Tras el intenso debate por la expropiación de la empresa ex Ciccone, en la votación en general, el oficialismo logró imponer su mayoría y contó con el apoyo de sus aliados habituales.
De esta manera se aprobó el proyecto de ley anoche con 145 votos afirmativos, 77 negativos y 5 abstenciones.
Los partidarios del Gobierno también lograron el número necesario para aprobar los artículos en particular del proyecto.
Además, bloques opositores como Proyecto Sur, el Frente Cívico de Córdoba (juecismo) y legisladores como Felipe Solá acompañaron la medida por razones políticas, aunque dejaron expresamente asentadas sus posturas críticas hacia el Gobierno.
Por ejemplo, la bancada que lidera Fernando “Pino” Solanas anunció que pedirá que se cree una comisión parlamentaria para seguir el caso de la imprenta, en el cual el vicepresidente Amado Boudou está sospechado de participar de la venta irregular de la ex Ciccone que investiga la Justicia. La iniciativa contó con la adhesión de otros diputados.
Al defender el proyecto como miembro informante del oficialismo, la titular de la comisión de Asuntos Constitucionales, Diana Conti, sostuvo que el proyecto «está dentro de los marcos constitucionales y es una actividad excluyente de este Congreso».
Además, cuestionó a la oposición al afirmar que «hace un show entre quiénes, siguiendo como borregos al señor (Héctor) Magnetto -CEO de Clarín-, hablan mal de nuestro vicepresidente».
Asimismo Agustín Rossi, dijo en el discurso de cierre que el proyecto apunta a «concentrar todas las herramientas que posibilitan la confección de moneda en manos del Estado» y que “esta decisión del Estado, de primero declarar el interés público y luego expropiar, es totalmente acertada, valorada y de total soberanía monetaria».
Entre los apoyos de los bloques aliados al kirchnerismo se destacó el del bloque Nuevo Encuentro, que a través de Juan Carlos Junio expresó: “Estamos discutiendo los problemas de la Patria. La discusión de fondo es ideológica, no moral. Apoyamos y saludamos esta decisión política de la Presidenta, coincide con nuestros ideales».
«Es de toda lógica que el Estado expropie y se haga cargo de una empresa con capacidad de fabricación de billetes y acuñación de moneda de curso legal, y mucho más en el marco de una crisis internacional grande y estructural», aseveró.
Desde el radicalismo, el diputado Ricardo Alfonsín consideró una «exageración la invocación que hace el oficialismo a la llamada soberanía monetaria».
El titular del bloque socialista Juan Carlos Zabalza, cuestionó la falta de debate y se preguntó: «¿No sería más normal una convocatoria a las diferentes estructuras políticas para poder concensuar y conocer las bases que fundamentan esta decisión?».
En tanto, el presidente del interbloque Frente Peronista, Enrique Thomas fundamentó la negativa de acompañar el proyecto al considerar que la expropiación impulsada por el oficialismo «es un rescate financiero y político».
Desde el PRO, Federico Pinedo marcó que no se están «comprando máquinas, estamos expropiando una sociedad anónima”.
Entre otras cuestiones, el proyecto, de nueve artículos, establece la expropiación en los términos que fija la Constitución Nacional, con la cotización del Tribunal de Tasación de la Nación.
Además, la norma garantiza que serán mantenidas las fuentes de trabajo y será contemplada la deuda que la Compañía de Valores Sudamericana mantiene con el Estado.
Fuente: NCN
