James Petras. Traducción de Ana Vallorani  06 de junio 2013 Fuente: Dissident Voice, EE.UU.   Washington ha elaborado una estrategia dual hacia América Latina. Se trata de un nuevo conjunto de iniciativas imperiales ambiciosas diseñadas para socavar a los principales gobiernos antiimperialistas (como Venezuela), a los movimientos sociales y a la insurgencia armada (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), y desmantelar a la vez la integración latinoamericana y las alianzas regionales como el ALBA, Petro-Caribe, la UNASUR y el MERCOSUR. Al mismo tiempo, los EE.UU. buscan establecer un «plan de integración» alternativo centrado en EEUU y que se extienda a lo largo de América Latina y Asia, la Asociación Trans-Pacífica (TPP), que fomenta el acercamiento entre estados neo-liberales, como México, Colombia, Perú y Chile, con estrategias de desarrollo en los sectores minero y energético.   La participación de Colombia es crucial para estos dos objetivos «de alta prioridad». Para comprender la importancia de Colombia en la estrategia actual de los EE.UU., es esencial analizar la interacción de los intereses militares, económicos y políticos de la Casa Blanca y Bogotá.   EE.UU. y Colombia   Los intereses de Washington en Colombia se definen en gran parte por las políticas que se persiguen: Los tres últimos presidentes de Estados Unidos han invertido más de $ 7 millones de dólares en ayuda militar, en la construcción de siete bases militares y en el establecimiento de varios miles de asesores militares permanentes y rotativos en las “zonas de combate avanzado”. La milicia colombiana ha más que duplicado su tamaño a más de 350.000 soldados. En este contexto, Colombia ha actuado como un sustituto armado de la política exterior de EE.UU., interviniendo abiertamente a través de operaciones transfronterizas en Ecuador y Venezuela y sirviendo como una plataforma para las operaciones logísticas y de vigilancia en las regiones del Caribe, Andina, Amazónica y del Pacífico Central. Los intereses militares de Estados Unidos se ven reforzados por los vínculos económicos, los cuales se han profundizado a través de un acuerdo de libre comercio bilateral y la abierta adhesión de Bogotá a la minería a gran escala y a la explotación energética.   Los estrategas militares de Washington y sus aliados de la clase gobernante colombiana, sin embargo, se enfrentan a una oposición formidable de tres fuentes – dos internas y una externa. Internamente, hay una gran alianza de movimientos sociales que abarcan a los campesinos desposeídos, los agricultores y a las organizaciones indo y afro-colombianas, que han unido sus fuerzas con los sindicatos, confederaciones de estudiantes y grupos de derechos humanos para oponerse a los gobernantes civiles y militares que representan a una élite del 5% que tiene el control de más del 70% de la riqueza del país. Más de 4.5 millones de campesinos, que han sido expulsados ​​de sus tierras por las políticas arrasadoras de «contra-insurgencia» ideadas por EE.UU. y los estrategas militares israelíes, están clamando por su derecho a regresar a sus chacras. A pesar de décadas de represión y masacres horribles cometidas por los escuadrones militares y patrocinadas por el Estado a través de los escuadrones paramilitares de la muerte (Colombia tiene actualmente la tasa de homicidios a sindicalistas más alta del mundo), el régimen en Bogotá se enfrenta a la creciente oposición social y política.   El segundo desafío viene de dos insurrecciones populares armadas: las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Estas organizaciones armadas, especialmente las FARC, tienen un importante apoyo de base para sus programas, especialmente con respecto a las demandas populares para la reforma agraria, la desmilitarización del campo, la redistribución de la riqueza y el fin del terrorismo de Estado.   El tercer desafío al régimen colombiano es externo: las avanzadas políticas socio-económicas del gobierno chavista en Venezuela; las políticas de vivienda, agrarias, de salud, educación, empleo y los programas de lucha contra la pobreza están en marcado contraste con las prácticas neoliberales y autoritarias de la elite gobernante colombiana.   Mientras que la política militar de EE.UU. ha fortalecido la capacidad del Estado para reprimir a las organizaciones de la sociedad civil y contener los disturbios civiles, no ha derrotado a la insurgencia armada. Este fracaso militar ha tenido graves consecuencias para el actual régimen de Santos, ya que éste se inclina hacia un nuevo modelo económico, basado en la atracción de capital extranjero a gran escala y a largo plazo para el sector extractivo (sector minero y energético). Las FARC, en particular, son fuertes en las regiones seleccionadas para las grandes inversiones mineras y plantean una amenaza a la «seguridad» del gran capital.   La «transición» de Uribe a Santos: continuidad y cambio   La transición de la presidencia de Uribe al régimen de Santos estuvo marcada por continuidades estratégicas y estructurales y por cambios tácticos afilados. Santos ha mantenido e incluso reforzado los lazos económicos y militares de Colombia con los EE.UU., conservando las bases militares de Estados Unidos, sus amplias misiones de asesoramiento militar y el acuerdo de libre comercio bilateral. Al igual que el ex presidente Uribe, el presidente Santos es un ávido defensor y promotor del “modelo capitalista extractivo”. De hecho, este fue un factor importante en sus decisiones de modificar su táctica de acercamiento a las FARC y de ofrecer la negociación de un acuerdo de paz.   Los cambios tácticos de Santos en la defensa de sus vínculos estratégicos con los EE.UU. y en su gran impulso hacia el capital de extracción son de dos tipos: se ha comprometido a entablar negociaciones de paz y reconocer a las FARC como «beligerantes». En segundo lugar, llegó a un acuerdo con el entonces presidente Chávez en el que acordaron poner fin a las hostilidades, incluyendo la intervención política y las incursiones transfronterizas, y ampliar las relaciones comerciales entre Colombia y Venezuela. En esencia, el acuerdo significaba que Colombia dejaría de prestar apoyo material y santuario para los terroristas y políticos derechistas apoyados por EEUU comprometidos a desestabilizar el régimen democrático de Venezuela, mientras que Venezuela acordó cortar cualquier apoyo formal o informal a las FARC y «alentarlas» a negociar con el régimen de Santos sobre la base de una agenda relativamente moderada. Santos, conservando todos sus lazos con los EE.UU., trata de utilizar un proceso diplomático y político para lograr lo que Uribe no pudo conseguir mediante amenazas bélicas y una campaña de quema de tierras: la preservación del orden económico, el desarme de las FARC, así como el mantenimiento de los lazos militares estratégicos con el Pentágono. Bajo el disfraz de ‘coexistencia pacífica’, Santos ha tratado de mantener sus conexiones ocultas a la oposición política venezolana, complotando para desestabilizar al gobierno de Maduro.   Auge y decadencia de las negociaciones de paz y la coexistencia pacífica   Durante los primeros seis meses de 2013, las negociaciones de paz entre el régimen de Santos y las FARC se llevaron a cabo entre controversias y acuerdos. Los negociadores de las FARC y los funcionarios del gobierno colombiano anunciaron el «progreso», mientras que los cubanos y venezolanos elogiaron el proceso y fueron especialmente optimistas sobre una solución pacífica.   Sin embargo, enfrentándose directamente los escuadrones de la muerte colombianos, muchos dirigentes de derechos humanos, sindicales y de movimientos campesinos denunciaron la continuada campaña diaria de represión, incluyendo el asesinato de decenas de activistas.   El régimen de Santos está jugando un complejo e inteligente juego político: parece ser flexible en las negociaciones de paz con los líderes de las FARC en La Habana mientras continúa la represión en el país contra los movimientos populares de la sociedad civil que buscan reformas en sus comunidades y mantiene una ofensiva militar total contra las guerrillas en el campo.   La política ambigua de Santos hacia Venezuela, hablando de convivencia mientras fomenta la desestabilización política, estalló a fines de mayo, cuando el régimen colombiano se reunió con Henrique Capriles, el candidato presidencial venezolano derrotado. Al cumplir formalmente con Capriles, Santos está dando el apoyo de Bogotá a un instrumento político clave en la campaña de EE.UU. para desestabilizar al gobierno electo de Venezuela. La insinuación Capriles-Santos ha destruido la supuesta pretensión de reconciliación, convivencia pacífica y la no interferencia.  El doble juego de Santos de garantizar el cumplimiento de la no intervención de Venezuela, mientras practica la intervención descarada y le da reconocimiento al poder violento de la política estadounidense contra Caracas destaca su hostilidad fundamental contra el gobierno de Maduro.   Reflexiones sobre el Diálogo de Paz Santos-FARC   La dirección de las negociaciones de las FARC en La Habana ha expresado su «preocupación» por la ruptura de las relaciones entre Colombia y Venezuela. Sorprendentemente, las FARC se abstuvieron de denunciar la reunión de Santos con Capriles como una flagrante intervención en la política venezolana. En cambio, insistieron en la urgencia de «reconstruir la confianza necesaria para continuar con el proceso de paz», ignorando el hecho de que todo el proceso de paz desaparecerá si Santos-Capriles tienen éxito en socavar al gobierno de Maduro.   Los «avances», que según las FARC, «se han logrado a través del diálogo», especialmente con respecto a la «reforma agraria integral» son, en el mejor de los casos ambiguos.   El texto del acuerdo entre las FARC y el régimen Santos excluye la expropiación de grandes plantaciones productivas de agro-negocios, que ocupan las tierras más fértiles, irrigadas y accesibles al mercado.   El acuerdo especifica que sólo las «tierras improductivas» serán «puestas a disposición» de los campesinos desplazados y sin tierras. Experiencias previas con este tipo de cláusulas han dado lugar a litigios costosos y extensos, ya que los propietarios pueden reclamar que la presencia de una vaca en diez hectáreas constituye «tierra productiva». Se sabe que los propietarios han subdividido sus grandes propiedades entre los miembros de la familia, lo que reduce el «tamaño» de la propiedad por debajo de la superficie designada para la expropiación. Además, todo el proceso de identificación de tierras no cultivadas y el inicio de procedimiento de expropiación dependerá de los funcionarios judiciales y administrativos regionales que actualmente están alineados con la élite terrateniente; respaldada por los ejércitos privados.   La tierra designada como improductiva, tiende a ser la menos fértil, inaccesible a los mercados y servicios agrícolas y carente de irrigación. En el pasado, los campesinos se establecieron en «tierras vírgenes», que requieren grandes inversiones iniciales, así como la creación de nuevas carreteras y servicios públicos de transporte; lo que dificulta la supervivencia. Teniendo en cuenta que la máxima prioridad del régimen de Santos es invertir fuertemente en el sector de la extracción, es poco probable que las pequeñas explotaciones campesinas reciban una financiación adecuada. Es más probable que los campesinos desplazados y sin tierras sean «establecidos» en tierras de mala calidad y se les haga valerse por sí mismos.   Aun suponiendo que muchas de las 4,5 millones de familias campesinas, desposeídas por la política de arraso de tierras del régimen, recuperaran sus tierras – según el acuerdo Santos-FARC – la experiencia ha demostrado que los terratenientes narco-paramilitares y militares usarán la fuerza y ​​la violencia para retener el control. La recuperación de la posesión de tierras requerirá la fuerte intervención del poder del Estado… poco probable bajo el actual orden jurídico-militar. El texto del acuerdo es vago y ambiguo con respecto a los mecanismos completos de aplicación, y su fundamento jurídico y político.   El éxito o el fracaso de la reforma agraria depende de la potencia y la organización de los campesinos beneficiarios. El establecimiento de nuevos asentamientos de la reforma agraria en paralelo a la existencia de los propietarios de grandes agro-empresas organizados en grandes asociaciones de ganado vacuno, café y granos probablemente conducirá a una fuerte polarización del poder y a la lucha por el acceso a la asistencia pública financiera y técnica. El acuerdo especifica importantes programas sociales relacionados con la salud, la educación, la vivienda y la reducción de la pobreza. Estos programas sólo tendrán éxito si hay un cambio en el poder político de la actual elite agro-empresarial dominante hacia los campesinos beneficiarios de la nueva reforma agraria. Estos acuerdos no se ocupan de los grandes desequilibrios de poder socio-económico actual que configuran la política pública.   Dada la ausencia de cambios en la tenencia de la tierra con respecto a las tierras fértiles productivas, dada la ausencia de cambios en el equilibrio del poder del Estado en las zonas rurales, no es de extrañar que el vicepresidente de los EE.UU., Joseph Biden, haya expresado su apoyo entusiasta a las negociaciones de paz. No hay duda de que tanto Biden como Obama estuvieron más que encantados de que Santos abrazara a su cliente Capriles, para gran disgusto de la incrédula Oficina de Relaciones Exteriores de Venezuela.   El giro de los acontecimientos en las relaciones entre Venezuela y Colombia plantea fuertes tensiones y divisiones en todo el espectro político de América Latina. Los líderes progresistas de la región han denunciado el eje Capriles-Santos-Washington. Los avances en las negociaciones de paz – que desde ya son limitados – no tienen ninguna posibilidad de llevar a un acuerdo de paz frente a un resurgimiento de las animosidades transfronterizas.  

  La pregunta es si Santos quiere sacrificar el valor de $ 10 billones de dólares anuales del comercio de Colombia con Venezuela y las negociaciones de paz en curso con las FARC, que implican reformas sociales marginales, e intensificar el conflicto interno del país, poniendo en peligro su «modelo de exportación extractivo» con el fin de servir como representante de Washington en la desestabilización de Venezuela.