Se estima que 140.000 personas viven con VIH en la Argentina, aunque un 17% de ellas lo desconoce. Entre quienes sí conocen su diagnóstico, siete de cada diez se atienden en el subsistema público de salud y más de 65.000 se encuentran en tratamiento antirretroviral en el mismo, es decir, que reciben su medicación de parte del Estado nacional.

Los datos surgen del último Boletín de Respuesta al VIH y las ITS en la Argentina, elaborado por el Ministerio de Salud y la Dirección Nacional de Respuesta al VIH, Hepatitis Virales y Tuberculosis (DRVIHVyT). El documento fue presentado el 1 de diciembre, durante el Día Mundial del VIH –y a 40 años de los primeros casos notificados–, y busca reflejar la incidencia de estas enfermedades en la población argentina, así como los resultados de las distintas políticas de prevención y tratamiento que se están implementando.

“En cuanto a los datos en sí mismos, vemos una epidemia estable en cuanto a la cantidad de diagnósticos y nuevas infecciones. Sería bueno poder bajar la cantidad de infecciones y subir la cantidad de diagnósticos, ya que el 17% todavía no lo sabe”, le dijo a TSS Ariel Aszko, coordinador del Area de Estudios y Monitoreo de la DRVIHVyT, y destacó que gran parte de las políticas que estan tratando de llevar adelante desde esa dirección del Estado Nacional, con los equipos que trabajan en los servicios de salud, es aumentar la oferta del diagnóstico para bajar esa proporción de gente no diagnosticada: “Cuanto antes se diagnostique, antes se tendrá acceso a la atención y a la medicación”, destacó.

Según el informe, cada año en la Argentina hay un promedio de 4.500 nuevos casos de VIH, en su mayoría varones cis, ya que por cada mujer cis con el virus se diagnostican 2,4 varones. La principal vía de transmisión del VIH son las relaciones sexuales sin uso del preservativo (98%). Entre los varones cis, el 63% se infecta durante prácticas sexuales con otros varones y casi el 36% durante relaciones sexuales con mujeres cis. En cuanto al diagnóstico, el 29,9 % se realiza en una etapa avanzada de la infección: el 31,1 % en los varones cis, 27,2 % en las mujeres cis y 25 % en las mujeres trans.

Evolución de las tasas de VIH por 100 mil habitantes según región de residencia. Argentina, 2010-2019*.

“La reflexión es poner fin a la epidemia del VIH y a todas las pandemias”, afirmó Alberto Stella, director de país de ONUSIDA, y resaltó la necesidad de de poner fin a las desigualdades. El Alto Panel del VIH fijó una nueva meta para el año 2030: 95-95-95 (que reemplaza a la actual 90-90-90), de alcanzar el 95% de personas que conozcan su diagnóstico, el 95% de personas en tratamiento y el 95% de ellas con carga viral indetectable. “La Argentina tuvo una preponderancia muy fuerte para que esta declaración tenga la consistencia necesaria de derechos humanos”, recordó el funcionario.

La Ministra de Salud, Carla Vizzotti, destacó que la intención es que se generen políticas públicas que trasciendan a las personas y se conviertan en políticas de Estado, en este caso con la intención de fortalecer las sinergias con otros ministerios, como el de Géneros y Diversidades, con una mirada en el acceso a la salud en relación al VIH y la diversidad que incluye una perspectiva integral y de género. En concordancia, el director nacional de Control de Enfermedades Transmisibles, Hugo Feraud, agregó que desde el área buscan potenciar la prevención combinada y multiplicar los puntos de testeo. “La pandemia nos enseño que la salud tiene que estar más cerca de la gente y vamos hacia eso”, sentenció.

Sin ley

Durante la presentación, representantes del Frente Nacional por la Salud de las Personas con VIH irrumpieron para exigir que se apruebe el proyecto de Ley de VIH y hepatitis, que de no tratarse en lo que queda de este 2021 perderá estado parlamentario por tercera vez, y que se destinen más recursos a la prevención del VIH y a la atención de las problemáticas sociales que incrementan los riesgos de salud de las personas que viven con el virus.

Evolución de la distribución de diagnósticos de VIH por género y razón varón cis / mujer cis. Argentina, 2013-2020

“Hace seis años que este proyecto está dando vueltas por la Cámara de Diputados, que han significado más de siete mil muertes de personas con VIH. Esa realidad cambiaría muchísimo si se aprobara la ley”, subrayó José María Di Bello, presidente de Fundación Grupo Efecto Positivo (GEP), y recordó que, a diferencia de la Ley de Sida actual (que es del año 1990), el proyecto consensuado por la sociedad civil tiene una mirada desde los derechos humanos que no solo contempla los aspectos biomédicos, sino la situación sociosanitaria de las personas que viven con el virus.

Por ejemplo, el proyecto incluye un capítulo en el que se reconocen determinados derechos al trabajo para las personas viviendo con VIH. “Si bien no hay cifras oficiales, a raíz de la derivación de datos que publica el Ministerio de Salud inferimos que cerca del 70% de las personas con VIH no acceden al empleo formal, lo que implica no acceder a una obra social ni a un ingreso estable. Esto coloca a esas personas en una situación de extrema vulnerabilidad”, afirmó Gastón Llopart, que es abogado e integra el Frente Nacional por la Salud de las Personas con VIH. Y agregó que, en esos casos, tampoco acceden a los beneficios de la seguridad social, por lo que tampoco pueden acceder a jubilaciones ni pensiones.

Otras preocupaciones se vinculan con la acefalía de la DRVIHVyT desde marzo de este año, con la necesidad de contar con más políticas destinadas a las mujeres que viven con VIH y a la invisibilización de trabajadoras y trabajadores sexuales, que son parte de la denominada “población vulnerable”, de acuerdo con los criterios establecidos por la Organización Panamericana de la Salud (OPS). Además, les activistas consultaron por la falta de datos sobre personas con carga viral indetectable, que no figuran en el boletín presentado y constituyen un dato relevante ya que cuando el virus se vuelve indetectable también deja de ser transmisible entre personas. Al respecto, Aszko explicó que no los incluyeron porque todavía no tienen datos concluyentes al respecto. En diálogo con TSS, adelantó que “con la información que tenemos podemos decir que 70% de quienes reciben medicación está indetectable, pero necesitamos más información para que ese dato tenga solidez”.

Por otro lado, las organizaciones de la sociedad civil se reunieron este 1 de diciembre en 30 ciudades de 17 provincias, para “poner fin a la discriminación” y juntar adhesiones para reclamar por una nueva ley de VIH y hepatitis. “Estamos visibilizando comunitariamente cuáles son los problemas de la discriminación, como la criminalización de la transmisión del VIH, la no inclusión de los contenidos en la ESI y la realización del test de VIH antes de ingresar a un trabajo, entre otras cuestiones que hacen a la vida social de una persona con VIH no sea igual que la de una persona que no vive con el virus”, le dijo a TSS Matías Muñoz, presidente de la Asociación Ciclo Positivo.

Y llegó la otra pandemia

El surgimiento de la nueva pandemia, provocada por el SARS-Cov-2, trajo más incertidumbre a las personas que viven con VIH, que se convirtieron en parte de la población de riesgo ante el nuevo coronavirus. Al respecto, el boletín detalla que entre las semanas epidemiológicas 10/2020 y 26/2021, de un total de 125.315 registros  de personas con VIH, se identificaron 13.117 casos confirmados de COVID-19 y 327 fallecimientos, con una letalidad general de 2,5% (en 2020, antes de la vacunación, esa cifra ascendía a 4,5%). Además, da cuenta de que hay un mayor porcentaje de fallecidos sin otra comorbilidad distinta de inmunosupresión en personas con VIH que en la población en general.

“Desde el inicio de la pandemia, las personas con VIH nos vimos como afectadas, primero por la falta de información. A medida que fue llegando evidencia científica, corroboramos que tener las defensas bajas implicaba más riesgo de tener un tipo grave de COVID-19, por eso se incidió muy fuerte en que las personas con VIH pudiéramos estar priorizadas en el acceso a las vacunas, que se logró el 26 de febrero de este año, cuando la Comisión Nacional de Inmunizaciones nos colocó en la lista de poblaciones prioritarias”, recordó Muñoz. También advirtió que, de acuerdo con una encuesta que le hicieron a la población en general a mediados de este año, desde la fundación que dirige, detectaron que, al momento de acceder a las vacunas, entre el 2% de las personas que manifestaron haber sufrido maltratos o discriminación “bastante más de la mitad” eran personas con VIH.

“Es inaceptable que un país como el nuestro todavía tenga 1.300 personas que todos los años mueren por enfermedades relacionadas con el Sida, habiendo diagnósticos y tratamientos gratuitos. Esto no puede seguir pasando y tiene que ver con que no se pone el foco suficiente en trabajar con el estigma y la discriminación. Si se pusiera el foco suficiente en eso, habría más personas que querrían acceder a su test y que no tendrían ningún problema de ir al sistema de salud a buscar su tratamiento”, cuestionó.

Más medicamentos pero menos políticas integrales

Sobre el acceso a medicamentos, Fundación GEP elaboró un informe sobre las adquisiciones realizadas entre enero y junio de este 2021 de 26 fármacos para tratar la tuberculosis, 29 para enfermedades oportunistas y 33 antirretrovirales destinados a tratamientos de VIH. A través de ese relevamiento, detectaron que las compras directas del Estado absorbieron el 82% de los recursos invertidos, mientras que las licitaciones públicas representaron solo el 10% de las compras, y las adquisiciones vía organismos internacionales (como OPS o PNUD), apenas cubrieron el 8% de las adquisiciones.

Las compras directas suponen la contratación sin confrontación de ofertas, por eso este tipo de adquisiciones deben estar justificadas por alguna situación de emergencia, por ejemplo, o por exclusividad del proveedor, entre otros motivos. Al respecto, durante el primer semestre de este año, el 73,3% de esas adquisiciones se justificaron por una situación de exclusividad del proveedor. “Lo llamativo es que la mayoría de esas compras directas se hicieron a proveedores que no tenían derechos de propiedad intelectual o patentes sobre las drogas adquiridas, es decir, que podrían haber sido reemplazadas por versiones genéricas a precios más competitivos”, afirmó Di Bello, y destacó que, gracias a las oposiciones a patentes que continuamente presentan desde la fundación, han logrado que el Instituto Nacional de Propiedad Intelectual (INPI) rechace o desestime varias solicitudes: “Considerando solo tres de ellas, el Estado ha logrado un ahorro estimado de 313 millones de dólares en compras públicas, lo que equivale a casi a seis presupuestos de la DVIHT”, explicó.

“En este último informe hemos agregado un apartado detallado sobre los ahorros del Estado en las compras públicas de medicamentos, con información fundamental que evidencia los efectos de la propiedad intelectual sobre los precios, analizamos la evolución del valor de tres fármacos cuyas patentes fueron rechazadas a partir de la presentación de oposiciones de GEP, tomando como referencia el precio original de cada medicamento vigente con anterioridad al rechazo”, explicó Fausto Ferreyra, responsable de los últimos informes de Fundación GEP.

“Aunque es positivo que el Estado pueda comprar medicamentos a precios justos y asequibles, preocupa que no se observa que ese ahorro se esté traduciendo en políticas públicas integrales de prevención e inclusión social. Muy por el contrario, la situación presupuestaria de la Dirección de VIH no ha mejorado y la mayor parte de la inversión pública la continúa absorbiendo la compra de medicamentos”, advirtió Ferreyra, y detalló que, sumado a la tendencia declinante del presupuesto, la inversión en medicamentos representa una proporción cada vez mayor, que en el primer semestre de este año alcanzó el 86% del presupuesto ejecutado por la DRVIHVyT.

Vanina Lombardi es periodista científica, integrante de la Agencia TSS de la Universidad Nacional de San Martín