El Gobierno ha explicado que elevar las pensiones para los mineros y los trabajadores de otros sistemas, al nivel que pide la COB, provocaría un colapso del sistema en pocos años, pero la organización obrera insiste en medidas de fuerza.Desde la semana anterior, la COB anunció bloqueos de caminos y carreteras a partir de hoy para obligar al Ejecutivo a elevar hasta ocho mil bolivianos (mil 147 dólares) las asignaciones de los mineros, y a cinco mil las de otros sectores.Para el ministro de Trabajo, Daniel Santalla, la determinación de bloquear e ir a la huelga es una medida precipitada e inconsulta.»Están buscando conflictos porque no les interesa lo que ha hecho el Gobierno a favor de los trabajadores. Lo que les interesa es postularse para las próximas elecciones», resaltó.»Nos hemos comunicado con algunos trabajadores, dirigentes sindicales. Y ellos no están dispuestos a involucrarse», resaltó Santalla, quien aclaró que una huelga que no haya seguido los procedimientos va a ser declarada como ilegal.»Este es un gobierno de los trabajadores, del pueblo, a diferencia de los gobiernos neoliberales y militares que estuvieron al frente de este país por décadas», resaltó Santalla, quien insistió que el Gobierno siempre está abierto al diálogo.Anteriormente, el viceministro de Pensiones y Servicios Financieros Mario Guillén había declarado que el pedido de la COB pondrá en riesgo la jubilación de hasta un 85 por ciento de los trabajadores y solo beneficiaría a un 15 por ciento.Guillén pidió también a los dirigentes de la entidad obrera una mayor responsabilidad y los exhortó a analizar quiénes se verían favorecidos con el incremento de marras y a analizar cuánto tiempo duraría el Fondo Solidario, de donde salen los recursos para los trabajadores de menos ingreso.»El 85 por ciento de nuestros trabajadores están ganando hoy menos de seis mil bolivianos y ellos son los beneficiarios de este Fondo Solidario. ¿Entonces, por favorecer al otro 15 por ciento vamos a poner en riesgo la jubilación de estos?», se preguntó.Guillén encontró el respaldo de la ministra de Comunicación, Amanda Dávila, quien destacó que el pedido solo pretende beneficiar «a un sector pequeño de la minería que está ganando más allá de los 15 mil bolivianos».Dávila se refirió de manera específica al dirigente minero Jaime Solares, cuyos ingresos mensuales superan los 17 mil bolivianos.»Lamentamos mucho esa visión sectorial, esa visión un tanto mezquina de beneficiar a un pequeño grupo en contra del bienestar colectivo y de un fondo que beneficia a todos los trabajadores del país», destacó Dávila, quien también ejerce como vocera presidencial.La dirigencia de la COB insiste en que el Ejecutivo garantice a los trabajadores con 30 años de aporte una pensión del 70 por ciento en relación a su salario de referencia.