El ministerio de Justicia informó que el Estado Nacional rescató en junio a 235 víctimas de trata de personas, mientras que durante la primera mitad del 2014 fueron liberadas 925 personas que eran sometidas a distintas formas de esclavitud.
De acuerdo a un informe elaborado por el Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, en nuestro país, durante el primer semestre del año fueron liberadas más de cinco personas por día, en promedio, de las redes de trata de personas.
Según detalló la cartera de justicia, desde abril de 2008, cuando se sancionó la ley 26.364 para la Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas, 6.992 personas ya fueron rescatadas de las organizaciones criminales que las explotaban, a través de 3.288 allanamientos realizados en distintos puntos del país en conjunto con las Fuerzas de Seguridad federales.
Los datos globales consignan que el 50% de las personas eran víctimas de explotación laboral, mientras que el resto eran sometidas a explotación sexual. Las víctimas, en su mayoría mayores de edad (88%), son en un 54 por ciento de nacionalidad extranjera.
Tras la sanción en abril de 2008 de la ley 23.364 de Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas, el Ministerio de Justicia creó el Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata.
En 2012 se habilitó la línea gratuita 145 para recibir denuncias desde cualquier punto del territorio nacional. Atiende las 24 horas del día. El número de llamados en lo que va del año ascendió a más de 600, y la principal causa de denuncia fue por explotación sexual (63%), seguido por personas desaparecidas (12%) y por explotación laboral (ambas ocho por ciento).
El Programa de Rescate coordina las acciones dirigidas a la lucha contra ese tipo de delito transnacional, y está integrada por un equipo interdisciplinario conformado por las divisiones específicas de las fuerzas de seguridad, y por profesionales en Psicología, Trabajo Social y Abogacía.
