alimentación y la soberanía alimentaria de los pueblos.
En Argentina, la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT) en el marco de la conmemoración de este día, ratificó una vez más que el acceso a la tierra es prioridad para las miles de familias que producen alimentos para el pueblo.
El resultado de haber favorecido desde el Estado a grandes monopolios de la alimentación está a la vista: hoy tienen control total sobre los precios y el stock un puñado de empresas, supermercados y compañías de logística. “Nuestra cooperativa trabaja al 50% de lo que podría producir y estamos endeudados, mientras que un puñado de empresas yerbateras sigue comprando cooperativas chicas y pagando monedas a los productores”, reclama Salvador de la Cooperativa Río Paraná de Misiones.
El año pasado la UTT demandaba que de forma inmediata al Poder Legislativo trate las propuestas de Ley de acceso de tierras para la producción de alimentos y el freno a los desalojos. También exigían al Poder Ejecutivo que acelere las propuestas de acceso a tierras a través de Colonias Agroecológicas que desde hace años la UTT impulsa en distintos municipios del país. Pero en cambio, lo que se hizo desde el Estado fue subvencionar a los sojeros y ganaderos para que puedan extender sus negocios en tierra que debería volver a ser bosque, monte o humedal.
¿Quiénes son los dueños de la tierra en Argentina?
Según el Registro de Tierras Rurales, creado por la Ley Nacional 26.737, aproximadamente 62 millones de hectáreas de la República Argentina (35% del territorio Nacional) figura como propiedad de 1.250 terratenientes (menos del 0,01% del total de los habitantes).
De acuerdo con datos del Registro Nacional de Tierras Rurales (RNTR), un 5,57% del territorio rural argentino hoy está en manos de extranjeros. Son 12.520.826 hectáreas, equivalentes, por ejemplo, a 622 veces la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Además, en el país, casi dos millones de hectáreas están en manos de firmas radicadas en paraísos fiscales.
Las dos localidades con mayor nivel de extranjerización del país son salteñas. Se trata de San Carlos, un área declarada “lugar histórico nacional” en los Valles Calchaquíes (con el 58% de su territorio extranjerizado), y el departamento de Molinos (con el 57% de extranjerización).
Según datos de Amnistía Internacional publicados en 2017, hay cerca de 225 conflictos que afectan a las comunidades indígenas en todo el país, en su mayoría, por asuntos territoriales, que en varios casos involucran a terratenientes extranjeros.
Grupo Benetton (Italia), Grupo Walbrook (Gran Bretaña), Grupo Heilongjiang Beidahuang (China), Grupo Burco (Bélgica), Minera Vale (Brasil), Gold Corp (Canadá), Roberto Hiriart (Chile), Ted Turner (Estados Unidos), Ashley Kent Carrithers (Estados Unidos), Joseph Lewis (Gran Bretaña), Jacob Suchard (Suiza) y Holding Salentein (Holanda) son algunos de esos dueños.
Mientras que, entre los argentinos con más tierras dentro del territorio nacional, están Paolo Rocca (según Forbes la persona más adinerada de Argentina); Cristobal López; Marcelo Mindlin; Emir y Omar Félix; la Familia Sapag; Menéndez; Zingoni-Arze; Ochoa-Paz; Rambeau; Larminat y las empresas El Palauco S.A propiedad de Sergio Rostagno, Luis Demarchi y Carlos Santalesa; Grupo Bemberg propiedad de la familia Miguens-Bemberg; Solmat Agropecuaria S.A. empresa ganadera propiedad de Marcelo Alquezar; Ailin-co S.A. propiedad de René Chaumont y Sirio Sat; Estancias Schajman S.A. propiedad de la familia Schajman y Grupo Eidico Empresa propiedad de Jorge O’Reily y Pablo Lanusse; entre otros.
Este monopolio que es impune, que controla los precios, que quema y tala cómo, dónde y cuándo quiere, está fundado históricamente en la concentración de la tierra.
Según el último censo agropecuario, el 1% de las explotaciones controla el 36% de la tierra. Mientras que miles de familias campesinas, pequeños productores y productoras deben arrendar tierras para producir los alimentos que llegan a la mesa de los argentinos, el 55% de las chacras más pequeñas tiene sólo el 2% de la tierra.
Hoy, nuevamente, la asistencia del Estado irá a manos de los que menos lo necesitan y de los que más especulan.
